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La Isla Oeste

Descarga entre alcaldes de Hormigueros y San Sebastián

Entre el rojo y el azul expusieron su punto de vista sobre los chavos del BGF.

2016/Foto One Red Media

Por One Red Media

Enfilan cañones. Los alcaldes de Hormigueros y San Sebastián tronaron hoy por una causa común: defender los chavitos de los municipios que pretenden salvar del desmadre fiscal que refleja el  Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Empero, de uno y otro lado saltaron las defensas entre el partido rojo y el azul en pleno del año electoral.

Por un lado, el alcalde del PPD, Pedro García Figueroa, despotricó su indignación mientras explicaba hoy miércoles que el BGF no se puede quedar con el dinero de los municipios. Se refiere a los fondos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que provienen de la Contribución Adicional Especial (CAE) por concepto de los recaudos de la propiedad mueble e inmueble.

Precisamente, sobre estos fondos los alcaldes que componen la Junta del CRIM, advirtieron que no los estarán enviando al BGF hasta que no se aclare cómo se repartirá el dinero entre los ayuntamientos con los ajustes que tiene que hacer el gobierno central para atender la crisis fiscal.

En ese instante, descargó contra las legislaturas que lideró el PNP en la Cámara de Representantes entre el 1992 al 2012, a las que responsabilizó de haber creado la crisis financiera, que ahora llama a una inminente Junta de Control Fiscal.

“La Junta debería venir”, dijo irónicamente al señalar que “conforme a lo que dicen los republicanos Puerto Rico es una pertenencia. No somos gente… Este Pueblo debería pararse, ponerse en pie y protestar masivamente el que nos impongan el carimbo nuevamente”, expresó.

Sobre la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que el gobernador Alejandro García Padilla advirtió vetaría por enmiendas aprobadas en la Cámara de Representantes, García Figueroa dijo estar de acuerdo.

“Yo estoy de acuerdo con el gobernador. Esa ley había que aprobarla. Y no había que enmendarla nada”, acotó, destacando que la medida provee herramientas al gobernador para negociar la deuda.

Por su parte, el alcalde novoprogresista Javier Jiménez Pérez, en su análisis sostuvo que como se están congelando fondos a los alcaldes en el BGF  debido a la Ley de Moratoria, el efecto serán despidos masivos en los municipios de Puerto Rico.

El CPA señaló que “no hay forma que ningún municipio pueda operar cuando hay una incautación de tantos fondos por parte del gobierno estatal”, comenzó diciendo.

Jiménez Pérez reiteró que si la Ley de Moratoria no es enmendada “de forma tal que los municipios puedan retirar los fondos que tenemos allí, pues definitivamente, todos los municipios del país van a tener que disminuir servicios a la ciudadanía”, destacó.

“Ahora con esta relación que tenemos por ley con el BGF, tenemos que crear una Junta de tres personas que van a decidir lo que se va a desembolsar “de necesidad”, con los fondos que son nuestros, ¡de la gente! Si el gobierno central nos pasa a los municipios la pulmonía que tiene, quien va a sufrir es la gente”, acotó el alcalde de San Sebastián.

Jiménez Pérez concluyó censurando el que la ley incluso provea para encausar por delito grave con multas de hasta $25 mil dólares a los alcaldes que retiren dinero sin justificar una necesidad apremiante.

“¿Qué es eso? ¿Que los chavos de los municipios no se puedan sacar para beneficio de la gente si no se establecen unas prioridades? ¿Quién establece esas prioridades? Una Junta de tres personas”, cuestionó el CPA, al tiempo en que sacó cuentas de fondos que se supone estén y no se sabe donde están.

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