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La Isla Oeste

Contralora señala ‘trampa’ en piscinas del RUM

Entre los señalamientos hay pagos por $73,832 luego de una aparente competencia entre proveedores que actuaron en común acuerdo en el Recinto de Mayagüez de la UPR.

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre la adquisición de equipos y servicios relacionados con el mantenimiento de las piscinas del Complejo Natatorio de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

El Informe reveló la posible colusión entre varios proveedores y un director, en la adjudicación de compras para prestar servicios de mantenimiento y adquisición de equipos para las piscinas de la UPR- Mayagüez, del 2010 al 2013.

Los diagramas en el Informe ilustran los procesos irregulares que se llevaron a cabo en la adjudicación de servicios. Por ejemplo, el Proveedor A recibió pagos por $73,832 luego de una aparente competencia entre proveedores que actuaron en común acuerdo. En los correos electrónicos se evidencia que las cotizaciones de los proveedores D, E y F eran solicitadas y enviadas por el Proveedor B.  Además, el Presidente del Proveedor A es el padre del Presidente del Proveedor B, y Vicepresidente del Proveedor B. A su vez, el Presidente del Proveedor B es el Tesorero del Proveedor A.

Diagrama CP-17-14

De estos hechos puede haberse configurado, entre otros, los delitos de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales de la Ley 149-2004, Código Penal de Puerto Rico, según enmendada.

Nuestros auditores también identificaron que el Proveedor B tenía cinco contratos formalizados con el Municipio de Morovis por $38,700, para dar servicios de mantenimiento a la piscina municipal. La auditoría comenta que el proceso de adjudicación fue irregular, ya que inicialmente el Comprador del Municipio había adjudicado el servicio al Proveedor I, que era el mejor postor. Sin embargo, un director municipal dio instrucciones al Comprador para que eliminara dicha cotización, ya que había un compromiso de adjudicarle el servicio al Proveedor B.

Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico el 7 de marzo de 2017 y están pendientes de resolución.

El Informe cubre el período del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2016

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