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La Isla Oeste

Habla ex contratista de piscinas del RUM

Ex contratista del natatorio RUM coincide con hallazgos de la Contralora.

2016/Foto One Red Media

Por Maria Cotto / Para La Isla Oeste

La otrora contratista del natatorio del RUM Lourdes Marrero coincidió con la Contralora de Puerto Rico Yesmín Valdivieso al opinar que la terminación de su contrato de mantenimiento a principios del 2013 no siguió el debido proceso de ley.

Según reaccionaran las autoridades universitarias al Informe de Auditoría CP-17-06 del 21 de noviembre de 2016, la cancelación del contrato del proveedor en el 2013 se debió a que se dañó el sistema de darle servicios al natatorio, el cual utilizaba tecnología de ozono y cloro.  “La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura costeó dicha obra y luego fue transferida al Recinto Universitario de Mayagüez, sin asignación de fondos para su operación.  Se han hecho muchos esfuerzos para proveer a sus usuarios con la mejor seguridad y salud en estas facilidades, con tal que se cumplan los requisitos de las agencias reguladoras. El gasto operacional para ello lo hemos absorbido, pero hemos buscado cómo lograr ese objetivo a la vez que se reduzcan los costos de operación de dicha facilidad.  El uso del equipo de ozono ha sido uno muy costoso y problemático por muchos factores y llegó el momento de que había que hacer decisiones administrativas de si se reparaba o se sustituía por otra alternativa que fuera menos costosa su operación.  Esto no parece haber sido reconocido en el informe de auditoría,” indicó el rector Fernández Van Cleve en una misiva a la comunidad universitaria.

Adujeron en sus comentarios al borrador de informe que arreglar el sistema sería muy costoso y la eventual compra de un equipo de marca Grander generaría ahorros a largo plazo. Por su parte, Marrero indicó que una vez se le adjudicó la subasta en octubre de 2011, nunca se le permitió tener las llaves de los cuartos de sistemas de filtración, bombas y motores para poder brindarle servicio al equipo de ozono el cual catalogó como mucho más adelantado que el que le sustituyó. “Al mes de iniciar nuestro contrato, me comuniqué con la administración del RUM para informarles las condiciones pésimas, de abandono y falta de mantenimiento preventivo del sistema y cómo se obstaculizaba nuestra labor al no permitirnos el acceso a áreas que en el curso normal de nuestro trabajo debíamos tener acceso,” expuso Marrero.

De acuerdo al informe de la Contralora, el equipo Grander ya estaba siendo considerado por el RUM desde el 27 de marzo de 2012 y el 7 de mayo de 2012 el director del complejo del natatorio, el doctor Efrank Mendoza Martínez, había solicitado a la Junta de Subastas del Recinto que eximiera de subasta la compra del equipo.

“El equipo que sustituyó el que tenía el natatorio lo que usa es cloro granulado y no toma en consideración distintos factores que afectan la composición del agua, como el uso, la temperatura y la iluminación según avanza el día, mientras que el equipo de ozono original monitoreaba automáticamente el nivel de químicos en el agua. El natatorio del RUM ha retrocedido en el tiempo unos 20 años”. Negó que al momento de tener el contrato de mantenimiento del complejo del natatorio fuera la representante exclusiva de las pastillas de cloro que utilizaba el sistema original, aunque ahora sí representa la línea en Puerto Rico.

Argumentó que poco antes de terminar el plazo original de su contrato, el director del complejo del natatorio, el doctor Efrank Mendoza Martínez, le  había solicitado que bajara a $50 mil la cantidad cotizada a lo cual accedió, pero de todas formas se le adjudicó mediante orden de compra a la compañía CSCG por un término de cinco meses.

Lourdes Marrero, quien actualmente está a cargo de la remodelación de las piscinas de clavado y nado de la UPR en Río Piedras, dijo sentirse reivindicada por los señalamientos hechos por la Contralora Yesmín Valdivieso. “Me sorprende que hubiera hasta un referido a Justicia,” indicó en referencia a la recomendación del informe para que el Secretario de Justicia tome las acciones pertinentes por violaciones a la Ley 173 de 1988 que prohíbe la práctica de la ingeniería en Puerto Rico y el identificarse como tal a personas sin la correspondiente licencia profesional, como se alega hizo el proveedor que sometió la propuesta ofreciendo el equipo Grander que tiene el natatorio del RUM en uso.

 

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