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La Isla Oeste

Municipio de Aguadilla solicita desestimación de demanda de empleados

El caso continuaría con una vista de seguimiento el próximo 27 de septiembre de 2017 a las 2:00 p.m.

2016/Foto One Red Media

Por Víctor Manuel Vázquez Domenech / Para La Isla Oeste

Aguadilla. Ayer se vio en la Sala 604 del Tribunal de Aguadilla el caso por la demanda de 109 empleados municipales contra el Municipio de Aguadilla, el alcalde Carlos Méndez y la Legislatura Municipal, en reclamo de que se dejen sin efecto las ordenanzas dirigidas a la reducción de jornada, entre otros argumentos.

No obstante, solo comparecieron en sala decenas de los demandados, por lo que la representante legal de 109 trabajadores municipales, licenciada Nora Cruz Molina, mostró preocupación ante el Tribunal. Según argumentó, surgieron cambios en los turnos de trabajo y la imposición de requisitos a los empleados para tomar talleres, situación que dijo podría ser parte de una estrategia de la administración municpal para que sus representados no pudieran comparecer.

Llamó la atención que, antes de su entrada a sala, los empleados municipales que forman parte de la demanda, realizaron una oración en el pasillo del tribunal. En su mayoría llevaban puesta alguna prenda de vestir de color blanco.

Escasamente, sobre una veintena de los demandantes pudo entrar a la pequeña sala, que dirige el juez Abid E. Quiñones Portalatín, hasta que llegó a la capacidad máxima.

El licenciado Oscar Vázquez Quiñones representó a la Legislatura Municipal de Aguadilla y su presidente Rafael Fernández Nadal. Mientras que los abogados Pablo Rivera Díaz y Luis Sánchez Mercado, asumieron la representación legal del Municipio de Aguadilla y su Alcalde Carlos Méndez Martínez.

Municipio pide desestimar la demanda

Los licenciados Sánchez y Rivera, presentaron ayer mismo una solicitud de desestimación de la demanda, alegando que la jurisdicción no corresponde al tribunal sino a la Comisión Apelativa del Servicio Público. Además, alegaron que la demanda tiene argumentos de índole constitucional pues no hay una reclamación que se deba atender.  Por lo que la licenciada Cruz Molina solicitó tiempo para replicar la misma y adelantó que “obviamente” se opondrá al pedido de desestimación.

Además, Vázquez Quiñones, abogado de la Legislatura Municipal, informó que “por el momento” se unirían al pedido de desestimación de la demanda que sometió el Municipio de Aguadilla.

Así, tras los planteamientos esbozados en sala, el juez Quiñones otorgó el término de diez días a la parte demandante para replicar la misma. Advirtió que si para el 28 de agosto no se ha presentado la réplica de la parte demandante resolvería solamente a la desestimación que fue presentada por los demandados.

Juez advierte sobre represarias

Al atender la solicitud de la licenciada Cruz Molina de que se apercibiera a los demandantes por el supuesto patrón para evitar que los empleados municipales pudieran asistir a la vista, el juez Quiñones recordó que existe una ley relacionada a las represarias.

Sin embargo, los abogados del Municipio de Aguadilla negaron que haya ningún patrón e indicaron que no hay problema en que asistan a las vistas y se coordine, siempre y cuando no se interrumpan servicios esenciales del municipio aguadillano.

Según, José Crespo Nieves, policía municipal de Aguadilla y portavoz de los empleados demandantes, explicó que la ordenanza aprobada donde le reducen su salario les ha afectado “bastante” a todos los empleados municipales.

“Nos bajaron dos dólares por hora y otros beneficios marginales como la reducción del bono, el plan médico y eso es lo que estamos luchando; nuestros derechos”, apuntó Crespo Nieves.

Alrededor de $325 mensuales es la cantidad que reciben menos los empleados municipales luego de la reducción salarial. “Ahora nos hizo una reducción de sueldo (el alcalde) de un día para otro. Sin explicación, sin llevar vistas en su fondo en el municipio, en la Legislatura. Simplemente se radicó a ordenanza y nos bajaron el sueldo estando aún todavía en el año fiscal anterior”, agregó el policía municipal.

“Y entonces  pues ahora nos bajaron el sueldo sin mediar palabra, sin consultar. No nos explicamos, ninguno de los empleados, nos explicamos por qué nos pasó esto. Sin una vista pública, sin orientarnos ni nada por el estilo”, sostuvo Crespo Nieves.

Por su parte, la licenciada Nora Cruz Molina, se reafirmó en que la reducción de salario se hizo contrario a derecho y que se implementó en un momento dado, que no había necesidad, pues estaba dentro del presupuesto aprobado desde el año anterior.

“Se pidió, esto es un interdicto preliminar y uno permanente, también una acción de daños, pues entendemos que en la medida que los empleados han sido impactados en su salario, pues obviamente eso ha causado y continuará causando daños si no se concede el recurso que hemos pedido al tribunal”, detalló Cruz Molina sobre los remedios que solicitan.

Cruz Molina explicó que ante la posibilidad de que se planteara si se agotaron los recursos administrativos provistos en ley, se presentaron las apelaciones de prácticamente todos los empleados demandantes ante la Comisión Apelativa.

“Pero eso es un foro que toma bastante tiempo y entendíamos que hay una situación particular con estos empleados, que necesitaban que se atendiera ese asunto con premura y que  hay unas situaciones que tiene que atender el tribunal porque cuando se trata de situaciones ‘ultravires’ o contraria a derecho, el foro que tiene que atender ese asunto es el tribunal y no la comisión”, argumentó la abogada.

 

Pablo Luis Rivera Díaz, representante legal del municipio, indicó que sometieron un escrito con argumentos “y eso es lo único que nos vamos a limitar pues el caso está ante la consideración del tribunal.

“Ya se radicó la moción y ella (licenciada Cruz Molina) tiene un término para replicar”, agregó.

“Es un caso de jurisdicción, de si el tribunal tiene jurisdicción para atender el caso o no a eso efectos”, contestó a insistencia de este medio sobre la el planteamiento de jurisdicción.

Mientras, el licenciado Luis Sánchez Mercado, también en representación del ayuntamiento aguadillano, repitió “estamos en el trámite procesal, donde hay unas partes. Ya nosotros hicimos nuestro escrito de desestimación sobre la jurisdicción sobre la materia. Le toca a la otra parte replicar. Ese es el derecho que tienen”.

Sobre las supuestas represarías a varios empleados, Sánchez Mercado dijo: “eso son hechos que no tenemos conocimiento. Nosotros vinimos al tribunal a dilucidar los hechos que se presentaron escrito en la demanda y eso es lo que vamos a atender”.

El caso continuaría con una vista de seguimiento el próximo 27 de septiembre de 2017 a las 2:00 p.m.

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