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La Isla Oeste

No darán tregua al Supremo las comunidades escolares en Mayagüez

Hostosianos instan a tomar las calles.

2018 / One Red Media

Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

Mayagüez. Aunque el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió ayer una sentencia validando el cierre de algunas escuelas del Distrito Escolar de Arecibo, hoy en el Tribunal de Mayagüez vibraron esperanzas ante la jueza Lynnette Ortiz Martínez para que continuara atendiendo la demanda que llevan las comunidades escolares de Añasco, Sabana Grande y Mayagüez contra el Estado en aras de evitar el cierre de sus escuelas.

Los abogados de los demandantes en el Distrito Escolar de Mayagüez urgieron al Tribunal local continuar con el caso por considerar que la sentencia del Supremo no es vinculante a los casos específicos de las comunidades escolares en el Oeste de la Isla.

Uno de los abogados del Estado, el licenciado Antonio Cintrón, planteó ante la jueza Ortiz Martínez que “la sentencia (del Supremo) habla de derechos constitucionales” y reiteró “es vinculante”.

La licenciada María del Carmen Gitany  en representación del municipio de Añasco, y los licenciados Edmundo Rosaly  y Arnaldo Irrizarry en representación de los municipios de Sabana Grande y Mayagüez respectivamente, solicitaron a la magistrada tiempo para leer la sentencia, así como las opiniones en conformidad emitidas por los Jueces Asociados Edgardo Rivera García y Ángel Colón Pérez; y la opinión disidente del Juez Asociado Luis F. Estrella  Martínez.

Los abogados plantearon que no fue hasta hoy, a las 10:03 am, que recibieron la notificación de la sentencia del Supremo “por problemas con el sistema NET”, según dijeron les expresó la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT).

El planteamiento medular  durante la vista de hoy en Mayagüez por parte de los demandantes es que lo que emitió el Supremo fue una sentencia y no una opinión “per curiam”, es decir, “hay unas opinions pero no es mandatorio. No lo es, no lo era al principio  y no lo será ahora”, explicó el licenciado Irizarry. “(La sentencia del Supermo) es únicamente para las partes (demandantes en el Distrito de Arecibo)”, acotó el abogado en su turno ante la jueza.

La jueza dio a las partes hasta el 19 de julio, para que presenten sus argumentos y solicitudes de remedios adicionales necesarios para determinar si puede continuar  viendo las demandas –que fueron consolidadas junto a otro recurso presentado por la Asociación de Maestros de Puerto Rico, por vía de su representante legal, el licenciado Edgardo Pabón.

Las partes fueron citadas para el 20 de julio, cuando los demandantes esperan poder presentar la prueba que estaban prestos a desfilar hoy en la vista que estaba pautada en la Sala 307, a donde acudieron decenas de padres, madres, estudiantes y hasta el mismo alcalde de Añasco, Jorge Estévez, quien ha estado presente en casi todas las vistas.

“Los demandantes a los que representamos son distinguibles caso a caso”, puntualizó Irizarry.

 

La primera demanda la presentó el Municipio de Mayagüez y seguido Añasco y Sabana Grande. Estos casos fueron consolidados con la demanda de la AMPR.

Asimismo, los municipios de San Germán y Hormigueros presentaron demanda contra Educación –básicamente bajo los mismos argumentos- empero, estas demandas fueron trasladadas por la jueza Soraya Méndez Polanco al Tribunal de San Juan en medio de trámites para que se consolidaran con las demandas que lidera el Municipio de Mayagüez al amparo de la “economía procesal”. De manera que no se ven en Mayagüez.

El licenciado Irizarry destacó que en derecho, se supone que los casos se vean en el Tribunal que más cerca ubique de las comunidades  afectadas.

Instan a tomar las calles

Tras repudiar la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que legitima el cierre de escuelas, organizaciones como el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y la Juventud Hostosiana (JH) tildaron de politiquería corrupta la sentencia.

“El Tribunal Supremo acaba de quitarles la única opción legal a todas las comunidades que viven bajo los niveles de pobreza y que luchan por su derecho a una educación” expresó en declaraciones escritas Diego Vega portavoz del MINH. “Es un acto de corrupción y muestra la realidad política de nuestro país, en donde se hace evidente que no existe tal cosa como un estado de derechos” añadió.

Vega hizo referencia al informe de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), donde concluyen, luego de vistas públicas y testimonios realizados por las comunidades escolares, que el cierre de escuelas lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas al llevar a cabo un proceso desorganizado, sin la participación ni orientación de la comunidad, y sin considerar las necesidades de estudiantes de educación especial.

“Pero al Tribunal Supremo de Puerto Rico no le interesa lo que este estudio concluye, que es en base a testimonios, ponencias y entrega de documentos legales, todo lo contrario, lo único que utilizan como base de información para tomar esta determinación, es la politiquería corrupta ,” expresó el portavoz hostosiano.

“Ahora tenemos que tomar las calles y allí hacer valer nuestro derecho a la educación” expresó Kevin Lizander, portavoz de la JH. “No avalamos esa decisión del Tribunal Supremo y no vamos a permitir que destruyan el futuro de nuestros niños y niñas, esta determinación solo la toma el pueblo”añadió. El MINH y la JH se sumarán junto a las comunidades escolares para frenar el cierre de las escuelas y comprende que ahora es el momento de presionar más fuerte. “Las comunidades están preparadas para dar la lucha y, este gobierno tendrá que responder ante los reclamos y exigencias del pueblo de Puerto Rico”, reafirmó Lizander.

 

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