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La Isla Oeste

DRNA no recomienda proyecto de ley que privatiza la zona marítima terrestre, las playas y las costas

Guerrero Pérez recalcó que las estructuras ilegales en la zona marítimo terrestre han representado un impacto sobre los derechos del pueblo al libre uso y disfrute de nuestras playas.

2016/Foto One Red Media

San Juan. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero Pérez, expresó que pese a que la agencia considera necesario que se encaminen soluciones para la controversia de las casas y muelles ilegales que sitúan en el agua y terrenos de dominio público de La Parguera, no favorece el proyecto de ley que privatizaría los bienes de dominio público en esa zona.

La titular explicó que el proyecto del Senado 1621 ante la consideración del Senado hoy, es incompatible con la Constitución de Puerto Rico y la naturaleza de los bienes de dominio público marítimo terrestre que pertenecen a todo el Pueblo. A esos efectos, recomendó que se solicitara una consulta formal al Departamento de Justicia por ser la agencia que representa los derechos y bienes del pueblo.

La planificadora manifestó su disposición para reunirse con la Asamblea Legislativa, grupos técnicos, científicos, comunitarios y de interés para discutir más en detalle las estrategias de manejo que vayan dirigidas a reducir significativamente los impactos en el ambiente, la vida y la seguridad que ocasionan la construcción ilegal de estructuras en la zona marítimo terrestre, así como a fomentar el turismo, en especial el de naturaleza. Afirmó que en la actualidad ya existe una zonificación especial turística para La Parguera aprobada por la Junta de Planificación.

“Tanto el DRNA como el Plan Ambiental del gobernador Alejandro García Padilla han recomendado en los pasados años que se desarrolle una nueva Ley de Costas para Puerto Rico. Esta nueva Ley de Costas debe dar una directriz clara al DRNA sobre cómo atender todos los tipos de ocupaciones en la zona marítimo terrestre de cara al futuro y unirnos a los esfuerzos internacionales para proteger a la ciudadanía de riesgos costeros, al aumento del nivel del mar y la erosión costera”, señaló la titular.

Recordó que en nuestro ordenamiento jurídico no se puede impedir el derecho al libre acceso de nuestras costas y playas, las cuales además del gran valor natural y ecológico que albergan, son uno de los más grandes atractivos turísticos de nuestra Isla.

El 13 de junio de 1978, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica (USACE, por sus siglas en inglés), suscribieron el Memorando de Entendimiento del Área Recreacional La Parguera (MOU) que dispone que el ELA se comprometió a remover toda estructura abandonada, insegura o peligrosa de las aguas y manglares de La Parguera y, dentro de 12 años desde la firma del MOU, eliminar toda tenencia privada en la ribera.

El USACE, a su vez, se comprometió a no conceder permisos para residencias o muelles privados construidos luego del 9 de julio de 1977 en las aguas costeras navegables de La Parguera; tampoco se concederían para estructuras privadas construidas en las aguas navegables alrededor de las islas y cayos cercanos. Todos los permisos concedidos por el COE con antelación al MOU a dueños de muelles, casas y otras estructuras privadas serían nulos luego del 1ro de enero de 1980.

Mencionó que hay preocupación con el hecho de que el proyecto dispone que puedan otorgarse concesiones por términos renovables de 40 años porque podría constituir una privatización de los bienes de dominio público marítimo terrestre, así como una desafectación de facto de los mismos y contraviene con la naturaleza pública de los mismos.

Otro de los elementos que genera preocupación al DRNA es que el proyecto presenta la posibilidad de que se hagan reparaciones de las estructuras actualmente construidas porque deja la puerta abierta para que se hagan restauraciones o reconstrucciones completas de las estructuras ilegales.

Guerrero Pérez recalcó que las estructuras ilegales en la zona marítimo terrestre han representado un impacto sobre los derechos del pueblo al libre uso y disfrute de nuestras playas, y un riesgo a la seguridad pública del país. Algunos de esos problemas son: la reducción parcial o total de los accesos a la costa y las playas; el menoscabo de la integridad de los sistemas naturales típicos de la costa, reflejado por el vertido, sin autorización o de aguas residuales; el incremento en los riesgos a la seguridad pública y de la propiedad, resultantes de construcciones y desarrollos dentro de la zona marítimo terrestre que ocasionan la erosión y degradación del litoral, son algunos de los problemas que caracterizan este tipo de actividades.  Estos riesgos se ven acrecentados hoy día por los efectos adversos del cambio climático, incluyendo el aumento en el nivel del mar y la intensidad y magnitud de eventos extremos del clima, los cuales aumentan la vulnerabilidad y los riesgos a la vida y la propiedad de las personas que se encuentran ocupando de manera ilegal la zona marítimo terrestre.

 

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