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La Isla Oeste

Piden a Justicia y Ética incluir al Gobernador en informe sobre hostigamiento sexual

Definen elementos del delito de negligencia en el cumplimiento del deber.

2017/Foto One Red Media

San Juan. Tras conocerse que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tenía conocimiento del escándalo de hostigamiento sexual en la Compañía de Turismo, dos funcionarias del Partido Popular Democrático (PPD) señalaron que el mandatario también debe ser referido al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“El informe de la Procuraduría de la Mujer sobre el hostigamiento sexual ocurrido en Turismo, y que fue referido a Justicia y Ética, debe incluir a Rosselló.  Las declaraciones de su principal asesor económico, Christian Sobrino, son muy serias y apuntan directamente al Gobernador. Es inaceptable que el primer mandatario tuviera conocimiento de una conducta inmoral, ilegal y anti ética por parte de uno de sus funcionarios, y no haya tomado acción. Al contrario, se tomó represalias contra todo aquel que actuó y denunció este patrón de hostigamiento en la Compañía de Turismo”, sentenciaron las licenciadas Ingrid Colberg, subsecretaria del PPD, y Karla Angleró, comisionada alterna del PPD ante la Comisión Estatal de Elecciones.

Asimismo, dijeron que los asesores del Gobernador que no implementaron el protocolo en este caso, entiéndase el propio Sobrino y  el asesor legal de Rosselló, Alfonso Orona, deben estar fuera de sus posiciones.

Explicaron que la ley en Puerto Rico es clara e inequívoca al establecer que “el hostigamiento sexual en el empleo es una forma de discrimen por razón de sexo, y como tal constituye una práctica ilegal e indeseable que atenta contra el principio constitucional establecido de que la dignidad del ser humano es inviolable”. (Artículo 1 de la Ley 17-1988, según enmendada).

Se ha resuelto que la obligación patronal de mantener un ambiente de trabajo libre de actos de hostigamiento sexual es continua y prosigue, en cuanto a cada empleado en particular, hasta su último día de trabajo. Ese deber del patrono no se limita a corregir situaciones pasadas de hostigamiento sexual, sino a prevenir que ocurran en el futuro. (Sánchez et al. v. A.E.E., 142 D.P.R. 880).

“Sin duda, Christian Sobrino, Alfonso Orona y el director de recursos humanos de Turismo, Giovanni Narváez,  se convirtieron en cómplices de un funcionario que atentó contra la dignidad de otra persona en su ambiente de trabajo. No hacer valer la política pública en contra del hostigamiento sexual, no darle paso a los procesos internos que se establecen por mandato de ley, es encubrir, validar y atentar por indiferencia contra la dignidad de las víctimas de estos actos. Y para empeorar la situación, ahora vemos porque el Gobernador fue demasiado débil y permisivo con esta conducta que se trajo ante su consideración, prefirió proteger a su amigo y ex director de Turismo, José Izquierdo, en lugar de hacerle justicia a las empleadas afectadas”, precisaron.

Tanto Colberg como Angleró, añadieron que el despido del hostigador no es suficiente. “Se requiere el despido inmediato de quienes tuvieron la oportunidad de actuar, de vindicar la política pública, de mantener la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. El encubrimiento, y hacerse de la vista larga, no puede tolerarse ni premiarse. Esperamos que el Departamento de Justicia y Ética actúen a la altura que requiere este asunto tan serio y no cedan a las presiones políticas”.

Finalmente , las funcionarias exigieron se ausculte la posible comisión de un delito contra la función pública, ya que las acciones de estos funcionarios al obviar la aplicación de una política pública impuesta por ley fue de tal magnitud que tiene el potencial de costarle mucho dinero al pueblo de Puerto Rico en demandas.  Esa es la definición y elementos del delito de negligencia en el cumplimiento del deber. “Ya la indiferencia, dejadez y falta de asumir posturas contra los amigos le ha costado una multa de la Procuradora de las Mujeres”.

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