La Isla Oeste

Presentan informe final del Task Force

Pierluisi asegura que el informe sobre crecimiento económico servirá como plan de acción para la entrante Comisionada Residente y el Congreso en general.

Suministrada

San Juan  – Ayer se presentó el Informe Final del Grupo de Trabajo (Task Force) del Congreso sobre Crecimiento Económico en Puerto Rico creado en la Sección 409 de la “Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico”, mejor conocida como PROMESA por sus siglas en inglés, aprobada el 30 de junio de 2016.

El Task Force estuvo integrado por el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi y otros siete senadores y representantes federales:  el senador Orrin Hatch (Utah), quien también es el presidente del Comité de Finanzas del Senado; y los congresistas Nydia Velázquez (Nueva York), Sean Duffy (Wisconsin) y Tom MacArthur (New Jersey); y los senadores Marco Rubio (Florida), Bill Nelson (Florida) y Robert Menéndez (New Jersey).

Al grupo se le delegó la elaboración de un informe que identificara los impedimentos u obstáculos al crecimiento económico en Puerto Rico en las leyes y programas federales vigentes -incluyendo el acceso equitativo a los programas federales de salud- y recomendar cambios a leyes y programas federales que podrían estimular el crecimiento económico y la creación de empleos, reducir la pobreza infantil y atraer inversiones a la isla.

“Creo genuinamente que es el documento más completo y constructivo que el gobierno federal haya preparado sobre Puerto Rico.  Me siento particularmente orgulloso del Apéndice 2 del informe, que describe 40 programas federales en los que 3.4 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico somos tratados de manera distinta que nuestros conciudadanos en los estados, debido a que Puerto Rico es un territorio y no un estado.  Este informe servirá como plan de acción para la entrante Comisionada Residente y el Congreso en general.  Pienso que es una excelente manera de concluir mi gestión en el Congreso”, dijo Pierluisi, quien dejará el cargo este año.

El informe publicado el martes, es de aproximadamente 125 páginas, incluyendo tres apéndices, y presenta alrededor de 75 recomendaciones sobre una amplia gama de temas al Congreso, a agencias federales y al Gobierno de Puerto Rico.  Para redactar el informe, el Task Force organizó cerca de 15 reuniones informativas con agencias y departamentos federales, evaluó unos 450 escritos de individuos y organizaciones y utilizó los servicios de distintos recursos congresionales, tales como la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Comité Conjunto de Impuestos y la Contraloría de Estados Unidos.

El Comisionado Residente destacó algunas de las recomendaciones clave del Grupo de Trabajo:

  • El Task Force recomienda que a principios de 2017 el Congreso comience a atender el precipicio fiscal que enfrenta el programa de Medicaid en la Isla, de manera que ASES tenga mayor certeza a la hora de firmar contratos con las aseguradoras que administran el programa para el año 2017-2018.  El Task Force recomienda, además, que en el futuro, el financiamiento federal del programa Medicaid en Puerto Rico y demás territorios esté más estrechamente relacionado con el tamaño y las necesidades de sus poblaciones de bajos ingresos.
  • El Task Force recomienda varias medidas para mejorar el trato de Puerto Rico bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios), la Parte B (servicios médicos), la Parte C (Medicare Advantage) y la Parte D (cubierta de medicamentos recetados).

–      En la Parte A, el Task Force recomienda que el Congreso considere brindar mayor flexibilidad al Departamento de Salud federal para asegurar que los hospitales en la Isla estén siendo compensados justamente. Con la excepción de esta parte del programa, los hospitales de Puerto Rico ahora son tratados esencialmente igual que los hospitales en los estados bajo Medicare, como resultado de las medidas legislativas y administrativas que Pierluisi logró en los últimos dos años.

–     En la Parte B, el Task Force recomienda que el Congreso enmiende la ley federal para que los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico sean tratados igual que sus contrapartes en los estados y otros territorios, entiéndase, que se inscriban automáticamente en la Parte B de Medicare.

–      En la Parte C, el Task Force reconoce que el 75 por ciento de los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico están inscritos en un plan Medicare Advantage, la tasa más alta de la nación.  El Task Force recomienda que el Congreso y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid consideren si se necesitan medidas legislativas o administrativas adicionales para asegurar que los planes Advantage en Puerto Rico están siendo compensados justa y adecuadamente.

