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La Isla Oeste

Tribunal ordena a Registro Demográfico entregar información sobre las muertes de María

En febrero pasado el CPI radicó una demanda luego de múltiples intentos para que la agencia brindara “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”.

La Jueza Superior, Auracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, dio paso a la demanda incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Cable News Network (NCC) contra el Registro Demográfico de Puerto Rico, sobre la controversia por el acceso a la información relacionada a las muertes tras el paso del huracán María.

“Se declara Con Lugar la solicitud de las partes y se ordena  al Estado a, enuntérmino de 7 días, divulgar la información solicitada, tomando las precauciones necesarias para que sean ilegibles los números de Seguro Social contenidos en los documentos”, lee la sentencia, firmada ayer, 4 de junio.

Es así que el Registro Demográfico debe entregar al CPI las defunciones registradas en Puerto Rico desde el 18 de septiembre de 2017, copia de dichos certificados de defunciones, copia de los permisos de enterramiento desde esa fecha al igual que los premisos para cremación correspondientes.

Además se autoriza a acceder la libreta manual en el que se registran los permisos a los funerarios, acceso a la base de datos sobre las causas de muerte.

Mientras a la cadena CNN se le dará copia digital de la base de datos para mantener los registros de certificados de defunción y copia digital de los certificados de defunciones durante el periodo del 20 de septiembre de 2017 al 20 de enero de 2018.

Más tarde, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, emitió declaraciones en reacción a la determinación.

“El Gobierno de Puerto Rico cumplió con lo que dispone expresamente la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico. No obstante, ya un Tribunal determinó que tanto el CPI como CNN son parte interesada. La Ley del Registro Demográfico es clara en que una orden del Tribunal puede convertir a una parte en parte interesada más allá de los requisitos que establece la Ley, que es lo que ocurrió en este caso. Nuestra política, a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública, por lo que estaremos cumpliendo con lo ordenado recientemente por el tribunal”, concluyó el secretario de Asuntos Públicos.

Esta nota fue actualizada con las declaraciones del secretario de Asuntos Públicos. 10:16 am

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