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La Isla Oeste

Oficina del Contralor emite una opinión adversa sobre la AAA

La auditoría revela que 18 de los 19 reglamentos y 150 de los 200 procedimientos, llevan hasta 61 años sin ser revisados como dispone la ley que crea la Autoridad, la Ley 40 de 1945.

La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión adversa sobre la reglamentación interna, las transferencias electrónicas (ACH- Automated Clearing House), la rendición de cuentas y el pago por servicios sin contrato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La auditoría revela que 18 de los 19 reglamentos y 150 de los 200 procedimientos, llevan hasta 61 años sin ser revisados como dispone la ley que crea la Autoridad, la Ley 40 de 1945. Estas situaciones impiden que los empleados y funcionarios cuenten con reglamentación actualizada y propicia el uso indebido de la propiedad y de los fondos públicos.

Nuestros auditores detectaron que la Autoridad no contaba con un reglamento sobre las transferencias electrónicas ACH que ascendieron a $4,784 millones del 2009 al 2016 y tampoco llevaban un registro de los empleados que tenían acceso a la aplicación web del banco mediante el cual se realizan las transferencias electrónicas. Esta falta de controles se debe a que el Presidente Ejecutivo no solicitó la preparación, revisión y aprobación de la reglamentación necesaria para regir las transferencias.

El Informe de cuatro hallazgos señala que la Autoridad no remitió el 1 de mayo de 2012, el Plan Estratégico a la  Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) como dispone la Ley 236-2010 de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales sino 1,148 días más tarde. Además, al 21 de diciembre de 2015 no había remitido a la OGP los planes de ejecución anual del 2013 al 2016, ni el Informe de Resultado del 2015.

La auditoría además desvela que se formalizaron cinco acuerdos de pago por más de un $1 millón por servicios que se prestaron de 1992 al 2012 sin que mediara contratos. Una situación similar se comentó en el Informe Especial CP-10-31 del 7 de junio de 2010. La ausencia de un contrato previo a la prestación de servicios propicia un ambiente para que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales y se pague por servicios no prestados.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

 

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