–     En la Parte D, Puerto Rico no participa del programa de subsidios por bajos ingresos, el cual elimina o reduce los costos relacionados a los medicamentos recetados. En vez, Puerto Rico recibe una pequeña asignación en bloque y tiene que parear el 45 por ciento para recibir el 55 por ciento; algo que no ha podido hacer en años recientes por la crisis fiscal. El Task Force recomienda que el Congreso elimine el requisito de pareo y que considere aumentar la asignación anual de forma fiscalmente responsable para que esté más a tono con la necesidad en Puerto Rico. Además recomienda que el Congreso explore la viabilidad y el costo de proveer el subsidio por bajos ingresos para ayudar a costear los medicamentos recetados a los beneficiarios de Medicare en  la Isla.

–    Por otro lado,  el Task Force recomienda que el Congreso considere otorgar a CMS la autoridad para hacer ajustes a cualquier fórmula que provea pagos a médicos, hospitales o planes de salud en Puerto Rico y demás territorios.

  •  El Task Force recomienda que el Congreso autorice a las familias en Puerto Rico con uno o dos hijos menores a reclamar el crédito tributario adicional por hijos dependientes, igual que actualmente lo pueden reclamar las familias con tres o más niños.  Se ha estimado que esta propuesta podría inyectar $2,900 millones en la economía de Puerto Rico durante la próxima década, beneficiando a cerca de 355,000 familias y 404,000 niños con un pago promedio anual de $770.  Esto ayudaría a reducir la pobreza infantil y generar actividad económica.

– El Task Force no pretende cerrar el debate sobre otras modificaciones a la política pública contributiva federal hacia los residentes de Puerto Rico, entendiendo que se puede examinar la opción de extender el Crédito por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en inglés) y subsidios federales de sueldo a empleados en Puerto Rico.

