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La Isla Oeste

Favorecen establecer Departamento de Seguridad Pública

“Estamos muy contentos con este proyecto de ley pero queremos asegurarnos que se introduzcan unas enmiendas para que sea cónsono con el acuerdo federal”, reiteró la superintendente de la Policía.

Suministrada

El Capitolio. El establecer el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSPPR) que será integrado por siete agencias de ley y orden recibió el aval de la Policía de Puerto Rico con recomendaciones que van a la par con el Acuerdo federal para la Reforma Sostenible de la Policía.  También, favoreció la medida el Departamento de Justicia.

“Estamos muy contentos con este proyecto de ley (Proyecto del Senado 306)  pero queremos asegurarnos que se introduzcan unas enmiendas para que sea cónsono con el acuerdo federal”, reiteró la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley quien respondió por más de una hora preguntas de los senadores que integran la Comisión de Seguridad Pública que preside el senador Henry Neumann Zayas.

Durante la vista se analizó el Proyecto del Senado 306, de Administración, que propone el establecimiento de este Departamento que será integrado por los siguientes siete negociados: Policía, Bomberos,  Emergencias y Administración de Desastres, Emergencias Médicas, Sistemas de Emergencias e Investigaciones Especiales y Ciencias Forenses.

Según la Exposición de Motivos de la pieza legislativa el objetivo principal de la misma es promover un sistema de seguridad más efectivo, eficiente, funcional y que trabaje de forma integrada con otras agencias del Gobierno. De igual forma,  utilizar mejor los recursos fiscales y el capital humano en un solo componente de seguridad pública. Este Departamento estará bajo la dirección de un Secretario cuya misión “será proteger, investigar y/o prevenir actividades delictivas o situaciones de emergencia en Puerto Rico. También, trabajar de forma integrada con la Seguridad Nacional de Estados Unidos”. El secretario tendrá el apoyo y asistencia de un Comité Ejecutivo de Seguridad que tendrá un director ejecutivo y siete miembros asesores.

La pieza legislativa dispone que todo el personal de los Negociados, incluyendo los jefes de agencia, pasarán a ser parte del DSPPR procurando todos los derechos adquiridos, de conformidad con las leyes, normas y reglamentos aplicables. También, los privilegios, ahorros, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro, fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley. Además, lo establecido no podrá ser utilizado como fundamento para el despido de empleados con puestos regulares.

“La creación de estos negociados es una política inteligente al concentrar en un solo sitio agencias de seguridad”, opinó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no sin antes advertir que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCRH) debe formar parte del DSPPR. En este mismo punto coincidió la senadora y exsecretaria del DCRH Zoé Laboy Alvarado. Ante esta sugerencia, la coronel Hernández de Fraley destacó que el DCRH estará “virtualmente atado” al Departamento al compartir información.

Al ser cuestionada sobre el mismo tema,  la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, quien también presentó enmiendas a la medida, declaró que “habría que analizar lo beneficioso, los pro y los contra, de integrar a Corrección al Departamento”.

En lo que respecta a las recomendaciones para la Policía,  Hernández de Fraley destacó la importancia de que al Sistema de Rango no le será de aplicabilidad las disposiciones de la ‘Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno’ en lo referente a reclutamiento, evaluaciones, traslados y ascensos. Tales asuntos serían regidos mediante reglamentación por parte del Comisionado en consulta con el Secretario.

Además, en lo que a traslados de policías se refiere, la titular de la Policía sentenció que debe ser discreción del Comisionado rotar a sus miembros a fin de capacitarlos en la mayoría de las funciones operacionales. De otra parte,  recomendó la inclusión de un nuevo artículo que establezca que la jornadas de trabajo no serán mayor de ocho horas diarias no mayor de 40 a la semana con excepción de aquellos que presten servicios administrativos, ejecutivos, supervisión y los que estén sometidos a cursos de entrenamiento.  Los demás miembros de la Policía que trabajen en exceso de las horas establecidas tendrán derecho a que se les pague las horas trabajadas en exceso a razón de tiempo y medio en caso de que sean autorizadas y justificadas.

Por su parte, la Secretaria de Justicia sometió enmiendas enfocadas principalmente en el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).  Vázquez Garced solicitó que en las disposiciones finales del DSPPR “se tomen las medidas cautelares” para que no se requiera información confidencial de investigaciones con las agencias integradas o cualquier otra “que resulten en el fracaso de las investigaciones o representen brechas de seguridad”. Recordó que el NIE realiza investigaciones sobre empleados públicos, sin descartar a aquellos adscritos a cualquiera de las agencias que serán parte del DSPPR.

Sobre el ICF, la Secretaria de Justicia solicitó de igual forma que “se tomen las medidas cautelares” para que no se vean amenazadas sus acreditaciones y se afecte la concesión de los fondos federales que dependen de dichas acreditaciones. Actualmente, el 63 por ciento del personal de la sección de ADN está empleado con fondos federales.

Por último, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se expresaron a favor del Proyecto del Senado 306 porque redunda en ahorros para el erario pero presentaron recomendaciones. El director de OGP, José Marrero Rosado, comentó que “replicaría este proyecto en todo el gobierno”.

 

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