La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico manifestó su preocupación por la intención de censura a la libertad de expresión en las manifestaciones civiles durante esta emergencia; y el peligro que enfrentan las personas en una expresión pacífica.
Hoy, 1ero de mayo, es tradicionalmente conocido como un día de expresión por parte del pueblo que defiende sus derechos laborales. Este ejercicio es cobijado por la Primera Enmienda y Carta de Derechos de Puerto Rico, a favor de los derechos de los trabajadores y en contra de los atropellos gubernamentales, puntualiza la ACLU en un parte de prensa.
“Esta actividad, protegida por la Constitución, no se puede censurar previamente por el gobierno. Especialmente cuando las vías y plazas públicas son foros de expresión pública tradicionales. Al limitar arbitrariamente el acceso y notificar a la población que las manifestaciones no están permitidas por la Orden Ejecutiva, se censura previamente el mensaje y se trata de disuadir a los manifestantes, por lo que se coartan los derechos constitucionales fundamentales”, añade.
Ayer, las autoridades arrestaron al activista Giovanni Roberto Cáez, de 37 años, conocido líder del Centro para el Desarrollo Político, Educativo y Cultural y los Comedores Sociales. El arresto se dio pasadas las 11:20 de la mañana, cuando agentes de la Policía intervinieron con manifestantes de la Caravana de la Vida, en la avenida Juan Ponce de León en Hato Rey, y Giovanni Roberto Cáez advirtió sobre la violación de sus derechos constitucionales, negándose a mover el vehículo en el que se encontraba.
Los cargos por los que alegadamente fue arrestado el activista fueron por obstrucción a la justicia y del tránsito; y violación a la Orden Ejecutiva (OE) 2020-033. La jueza Raiza Cajigas, determinó anoche no causa para el arresto, quedando este en libertad.
Y, aunque la ACLU PR reconoce que el derecho a la expresión no es absoluto, destaca que tampoco puede anularse arbitrariamente por medio del Decreto Ejecutivo. “Ningún estado de emergencia puede suspender nuestras garantías constitucionales. La Oficina del Secretario de Justicia Federal en su memorando del 27 de abril 2020, indica: “Tal como ha dicho el Departamento de Justicia previamente … aún en tiempos de emergencia […] la Primera Enmienda y leyes federales prohíben [ . . .] el discrimen contra mensajes desfavorecidos o interferencia irrazonable a la economía nacional. Si un estado o decreto local se pasa de la línea del ejercicio apropiado de su autoridad para prevenir el COVID19 y se convierte en una violación excesiva de una protección constitucional o legal, el Departamento de Justicia federal se verá en la obligación de abordar ese exceso y extralimitación en el tribunal federal”.
La ACLU PR recordó al gobierno que intentar limitar el movimiento de manifestarse previo a la protesta tiene el efecto de disuadir la participación, ya que crea aprehensión, un clima de tensión y un efecto paralizante.
“En la ACLU tenemos la esperanza de que no habrá un solo incidente lamentable que infrinja el derecho a la libertad de expresión ni viole los derechos constitucionales, civiles y humanos de la ciudadanía. Más aun cuando las manifestaciones se han realizado siguiendo estrictas medidas de distanciamiento individual. La libertad de expresión y de prensa es esencial para la vida de un país libre y democrático. Los tribunales han sido claros. Cuidar la salud pública no excluye cuidar la salud democrática”, concluyó.
laislaoeste@gmail.com
