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La Isla Oeste

Vecinos del Guajataca urgen que concluyan trabajos de reparación

Residentes de los barrios colindantes narran la pesadilla que viven por la falta de carreteras aptas para transitar, además de las intermitencias en el servicio de agua, entre otras cosas.

2018 / One Red Media

Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

Quebradillas. El movimiento de maquinaria pesada removiendo rocas de un lado a otro, así como la entrada y salida de vehículos oficiales en las inmediaciones de la represa Guajataca ya son una estampa cotidiana en las comunidades aledañas desde septiembre pasado.

Sin embargo, esta actividad -que realiza el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE) por asignación de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) tras el colapso del aliviadero en la represa luego del huracán María- aunque necesaria, incide en varios aspectos que preocupan tanto a residentes como a las autoridades de manejo de emergencias, que tienen que delinear un plan de escape para las comunidades.

Por los pasados diez meses el tema medular ha sido el problema con el suministro de agua a pueblos adyacentes. Empero, a este se suman las molestias en los residentes de comunidades cercanas, quienes no ven el día en que se les devuelvan las carreteras. Resulta que, cuando el embalse se desbordó en septiembre pasado, cubrió áreas de las carreteras que hoy día permanecen dañadas, agravándose con la entrada y salida de equipo pesado de la reconstrucción del aliviadero.

De otra parte, también aflora la preocupación por la seguridad de turistas y locales que realizan actividades recreativas en áreas de esparcimiento y cuerpos de agua en Guajataca, quienes supuestamente se han visto expuestos a peligro ante la ausencia de alarmas de emergencia para desalojo.

Durante una vista ocular celebrada esta mañana por la Comisión cameral de Desarrollo Integral del Oeste de Puerto Rico, que preside la representante Maricarmen Más Rodríguez, se aclararon inquietudes en cuanto a las fechas para completar cada una de las tres fases que comprende el proyecto, según anticipó La Isla Oeste en primicia en junio pasado.

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La ingeniera Maricarmen Crespo, directora de la construcción a cargo de la USACE, junto al ingeniero Wilmer Varela, explicaron que actualmente el proyecto se encuentra en la segunda fase que supone terminar en septiembre de este año. Para ese mes, debe haberse estabilizado el flujo del agua por el aliviadero hacia las tomas de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Entonces procede pasar a la tercera fase, que termina a finales de 2019. La primera fase concluyó en febrero pasado.

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Pero más allá de las preocupaciones que puedan levantar los asuntos relacionados al suministro de agua potable, existe malestar de los residentes circundantes a la represa debido a las condiciones en que se encuentran las carreteras que dan paso a sus comunidades.

José Ríos Vélez de 71 años vive con su esposa en el kilómetro 1.7 de la carretera 476 en barrio Plana, en la guardarraya de San Sebastián. El matrimonio -que vivió el desalojo en septiembre pasado y pudo regresar a su casa 12 días después- dice que durante dos meses tuvieron que tomar una ruta que les demoraba casi una hora para llegar a su casa, debido al cierre de los accesos.

“Imagínate, hasta sin carro nos hemos quedado. La guagua mía está ‘esbaratá porque he tenido que dar una vuelta por el Pitirre para ir hasta el Ciabo, para después ir a San Sebastián hasta ir a Quebradillas, a donde hay que ir a buscar los medicamentos”, expresó el septuagenerio. Ahora, don José teme que les cierren otro tramo de la carretera, pues dice haber visto ya colocados “unos muros” que le anticipan un cierre a la ruta que les lleva hacia su residencia.

Asimismo, Edwin Reyes Aponte y Julith Janette Feliciano, vecinos de la planta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al filo de la represa, se encaminaron hoy hacia la vista ocular para hacer sentir sus preocupaciones. “Nos vemos afectados por el camino que está malo para ir a nuestros trabajos”, dijo la mujer, secundada por el hombre. “También se nos ven afectados los ancianos, porque si se enferman, en la forma en que está la carretera se perjudican (para salir, de ocurrir una emergencia de salud)”, acotó la residente.

Reyes Aponte señaló que “ahora mismo la preocupación mayor son las carreteras porque están bien malas. Nuestros vehículos están sufriendo daños mecánicos y se le ha notificado a las autoridades y hacen caso omiso”, acotó, asegurando que no solo a ellos se les ha dañado el carro debido a las condiciones en que se encuentran las calles.

El ingeniero Emilio Garay, director de la Directoría de Obras Públicas, dijo que precisamente el brindar el acceso a las comunidades fue su primera misión durante la emergencia y descartó que se vaya a cerrar ningún tramo de la carretera próximamente.

“Se están trabajando una serie de planes de emergencia donde se tienen que prever futuras situaciones y establecer puntos de control para el tráfico -eso no se ha determinado todavía el lugar exacto- pero básicamente para controlar el tránsito en caso de (emergencia)”, puntualizó el ingeniero.

Ante esto, Libertad Muñíz, portavoz de los residentes ripostó diciendo que “han tratado de poner unos portones en la carretera 476 -a lo cual nos opusimos- y muchos ciudadanos piensan que van a cerrar esto eventualmente”, señaló. La mujer recordó que durante la emergencia, cuando se cerraron accesos, los residentes se aventuraban a atajar por caminos bien peligrosos, lo que a su entender es un problema de seguridad. “En caso de emergencia no nos pueden privar de nuestro acceso principal que es la Carretera 476. Aquí tenemos un caminito que conduce a parte de la comunidad y está  en pésimas condiciones”, expresó.

Otro problema que destacó la portavoz es el asunto de las alarmas de desalojo que recientemente se instalaron, puesto que ni los turistas ni los locales las saben identificar. “Si estas personas escuchan esas sirenas no van a saber qué hacer”, dijo. Sugirió entonces que se coloquen rótulos que adviertan sobre peligros en los cuerpos de agua y el sistema de alarma en caso de emergencia.

El director regional del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Elvin Morales, mencionó que no se descarta tomar control de veredas peligrosas y de ser necesario trazar un perímetro para evitar tragedias. También dijo a la Comisión cameral que ya está encaminado un plan de desalojo de emergencia “que conlleva la participación de todas las agencias”.

“Esperamos que para esta semana esté finalizado y contempla la integración de las sirenas, así como áreas de asamblea desde la escuela que cerró hacia las áreas de refugio”, acotó.

 

El ingeniero Manuel F. Cortés, supervisor de la AEE en relación al proyecto de construcción por parte de USACE, también estuvo a cargo de explicar a la comisión cameral sobre los avances de los trabajos.

Personal de la compañía Del Valle Group (contratista privado) junto a ingenieros de USACE, AEE (dependencia a cargo de la represa), la AAA, Nmead, alcaldes y representantes de la zona oeste, entre otros, caminaron por el lado norte de la represa en la carretera 476 para observar el tubo que se rompió en septiembre pasado, dejando a cerca de 300,000 abonados sin agua durante la emergencia. Se dijo que esta tubería tenía algunos 80 años de instalada.

La comisión cameral calendariza una vista pública para atender los reclamos de residentes y agencias de gobierno sobre los trabajos en la represa, que concluyen en septiembre de 2019.

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