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La Isla Oeste

Gobernador pide un voto de confianza ante nuevo presupuesto del país

Legislatura reacciona al mensaje del Gobernador.

Suministrada

El Capitolio. Con un Presupuesto de $8,730 millones de dólares para el año fiscal 2018-2019 y un presupuesto consolidado de $25,323 millones, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, aseguró ayer al país que –aunque bajo las complejas y difíciles circunstancias- beneficia a Puerto Rico, por lo que pidió un voto de confianza.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, enumeró varios logros de lo acordado con la Junta de Control Fiscal, entre los que figuran:

  • Mantener el bono navidad
  • Garantizar los días de vacaciones y por enfermedad a empleados del sector privado
  • Garantizar fondos para los municipios
  • El pago total de las pensiones
  • Destinar $25 millones de dólares al Programa de Transición de Retiro Voluntario para los empleados públicos
  • La promesa de un Nuevo Modelo Contributivo para Puerto Rico y el desarrollo de la Transformación Energética en la Isla
  • Una asignación de $25 millones adicionales para la Universidad de Puerto Rico
  • La creación de un nuevo Fondo de Emergencia para catástrofe

De otra parte, Rosselló Nevares recordó que se hace necesario legislar para dejar sin efecto la Ley 80 que protege a los empleados del despido injustificado.

Detalló a su vez las prioridades trazadas por su Administración, mencionando la reconstrucción y la transformación de Puerto Rico; y una reforma digital en el gobierno para mejorar la calidad de los servicios; una transformación educativa.

Asimismo promete un aumento de sueldo de $1,500 dólares anuales para todos los maestros y policías, incluyendo la aportación al Seguro Social para la uniformada; un nuevo modelo de salud donde el paciente podrá escoger dónde obtener los servicios; crear el bono de trabajo; la reducción del IVU a los alimentos procesados de un 11.5 a un 7 por ciento; además de eliminar de forma paulatina el impuesto conocido como el “B2B”.

Legislatura reacciona al mensaje del Gobernador

Tras el mensaje de Rosselló Nevares y el llamado a la Legislatura para que la Ley 80 sea derogada –según solicitado por la Junta de Control Fiscal- el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que no va a responder a caprichos.

A preguntas de la prensa, dijo haber solicitado a la Junta que le presenten datos que sustenten que la derogación de la Ley 80 no impactará negativamente, pero al momento no ha recibido la información. Asimismo, el presidente senatorial manifestó estar dispuesto a defender su punto con relación a la ley de indemnización por despido sin justa causa en cualquier foro hasta en los tribunales.

De otra parte, el presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez Núñez, dijo necesitar evidencia para tomar una decisión con relación a la Ley 80.

Por su parte, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, criticó el Mensaje de Presupuesto del Gobernador señalando que el mandatario tiene un serio problema de credibilidad.

Asimismo, el representante Ramón Luis Cruz Burgos, señaló que en el mensaje del Gobernador  intentó establecer un Puerto Rico distinto a lo que ven los puertorriqueños en la calle, basándose en mentiras e intentando establecer diferencias con la Juna de Control Fiscal cuanto el pueblo sabe que son la misma cosa.

De otra parte, para el representante del Partido Independentistas Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, el asunto financiero del país no parece tener una discusión seria. Manifestó que el presupuesto se compone de los ingresos y los egresos del país, y entiende que no se dio una discusión real de cuáles son los ingresos que el país está generando, lo cual es fundamental para entender  un presupuesto.

Mientras, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, emplazó a sus homólogos del Senado y la Cámara a dar paso a la Resolución Concurrente del Senado 53, de su autoría, para hacer frente a las recomendaciones de carácter laboral propuestas por la Junta de Control Fiscal y combatir las recientes negociaciones y acuerdos entre el ente federal y el Primer Ejecutivo.

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