  •  El Task Force recomienda que el Congreso haga permanente el programa de reembolsos a Puerto Rico por los arbitrios al ron importado, en vez de que parte del programa esté sujeto a la extensión periódica por el Congreso.  El Task Force recomienda, además, que el Congreso incremente el rembolso de su nivel actual de $13.25 por galón prueba, al monto total del arbitrio, es decir, $13.50 por galón prueba.
  • El Task Force  recomienda que el Congreso enmiende la deducción por actividades de producción doméstica de la Sección 199 del Código de Rentas Internas federal, para que se aplique a Puerto Rico de manera permanente.  Esta deducción reduce las contribuciones federales de manufactureras americanas que tienen divisiones que operan en Puerto Rico.
  • El Task Force recomienda que el Congreso enmiende la Sección 181 del Código de Rentas Internas para que los productores de cine y televisión puedan recibir el mismo beneficio contributivo por filmar en Puerto Rico que reciben en los 50 estados.
  • El Task Force está abierto a la posibilidad de que el Congreso provea un trato contributivo más competitivo para las compañías americanas que inviertan en Puerto Rico, siempre que se diseñen parámetros apropiados que aseguren que estén creando actividad económica real y empleo en la Isla.
  • El Task Force recomienda que el Congreso examine el trato a Puerto Rico bajo el programa de Ayuda a Envejecientes, Ciegos y Discapacitados (AABD), que aplica en el territorio en vez del muy superior programa de Seguro Social  Suplementario (SSI).  El Task Force recomienda que el Congreso examine los costos y beneficios de incluir a Puerto Rico en el programa SSI con todos los beneficios, incluir a Puerto Rico en el programa SSI con beneficios reducidos, aumentar la subvención anual del programa AABD otorgada a Puerto Rico, ajustar el tope del AABD a la inflación, o mantener la ley actual.
  • El Task Force recomienda que el Congreso tome varias medidas para mejorar el trato a Puerto Rico bajo los programas administrados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés).  Entre las recomendaciones se encuentran: (1) aumentar temporalmente el porcentaje de los préstamos a pequeños y medianos negocios que la SBA garantiza en Puerto Rico; (2) eliminar o reducir temporalmente los cargos que las empresas en Puerto Rico deben pagar para recibir un préstamo garantizado por la SBA; (3) considerar dar preferencia a las empresas puertorriqueñas en la contratación del Gobierno federal en Puerto Rico, para así atender el hecho de que aproximadamente el 60 por ciento de los (relativamente pocos) contratos federales realizados en la Isla se otorgan a empresas ubicadas fuera de Puerto Rico, y (4) autorizar a la SBA a hacer disponibles préstamos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a recuperarse de cualquier daño económico por el Zika u otras crisis similares en cualquier estado o territorio.
  •  El Task Force recomienda que los 13 organismos federales de estadísticas, tomen todas las medidas razonables para incluir a Puerto Rico en sus programas.  El Task Force recomienda que el Jefe de Estadísticas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal dé prioridad a la inclusión de Puerto Rico en los programas estadísticos federales.
  •  El Task Force recomienda varias medidas para asegurar que la energía eléctrica en Puerto Rico sea más confiable y asequible. Tomando nota de que la ley federal requiere que el Secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos  designe un equipo de expertos técnicos, de política pública y financieros para desarrollar un plan de acción de energía para Puerto Rico, el Grupo de Trabajo recomienda que el equipo sea designado tan pronto como sea posible, que prepare y publique el plan de acción de manera oportuna y que el  Departamento de Energía informe anualmente al Congreso sobre los esfuerzos que Puerto Rico ha realizado para implementar el referido plan.
  •  El Task Force recomienda que el gobierno de Puerto Rico, en coordinación con el Coordinador de Revitalización establecido por PROMESA, líderes electos de las comunidades aledañas, de agencias federales pertinentes y el sector privado, den prioridad al redesarrollo de la antigua Estación Naval Roosevelt Roads, la cual el Grupo de Trabajo entiende tiene el potencial para transformar el este de Puerto Rico. El Task Force recomienda que la Agencia Local de Redesarrollo (LRA) responsable de supervisar el esfuerzo de redesarrollo establezca una estrategia sensata y sustentable.
  • El Task Force entiende que el proyecto para restaurar el Caño Martín Peña le puede proveer un buen rendimiento de inversión al gobierno federal, ya que mejora la economía, protege la salud pública y restaura el ambiente natural en una de las comunidades más empobrecidas y afectadas de Puerto Rico. El Task Force recomienda que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y el auspiciador local (ENLACE) culminen el Acuerdo de Colaboración del Proyecto, que el Congreso considere asignar fondos para la construcción el proyecto; y que el Congreso considere flexibilizar las obligaciones de pareo de fondos de parte del auspiciador local o de otro modo asegurar que la crisis fiscal de Puerto Rico no cause que se paralice el progreso del proyecto.
  •  El Task Force reconoce que el Observatorio de Arecibo es vital para Puerto Rico en varias maneras y entiende que las operaciones científicas y educativas deben continuar en el lugar. El Task Force recomienda que la Fundación Nacional de Ciencias, en colaboración con otros sectores gubernamentales y no-gubernamentales hagan todo lo posible por lograr este resultado.
  • El Task Force está preocupado con el estado de los vertederos municipales de desperdicios sólidos en Puerto Rico y el potencial impacto en la salud pública y el ambiente. El Task Force recomienda que el Congreso examine este asunto y determine si hay gestiones adicionales que deben realizarse.
  •  El Task Force recomienda que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos -incluyendo la Administración de Comercio Internacional, la Administración de Desarrollo Económico y la Oficina de Análisis Económico- tome varias medidas para ayudar a Puerto Rico a atraer más inversión directa extranjera, a aumentar las exportaciones de las firmas de Puerto Rico a naciones extranjeras, a incrementar los viajes y el turismo en Puerto Rico por parte de extranjeros y a calcular el Producto Interno Bruto y otras estadísticas macroeconómicas para la Isla.  El Task Force también recomienda que el Departamento de Comercio lleve a cabo un análisis de costo-beneficio de sus reglamentos vigentes que requieren la presentación electrónica de información sobre exportación (Electronic Export Information, EEI) para envíos aéreos y marítimos entre los estados y Puerto Rico, aunque este comercio es interestatal, no comercio internacional.
  •  El Task Force recomienda varias medidas diseñadas para permitir que las entidades con sede en Puerto Rico puedan competir mejor para fondos competitivos bajo múltiples programas administrados por el Fondo de las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario, incluyendo el Programa de Créditos Fiscales para los Nuevos Mercados.
  •  El Task Force recomienda que el Congreso continúe autorizando al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a proveer asistencia técnica al Gobierno de Puerto Rico para ayudarle a mejorar sus sistemas de administración  fiscal y recaudación de impuestos.
  • El Task Force recomienda varias medidas para que el Congreso y las agencias federales de ley y orden reduzcan el tráfico de drogas y la violencia asociada a éste en Puerto Rico y las Islas Vírgenes americanas.
  •  El Task Force recomienda que si el Gobierno de Puerto Rico realiza la consulta de status autorizada y financiada por la Ley Federal 113-76, el Congreso analice el resultado de la misma seria y minuciosamente y tome la acción legislativa que corresponda.

“Para mí ha sido un honor y un placer formar parte del Task Force, cuyas recomendaciones estoy seguro que se van a atender en los próximo años. Sé que va a ser de utilidad para la comunidad en general, en y fuera de Puerto Rico”, culminó Pierluisi.

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