Advertisements
La Isla Oeste

Alcalde aboga por excluir propiedades de reserva agrícola

La medida, que fue aprobada en la última sesión ordinaria ya pasó al escritorio del gobernador Alejandro García Padilla, a quien ya le han dirigido cartas pidiéndole el veto.

Por One Red Media

San Germán. El alcalde Isidro Negrón Irizarry salió en defensa de un proyecto que solicitó se legislara para excluir de la Reserva Agrícola de Guanajibo ciertas propiedades que preceden a la Ley 184 que delimitó esa reserva en el 2002, entre los pueblos de San Germán, Cabo Rojo y Hormigueros.

El alcalde de San Germán confirmó que solicitó la radicación del Proyecto de la Cámara 2213, de la autoría de los representantes Carlos Bianchi y Efraín de Jesús.

“Hay una realidad. Cuando este proyecto de la Reserva del Valle de Guanajibo se aprueba, se incluyó dentro de los lindes de esta reserva aquellas viviendas que ya existían. Por lo tanto, si no se excluyen estas viviendas, cualquiera podría venir y decirles a estas familias que tienen que salirse de allí, cuando ellos construyeron antes de que esa reserva se hiciera realidad”, planteó el alcalde.

La medida, que fue aprobada en la última sesión ordinaria ya pasó al escritorio del gobernador Alejandro García Padilla, a quien ya le han dirigido cartas pidiéndole que vete este proyecto, al igual que el Proyecto del Senado 1055 que busca excluir terrenos de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Sobre este último, ya el gobernador manifestó que no adelantaría si lo vetará o no, sin antes evaluarlo.

El veto exige una alianza entre los directores del Colegio de Ciencias Agrícolas RUM-UPR, Dr. Raul Macchiavelli, del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, Pablo Jiménez, de la Oficina del Bosque Modelo, Dra. Katia Avilés y del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Dr. Alfredo Vivoni.

“Tanto el Proyecto del Senado 1055 como el Proyecto de la Cámara 2213 deben ser rechazados pues amenazan el bien público, y ponen en jaque nuestra capacidad de proteger terrenos agrícolas sentando un peligroso precedente. Entendemos que estos proyectos, de ser aprobados por el Gobernador, representan el comienzo del desmantelamiento de las Reservas Agrícolas en Puerto Rico, que hasta el momento han protegido los terrenos agrícolas. También representaría una acción directa en contra de lo aprobado por el Plan de Uso de Terrenos en noviembre de 2015”, manifestó Avilés, directora ejecutiva de la Oficina del Bosque Modelo.

Por su parte, Vivoni expuso que “los proyectos buscan excluir terrenos privados para el beneficio de unos pocos, por encima del interés público de proteger los limitados terrenos agrícolas que aun tenemos para aumentar la producción agrícola en un contexto de inseguridad alimentaria en el país. Importamos alrededor del 85% de los alimentos que consumimos”.

De acuerdo a los líderes, estas medidas resaltan la vulnerabilidad del Plan de Uso de Terrenos y de la capacidad de Puerto Rico de alcanzar la seguridad alimentaria a la que ha aspirado la presente administración de gobierno.

Según plantearon, los proyectos tienen el efecto neto de reducir el tamaño de las reservas agrícolas del país. Empero el alcalde sostiene que el planteamiento es equivocado.

Los expertos plantean que por encima de los criterios técnicos y científicos utilizados para la clasificación de estos terrenos en el mapa de Reservas y el PUT, el PS1055 persigue excluir terrenos que supuestamente no tienen valor agrícola de la Reserva en Lajas, y excluye la agencia con la pericia para hacer dicha determinación, el Departamento de Agricultura, que se opuso también a la medida.

Mientras, sobre el PC2213, sostienen que sienta un peligroso precedente ante la efectividad del estado para proteger los más valiosos terrenos agrícolas del país, buscando excluir fincas privadas “pequeñas” de la Reserva de Guanajibo, planteando que el valor de los terrenos disminuye.

“Los argumentos que se utilizan para justificar ambas medidas son precisamente esos que obligaron al Estado a legislar para detener el embate contra estos terrenos agrícolas, especialmente la fragmentación a través de la segregación y la especulación para promover el desarrollo desmedido, entre ellos el urbano” acotó Pablo Jiménez, presidente del Colegio de Agrónomos.

Por su parte el Decano y Director del Colegio de Ciencias Agrícolas aclaró que “en el caso del PS1055, la medida fue opuesta por el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales, el Recinto Universitario de Mayagüez (sede del Colegio de Ciencias Agrícolas), y otras organizaciones. En el caso del PC2213, el Departamento de Agricultura y la Junta de Planificación se opusieron. Ha habido múltiples ocasiones en las que tanto los expertos como la ciudadanía en general se han expresado y llegado a los acuerdos que delimitaron las reservas y el PUT final, con la más reciente información técnico científica al momento”, sostuvo.

Los miembros de la alianza entienden que en este momento la prioridad para detener estas medidas es hacer un reclamo público al Gobernador para que rechace las medidas, que claramente ponen en riesgo el trabajo de décadas de planificación, contravienen nuestro objetivo común de seguridad alimentaria y se oponen al trabajo del Ejecutivo con proyectos agrícolas en el país.

“Solicitamos a la ciudadanía que escriban al Gobernador (mensajes@fortaleza.pr.gov y gobernador@fortaleza.pr.gov) para que vete estos dos proyectos. Es en estos momentos debemos aunar esfuerzos para proteger nuestros terrenos agrícolas y dejarle a la próxima generación las tierras necesarias para sembrar la seguridad alimentaria del país.” terminó diciendo Vivoni.

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: