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La Isla Oeste

Exigencias de la JCF son grave para estabilidad de Puerto Rico

Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), sostuvo que las disposiciones de la JCF no solo ensombrecen el panorama futuro de los puertorriqueños que viven en la Isla.

San Juan. Líderes sindicales adviertieron que el reciente catálogo de exigencias de la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobernador Ricardo Rosselló no solo es un indebido ultimátum a la administración local con miras a la aprobación del plan fiscal, además reconfirman que sus medidas representan una grave amenazada para el pueblo puertorriqueño.

La carta que envió el miércoles la JCF en la que sus mimebros ordenan al gobernador que recorte $4,500 millones en servicios y beneficios al pueblo e imponga cargas contributivas ascendentes a $1,500 millones ignorando cientos de propuestas e iniciativas, constituye una estocada mortal a la economía puertorriqueña y un trastoque catastrófico al pueblo trabajador, a la junventud y a los los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, advirtió el liderato obrero.

Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), sostuvo que las disposiciones de la JCF no solo ensombrecen el panorama futuro de los puertorriqueños que viven en la Isla, sino que pone sobre el tapete dilemas mayores para el país y para la sana administración pública. “Aquí hay sectores que venimos exigiendo una auditoría de la deuda hace tiempo para que se tenga claro cuáles son los números y los responsables reales del endeudamiento. Ahora, la junta ordena una auditoría forense de dicha deuda, pero se hace de la vista larga del hecho de que ya existe una Comisión de Auditoría compuesta por ciudadanos de múltiples sectores”, recordó.

Para Pagán, la movida anunciada en la carta resulta altamente peligrosa pues la auditoría ordenada por la JCF pudiera estar controlada precisamente por aquellos implicados en actos ilegales de emisión de deuda. “Me preocupa que lejos de una auditoría real, se haga un artificio con números para maquillar aquello que venimos denunciando sistemáticamente”, añadió.

Por su parte Nelly Ayala, presidenta de la Asociación de Empleadas de Comedores Escolares, denunció que resulta altamente reprochable que se quiera seguir achacando los ajustes fiscales a la clase trabajadora mientras el gobernador, los jefes de agencias y legisladores solo hacen recortes cosméticos a sus privilegios.

Gerson Guzmán, de la Unión General de Trabajadores (UGT), recalcó que “hay que poner los recortes en su justa perspectiva porque la gente tiene que saber que cuando se habla de ajustes en términos de servicios de salud no es otra cosa que recortes en la cubierta y en los servicios que reciben miles y miles de ciudadanos de Mi Salud”. Para el líder sindical, cuya organización representa trabajadores de hospitales en toda la Isla, los recortes impactarán brutalmente a los sectores más desventajados del país que son los beneficiarios del programa.

La carta de la JCF a Roselló Nevares también supone una marcada carga a la educación pública. Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, indicó que a juzgar por los recortes que mandata la junta sobre el Departamento de Educación, el cuadro resulta ser cada vez más desolador, pero no se pueden interpretar como una estrategia adecuada  para canalizar mejor los recursos. “Los recortes en educación significan un impacto atroz hacia los niños, a nuestros jóvenes y a nuestro futuro. No se puede ver de otra manera. Recortes son recortes y me entristece que se apueste a la austeridad a expensas de la educación que al fin y al cabo es uno de los valores más importantes que tenemos como país”, condenó.

En cuanto al recorte de nómina gubernamental, el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, José Rodríguez Báez; y la preisdenta de Servidores Públicos Unidos (SPU) Annette González, coincidieron en que no hay manera en que las medidas de austeridad anunciadas por la junta en aras de pagarle a los bonistas no tengan un impacto sobre los trabajadores públicos. “Ordenar la reducción de la nómina gubernamental en un 30 por ciento no significa otra cosa que despidos. Pretender decirlo de otra manera es llamarnos a engaño”, señaló tajantemente la líder sindical.

Por su parte, José Melara, de la United Auto Workers (que  también representa empleados públicos), aseveró que las medidas de austeridad que quiere imponer la JCF como receta a la crisis, provocará que Puerto Rico sea el Detroit del Caribe. “Estas medidas de austeridad no son nuevas, ya fueron ensayadas en otra sitios con resultados francamente catastróficos. Insistir en ellas es apostar a soluciones fallidas. Puerto Rico experimentará un éxodo masivo de gente ante el resultado de dichas medidas”.

Las medidas de recortes que señala la JCF tendrán efectos sobre otros servicios esenciales que se le ofrecen al país. Para el presidente de la Unión Independiente de Acueductos (UIA), Pedro Irene Maymí, resulta llamativo que se hable de servicios esenciales y se deje en suspenso cuáles son. “Aquí se han impuesto aumentos en el costo del agua como medida para atraer dinero a las arcas del gobierno. ¿El agua no es un servicio esencial para el pueblo? Esto lo que sinifica es que serán ellos quienes determinarán cuáles son los servicios esenciales del país. Y ha quedado claro que el país donde ellos viven no es el mismo en el que nosotros vivimos”, manifestó.

Para el presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Andrés Lloret Gutiérrez, la mera sugerencia de imponer aumentos y eliminar exenciones contributivas resalta la visión totalmente enajenada que tienen los miembros de la JCF sobre la realidad de los trabajadores en el sector privado y público en Puerto Rico, demuestra cuánto ignoran los sacrificios que hacen para cumplir con la carga contributiva en detrimento de la calidad de vida de sus familias.

Iram Ramírez, de la Office and Professional Employees International Union, añadió que resulta imperativo combatir las medidas de austeridad de la JCF y de aquellos funcionarios locales que simplemente se ciñen a las mismas. “Con esto queda evidenciado la falta de compromiso de la  Junta con nuestros niños y juventud. Junto al sector empresarial, impulsaron una reforma laboral que atenta contra los jóvenes. Ahora, en otra medida antijóvenes, proponen reducir el acceso a la educación no solo proponiendo aumentos en los costos del crédito universitario, sino despidiendo profesores y empleados en la universidad. Ante esto, los jóvenes tenemos que organizarnos en favor de nuestro futuro”, exhortó.

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