La Isla Oeste

Presidenta del COPUR coopera en pesquisa sobre corrupción en Sabana Grande

El COPUR fue contratado por el Municipio de Sabana Grande para un proyecto educativo.

Suministrada

Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, reconoció que tras el arresto del alcalde Miguel “Papín” Ortíz -por motivo de la investigación de parte de Fiscalía Federal- ha estado cooperando con la pesquisa, toda vez que el COPUR fue contratado por el Municipio de Sabana Grande para un proyecto educativo.

El ejecutivo municipal sabaneño fue arrestado el pasado jueves, 5 de julio, por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por cargos de corrupción y malversación de fondos públicos.

Según la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez el alcalde popular enfrenta seis cargos por alegadamente haberse aprovechado de su posición y defraudar al Gobierno de Estados Unidos en un esquema de contratos ascendentes a más de $2.9 millones de dólares relacionados a programas de Educación.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal (Department Of Education Office Of Inspector General), participó de la investigación que llevó al arresto del alcalde, según trascendió luego que el pasado 18 de junio, Irvin Riquel Torres Rodríguez -uno de los coacusados en el esquema millonario de enriquecimiento ilícito originado en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) que dirigía el también coacusado y ex secretario Ramón Orta- se declaró culpable por seis cargos que pesaban en su contra.

Según la denuncia, Torres Rodríguez participó de un segundo esquema que involucra al Municipio de Sabana Grande, donde alegadamente robó fondos federales, conspiró para cometer fraude electrónico y postal y lavó dineros mediante el referido esquema, que supuestamente le agenció al Ayuntamiento sobre $787,000 y benefició a otras dos compañías.

Según el pliego acusatorio, esos fondos federales se distribuirían a: la Municipalidad de Sabana Grande; Administrativo, ambiental y Sports Consultants Corp. (AESC); Torres-Rodríguez, quien era el dueño de AESC; y otros.

“Ortiz Vélez utilizó su posición como Alcalde de Sabana Grande para obtener fondos federales del PR DOE en base a declaraciones falsas sobre la capacidad del Municipio para realizar las actividades y el alcance de las actividades sujetas a las propuestas. Ortiz Vélez, como Alcalde de Sabana Grande, subcontrató con AESC y la Compañía F para la financiación y administración completa de los proyectos sin el conocimiento o el consentimiento del PR DOE. AESC luego financió y administró el proyecto para la Compañía F, con un acuerdo de que todas las ganancias se dividirían en un 40% para AESC y un 60% para la Compañía F”, lee el documento.

Al momento se desconoce quién representa a la Compañía F, pero muchos especulan que se trata del COPUR.

Según explicó Rosario en un comunicado, el COPUR ha participado en múltiples proyectos deportivos, educativos y comunitarios al igual que otros municipios, consorcios privados y municipales, instituciones sin fines de lucro.

Rosario destacó que estos proyectos han incluido la participación directa a clubes deportivos y culturales, escuelas, grupos de líderes, entre otros, como parte de su función de educar y brindar servicio al país.

“Nuestro compromiso con la comunidad puertorriqueña y con la educación de nuestro pueblo es inequívoco.  Todos estos proyectos se han realizado exitosamente con gran aceptación de todos los participantes. Entre la realización de un sinnúmero de actividades, eventos y proyectos comunitarios, el COPUR fue contratado por el Municipio de Sabana Grande para un proyecto educativo”, afirmó Rosario.

Como parte de la controversia trascendió que AESC proveyó servicios a través del COPUR a otros municipios, como Hormigueros, Cabo Rojo, San Germán, Lajas, entre otros a los que ofreció capacitación bajo el programa Olimpismo: Presente y Futuro Laboral, al igual que a los consorcios Caguas-Guayama y Consorcio Sureste.

“Las autoridades nos han solicitado información y asistencia en relación a la investigación en curso.  Conforme a lo que es nuestra obligación, continuaremos brindando toda la ayuda que sea necesaria y solicitada en relación a ésta o cualquier otra investigación”, puntualizó Rosario.

“En deferencia a la investigación que las autoridades competentes llevan a cabo, no ofreceremos más detalles sobre el asunto.  Siendo ésta una investigación en curso, corresponde a las autoridades brindar detalles sobre la misma”, concluyó.

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