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La Isla Oeste

A medias la educación superior en temas de autismo

Así lo reveló un informe de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo que preside la senadora Maritere González, entregado recientemente al Senado.

El Capitolio. Las instituciones de educación superior no cumplen a cabalidad con lo dispuesto en la Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo, conocida como Ley BIDA.

Así lo reveló un informe de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo que preside la senadora Maritere González, entregado recientemente al Senado de Puerto Rico, tras una investigación realizada mediante la Resolución del Senado 853, sobre el cumplimiento del artículo 12 de la Ley BIDA.

Esta Ley establece que las universidades e instituciones post-secundarias que confieran el grado de bachiller y maestría en las disciplinas de psicología, pedagogía y trabajo social, deberán ofrecer al menos nueve créditos en la materia de “Desórdenes dentro del Continuo de Autismo”.

“El propósito de esta iniciativa es asegurarnos que los ciudadanos autistas estén bien servidos en cuanto a sus requisitos educativos, para que puedan desarrollarse plenamente. Todos sabemos que históricamente, ha habido una disparidad en los servicios disponibles para personas con discapacidades”, explicó la senadora en declaraciones escritas.

El incumplimiento se evidencia mayormente en la cantidad de créditos que ofrecen las universidades en el área de autismo, el cual no es cónsono con las exigencias de la ley.

González destacó que tras contactar a varias instituciones educativas para que informaran cómo están cumpliendo con la ‘Ley BIDA’, en la formación de los estudiantes de Pedagogía que eventualmente atenderán a la población autista de Puerto Rico, “tanto la Universidad de Puerto Rico, que ofrece cursos de Educación Preescolar, como la Universidad Interamericana, que prepara maestros especializados en autismo, presentaron sus memoriales que fueron analizados como parte de la investigación de la Comisión. De igual manera, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico sometió su memorial y fue analizado de igual manera”, abundó la senadora.

De igual forma se destaca que aquellas instituciones que no tienen programas académicos en educación especial, requieren de inversiones adicionales para adiestrar o certificar al personal que ofrecerá los cursos en educación, psicología y trabajo social.

En el año 2012, el Departamento de Salud presentó los primeros datos de prevalencia de autismo en niños de 4 a 17 años donde reflejó que Puerto Rico tiene una de las tasas de autismo más altas del mundo, y expertos consultados coincidieron en que seguirá subiendo.

En aquel momento, la encuesta reveló que en el País habían 11,743 niños autistas, es decir, el 1.62% de la población entre 4 a 17 años. La población de todas las edades con autismo se estimó en 28,745 personas.

Anualmente, 1 de cada 62 bebés que nacen en la Isla tiene alta posibilidad de desarrollar autismo, explicó el profesor en el Programa de Demografía de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Hernando Mattei.

A nivel internacional, en Estados Unidos 1 de cada 110 niños tiene alta posibilidad de desarrollar autismo. En España la proporción es igual. Mientras, en Chile es 1 de cada 250 y en Canadá es 1 de cada 165. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud subrayó la necesidad de “priorizar, implementar y financiar” proyectos destinados a tratar el autismo.

Finalmente, quedó sobre el tapete la eventual duplicidad de propósitos entre lo establecido en la Ley BIDA y lo dispuesto en  la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, asunto sobre el cual la Comisión recomendó el estudio de ambos textos jurídicos para clarificar el propósito de cada uno de ellos.

Esta nota fue actualizada a las 5:26 pm.

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