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La Isla Oeste

Cabo Rojo reitera que “no hay monopolio con la Iniciativa Naranja”

La abogada del Estado dejó constar que el Departamento de Justicia no descarta levantar casos contra los municipios de San Germán e Isabela.

2018 / One Red Media

Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

Mayagüez. En una vista de seguimiento a la demanda presentada hace un año por la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) contra el Municipio de Cabo Rojo por otorgar un contrato exclusivo a ConWaste para el recogido de basura, los abogados del ayuntamiento cuestionaron hoy cuál –si alguna- es la prueba que tiene el Estado para mantener la demanda, luego que se enmendara la ordenanza.

Ante la jueza Lynette Ortiz Martínez del tribunal de Mayagüez, el licenciado Carlos Lamboy Santiago, en representación del Municipio, reiteró que “ha habido diferencias en cuanto a la percepción del Departamento de Justicia sobre la Ordenanza #26”, y recordó que la misma fue impugnada ante varios reclamos de los comerciantes, por lo que la Legislatura Municipal presentó enmiendas que dieron paso a la nueva Ordenanza #3.

“Justicia continúa diciendo que la Ordenanza 3 es monopolística, porque obliga a comprar bolsa y contenedor”, reclamó Lamboy Santiago, insistiendo que ahora los ciudadanos pueden optar en no participar del Programa de Iniciativa Naranja. “Hay gente que contrata otros servicios, o que la lleva (la basura) directamente al vertedero”, acotó. ¿Cuál es la prueba que tiene Justicia para decir que es monopolio?”, inquirió el abogado.

Por su parte, la licenciada Joanne Rosa Rodríguez, abogada del Estado, dijo no tener que responder a la pregunta -cuya respuesta en su momento se dará a conocer en el desfile de prueba- pero recordó que en la Oficina de Asuntos Monopolísticos existe una investigación abierta, para la que solicitó por medio de subpoena al municipio de Cabo Rojo cierta evidencia que aún está siendo evaluada.

La abogada del Estado también dejó constar que Justicia no descarta levantar casos contra los municipios de San Germán e Isabela, donde actualmente se trabaja la iniciativa de ConWaste “Tu Municipio Verde”.

Ante esto, los abogados de ConWaste, los licenciados Celso López y Javier Vázquez, manifestaron que existe la necesidad de “aclarar la ley de monopolio porque los municipios están exentos de esa ley”.

“La Ley de Municipios Autónomos delega los asuntos relacionados al recogido de basura y la regulación a esos programas. El municipio tiene amplia discreción para decidir cómo regula esas actividades”, clamó el licenciado Vázquez.

A preguntas de La Isla Oeste, la presidenta de la Comisión senatorial de Asuntos al Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, senadora Evelyn Vázquez, dijo estar presta a evaluar ambas leyes vigentes para ver si es cierto que existe ambigüedad y necesitan enmiendas. No obstante, dijo que primero hay que esperar a que la jueza emita una determinación sobre la demanda de Justicia contra el Municipio de Cabo Rojo.

En junio de 2017, Vázquez celebró vistas públicas sobre la Resolución del Senado 130 para investigar entre otras cosas, la manera en que el Municipio de Cabo Rojo aplicó la Ordenanza #26 que dio paso a la controversial Iniciativa Naranja.

 

Además, Justicia presentó una moción informativa relacionada al descubrimiento de prueba, solicitando a las partes que llenen un cuestionario de cinco páginas. La magistrada dio hasta el 27 de agosto para entregar este cuestionario y citó las partes para la toma de deposiciones en septiembre.

La vista de descubrimiento de prueba quedó pautada para el mes de octubre.

Según la demanda, la Secretaria Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, Denise Maldonado Rosa, solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que emita una sentencia declaratoria, una orden provisional de restricción y prohibición bajo el Artículo 13 de la Ley de Monopolios y un interdicto preliminar y permanente en contra del Municipio de Cabo Rojo y ConWaste por violación a la Ley 77 del 25 de junio de 1964, conocida como la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio.

Para entonces, la jueza Ortiz Martínez, ordenó el cese inmediato de la ordenanza, aprobada el 5 de abril de 2017 y el efecto de las cláusulas contractuales. La misma entró en vigor de inmediato en lo que se dilucida la controversia.

 

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