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La Isla Oeste

Busca regular trámite en venta de boletos para eventos

La senadora destacó que no existe  reglamentación que garantice la devolución del dinero de eventos artísticos cancelados

San Juan. En la tarde de ayer, la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, presidida por la senadora Evelyn Vázquez Nieves, dio paso a la vista pública en la que se abrió la discusión del Proyecto del Senado 421, que busca crear la Ley para la Protección del Consumidor en Eventos Deportivos, Artísticos, Culturales y Recreativos en la Compra de Boletería Electrónica’ para establecer reglamentación para su implementación.

En la vista, que contó con la participación de representación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), del Departamento de Hacienda, del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (COPEP), de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y de la empresa Ticket Center, llamó la atención la ponencia presentada por el licenciado Pedro Bello, de DACO, quien dejó ver la ausencia de reglamentación que garantice la devolución del dinero a los consumidores en cuanto a eventos artísticos y culturales cancelados.

Indicó, además, a la Comisión que desconocía, a ciencia cierta, si ya existía alguna normativa oficial que garantizara la devolución de lo previamente pagado en eventos artísticos y culturales.

De igual forma, los deponentes hicieron constar que los cargos por servicios, en tramitación de boletería, no son reembolsables, aunque el evento haya sido cancelado. Ello basado, principalmente, en la premisa de que el servicio ya le había sido prestado a los consumidores.

A pesar de que algunos de los deponentes expresaron algún tipo de reparo con la aprobación de la medida propuesta, surgió con meridiana claridad la falta de parámetros o garantías mínimas a favor de los consumidores de ese tipo de eventos, y que lejos de regular las transacciones comerciales, pudieran, en algún momento dado, dejar por la libre los cargos por parte de los promotores y dueños de boleterías, sin que se tome en consideración la crisis económica que está afectando a Puerto Rico en este preciso momento.

Sin embargo, y a pesar de que los deponentes manifestaron que cumplían con la devolución del dinero, tanto el Departamento de Hacienda como DACO manifestaron que desconocían si éstos se dejaban llevar por algún tipo de regulación.

“En momentos de crisis fiscal, en el cual miles de familias en Puerto Rico buscan ocupar su tiempo libre en la participación de conciertos, obras de teatrales, eventos culturales y deportivos locales, urge la transparencia en las transacciones económicas que los consumidores realizan y el establecimiento de algunos parámetros que eviten la facturación excesiva al momento de que determinado consumidor adquiere servicios de un vendedor virtual o mediante sistema digital a través de las redes sociales”, indica la autora del Proyecto.

La queja más frecuente de los consumidores gira en torno a que, muchas veces, las compañías que se dedican a la venta de boletos esconden algunos cargos en la factura, convirtiéndolos en cargos fantasmas y hasta abusivos.

“Algunos consumidores han reportado cargos por servicios en exceso de un 15 por ciento para la compra de entradas de un concierto, a lo cual se ha sumado el IVU, haciendo, en ocasiones, de una actividad recreativa o de esparcimiento sencilla una en exceso onerosa”.

De acuerdo con la Senadora, los cargos por toda transacción realizada por el consumidor de manera electrónica para la compra de boletería, “no deberá exceder del cuatro por ciento del monto total de la cantidad de la compra realizada… La sumatoria de todos los cargos de boletería, no deberá exceder de la cantidad antes mencionada… Para determinar este cuatro por ciento, no se tomará en consideración el monto correspondiente al impuesto estatal y municipal, de ser aplicable… Toda transacción deberá identificar a qué corresponde cada partida económica que le ha sido facturada, además del costo del boleto, incluyendo, pero sin limitarse, impuesto, cargos por transacción y cargos por servicio, entre otros… Es nuestro deber la protección del maltrecho bolsillo del consumidor puertorriqueño, que intenta sobrevivir el embate de los altos costos de vida en Puerto Rico”.  

De hecho, y según la medida senatorial, el incumplimiento de la misma, de convertirse, finalmente en ley, conlleva una multa de $500.00 por transacción.

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