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La Isla Oeste

Denuncia 6,892 despidos en plan fiscal del gobierno

Legisladora López León denuncia que el 50% de los empleados transitorios serán despedidos a partir del 1 de julio y otro 20% en un año.

Suministrada

San Juan. Los primeros impactos del plan fiscal del gobierno lo sufrirán 6,892 empleados transitorios de los cuales 5,744 serán cesanteados a partir del 1 de julio por motivo de la reducción del 50% de los gastos de nómina para ese grupo laboral y los restantes, 1,148 empleados transitorios, serán despidos el próximo año. Así lo denunció hoy la senadora popular Rossana López León.

Asimismo, la senadora por acumulación reveló que el plan fiscal del gobierno tiene al menos cinco (5) escenarios proyectados que presentan descuadres e incongruencias fiscales que exceden los $1,300 millones lo que aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad fiscal del país, la veracidad de los estimados del gobierno y abre la puerta nuevamente a la reducción de la jornada laboral y más despidos.

“En el plan fiscal original del gobernador Ricardo Rosselló se establece que hay 11,488 empleados transitorios en el gobierno. En la página 39 de dicho plan, se propone una reducción de 50% o 5,744 trabajadores de la totalidad de los empleados transitorios para el próximo año fiscal que comienza el primero de julio; y como si fuera poco, se propone un segundo recorte adicional de 20% o 1,148 trabajadores adicionales para el año fiscal siguiente. Esa misma proyección de recortes se incluyó en la página 19 del plan fiscal aprobado bajo un concepto denominado “another payroll savings” que no es otra cosa que recortes en nóminas.

Esas proyecciones ya fueron aprobadas por la JSF, lo que implica que, evidentemente, viene una ola de despidos para los empleados transitorios y lo han ocultado.”, señaló López León.

López León explicó que la mayoría de los empleados transitorios en el gobierno son maestros de cursos básicos, maestros de educación especial, empleados de comedores escolares, trabajadores sociales y empleados de Corrección. Asimismo añadió que por el salario promedio de estos empleados, el impacto en la economía de esos despidos sobrepasarán los $100 millones anuales.

“Esto significa que vienen recortes en Educación, cierres de más escuelas, servicios educativos y de rehabilitación. La soga va a cortar por lo más fino, serán los pensionados, los maestros, los estudiantes y los confinados los que pagaran los platos rotos, es decir, los más vulnerables”, señaló la legisladora.

Por otra parte, la dirigente popular señaló que el plan fiscal presenta escenarios irreales e ingresos sobrestimados que fueron acogidos sin estudios de viabilidad ni modelos específicos de ingresos lo que provocarán un descuadre presupuestario. Según la senadora, a manera de ejemplo, el plan proyecta recaudos recurrentes por concepto de contribución sobre ingresos de los individuos que – según el plan – generarán los mismos $1,700 millones anuales, que generan al presente, durante los próximos cinco (5) años.

“Esa proyección, sin embargo, es errada. Bajo ese modelo no contemplaron el impacto de la reducción de ingresos que provocará la exención contributiva otorgada a diversos grupos profesionales hace unas semanas, las cuales reducirá en $185 millones los recaudos cada año. Esa realidad representa una sobre estimación de recaudos de unos $1,850 millones en 10 años que, de entrada, descuadra el plan.”, expresó la senadora popular.

“Otro ejemplo de la improvisación del plan es en lo relativo a las contribuciones sobre la propiedad. Por un lado, el plan proyecta que los municipios recogerán un total de $426 millones adicionales cada año, de los cuales $350 millones serán para sustituir la eliminación de los subsidios municipales y otros $76 millones para el gobierno central. Esa meta supone dos posibles escenarios. Uno, que cada municipio apruebe Ordenanzas Municipales individuales este año natural para subir las tasas en un 70%; o por el contrario, que la legislatura apruebe una medida imponiendo una sobretasa a ser pagadas en dos términos. En ninguno de esos escenarios, los ingresos se reflejarán en el calendario propuesto.”, afirmó la legisladora.

La senadora popular indicó que otro descuadre es en lo relativo a la Orden Ejecutiva que congela los créditos e incentivos contributivos. “Comenzaron anunciado que la Orden Ejecutiva provocaría una congelación inmediata de todos los créditos, incentivos, asignaciones y concesiones multianuales que generarían $600 millones en ahorros. Dos días después, aclararon que se aplicarán a transacciones prospectivas – es decir, que no representan ahorros al presente –  y cinco días más tarde, el gobernador dijo en Miami que no se ha congelado ningún crédito o incentivo. Es decir, no se ha inyectado un solo centavo para atender el problema de liquidez, contrario a lo que anunciaron.”, sentenció.

Sobre las Alianzas Publico Privadas, según el plan, generarán inversiones por $5 billones en dos años fiscales, incluyendo una inversión inicial por un valor de $1 billón para el 30 de junio de este año. Sin embargo, no se presenta una sola propuesta que esté firmada y no existe un solo proceso de licitación nuevo que haya comenzado.

El plan contempla ahorros por $38 millones por medicamentos bio-equivalentes cuando el 90% ya lo son; proyectan ahorros de $100 millones por la ley del Empleador Único, cuando el proceso está diseñado para comenzar en 18 meses, es decir, en dos años fiscales y el plan incluye $1,054 millones de ingresos anuales por los próximos 10 años de la Ley 154, cuando el Departamento del Tesoro Federal no ha extendido el crédito federal por ese periodo de tiempo, lo que hace vulnerables e impredecibles los ingresos proyectados.

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