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La Isla Oeste

Vivienda mejorará hogares de personas discapacitadas

La aprobación de la línea de crédito por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), del DV y del Desarrollo Urbano Federal (HUD), se concretó a mediados de febrero y tiene como colateral dinero de fondos federales.

Suministrada

San Juan. El Secretario del Departamento de la Vivienda (DV) y Presidente de la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Fernando Gil Enseñat, firmó una línea de crédito de $30 millones de Banco Popular para cumplir con las disposiciones de la Ley ADA (American Disability Act), y la Ley de Vivienda Justa para habilitar alrededor de 3,584 unidades de vivienda en funcionamiento de las necesidades de las personas discapacitadas en los residenciales públicos de Puerto Rico.

La aprobación de la línea de crédito por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), del DV y del Desarrollo Urbano Federal (HUD), se concretó a mediados de febrero y tiene como colateral dinero de fondos federales que estaban en la banca privada y que fueron liberados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló fue el gestor ante la petición a la JSF.

“El compromiso del gobernador Ricardo Rosselló, según esbozado en el Plan para Puerto Rico, establece hacerle justicia a personas con impedimentos. Nuestra meta es cumplir con cada una de las necesidades de uno de los sectores más vulnerables del país. El entorno físico y social no debe sumar mayores impedimentos a una persona discapacitada, que de entrada ya tiene unas limitaciones. Todo lo contrario, la vivienda debe cumplir a cabalidad con todas las necesidades y prioridades de los residentes, tal y como lo dispone la Ley ADA, en su sección 504”, aseguró el Secretario del DV, luego de firmar la línea de crédito que podría alcanzar hasta $51 millones.

Con esta firma el DV y la AVP iniciarán próximamente su plan para realizar las mejoras y modificaciones a las unidades de vivienda pública para estar en cumplimiento con la Ley ADA, que le exige tener el 2% de las unidades habilitadas para personas con problemas sensoriales y el 5% de accesibilidad.

 

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