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La Isla Oeste

OPINIÓN: El gobierno, con pésima perspectiva de la distribución de la justicia

Por Luis Ibrahyn Casiano

La legislatura de Puerto Rico, en la Cámara de Representantes, intenta “levantar” su voz contra la ola criminal desde el fracaso de las agendas públicas de los gobiernos, relacionadas a mitigar el crimen.

Pretenden ser punitivos y evasivos de su responsabilidad, que es: preveer, redirigir y crear las condiciones sociales saludables desde los aspectos más importantes; como las garantías de una calidad de vida sustentable, solidaria, con una educación fortalecida y un sistema de salud eficiente y accesible, entre otros asuntos; como un empleo digno, la participación ciudadana y componentes de relaciones sociales que abonarían al balance que necesitamos.

Como profesional en el campo de la Justicia Criminal, y como activista por más de 10 años, me opongo a las medidas presentadas que contemplan la disminución de edad para ser procesables criminalmente. El fracaso del modelo estatal de gobernanza no puede tener como vehículo salvador la criminalización de nuestra niñez y juventud puertorriqueña.

La detección temprana de actitudes, aptitudes y deficiencias cognitivas, entre otras, será lo que nos dará las referencias para crear modelos alternativos de reenfoque individual y colectivo. El devolver, por ejemplo, los psicólogos a las escuelas públicas, sería un buen camino para ello.

Sin embargo, vemos como la bajeza y la mediocridad aumenta con el paso de los años en las esferas del gobierno colonial, gobierno incapaz de trazar líneas humanistas que nos acerquen al intercambio de ideas estructuradas a favor del bien común.  Establecido ha quedado en un sinnúmero de ocasiones, que no hay vínculos estrechos entre penas altas y disuasivos en la comisión del delito, pues lo que motiva a una persona a cometer faltas o un crimen va mas allá de una decisión personal, y sí relacionada a impulsos intervenidos de aspectos, como las vivencias y deficiencias, la desigualdad, su relación con los medios producidos y de producción, la inconsciencia y traumas.

Propongo que no se de paso a enmiendas sin razonamientos fundados en nuestra realidad social y los retos que enfrentamos hoy; especialmente relacionados a la conducta humana por una desbalanceada salud mental.

La cárcel e instituciones penales, están muy lejos de servir de espacios rehabilitadores y que propicien la reintegración social. Hagamos de nuestros instrumentos legales unos que contemplen el paradigma social que vivimos, pero siempre desde una óptica humana que busque poder hacer salir en cada uno de nosotros, lo mejor.

Creo en la paz, y como tal, abogo por un modelo que oriente desde los aspectos fundamentales de los derechos humanos. Derechos que el Estado cumple a medias según sus intereses políticos y económicos.

Démosle a nuestra niñez y juventud los medios para crecer en una nación seria, donde los intereses individuales ni la frustración estén por sobre su derecho a estudiar y a recibir tratamientos de salud sin la intervención de un plástico representativo de una cubierta médica inaccesible y selectivamente clasista, que no sirve mas allá de poder sanar una herida física en una sala de emergencias. Provoquemos que sean escuchados, partícipes y gestores de agendas de cambio, para que tengamos que recurrir menos a las penas que marcan su vida y a la sociedad.

También, como pueblo tenemos tarea. La indiferencia es criminal y con el individualismo nos volvemos criminales ya sea por comisión u omisión. Si cambiamos, cambiamos el sistema  y junto con el, el entorno en que vivimos. No deleguemos en quienes desde el poder pretenden entender todo, lo que el pueblo desplazado de su poder; sufre.

El autor es activista pro derechos humanos.

 

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