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La Isla Oeste

FMPR: Julia Keleher bajo las órdenes de la Junta de Control Fiscal

La Secretaria Keleher hizo las admisiones en un encuentro con periodistas en Miami, Florida.

Archivo / Suministrada

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) aseguró que “al fin la Secretaria de Educación Julia Keleher se desenmascaró como un instrumento de la Junta de Control Fiscal para desmantelar el sistema de educación de la Isla”.

Según trascendió, desde febrero de 2018 el organismo federal decidió la cantidad de escuelas que cerrarían de acuerdo al plan fiscal impuesto al Departamento de Educación.

De acuerdo a declaraciones de prensa, la Secretaria Keleher hizo las admisiones en un encuentro con periodistas en Miami, Florida, en la Conferencia Anual de la National Association of Hispanic Journalists (NAHJ). En ese foro la funcionaria aceptó que no se realizaron reuniones con las comunidades escolares porque no serían escuchadas.

La Federación de Maestros señaló que finalmente el tiempo les dió la razón.

“Dijimos que el cierre masivo de escuelas respondía a un plan fiscal diseñado por la Junta y aceptado por el gobierno de Ricardo Rosselló que pretendía generar ahorros para pagarle a los bonistas por encima de la educación de los niños y niñas. De hecho, fue el gobernador el que presentó la propuesta en el plan fiscal que sometió en marzo de este año”, señaló Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR en declaraciones escritas.

“Repudiamos que la Secretaria Keleher adopte el discurso de las escuelas de nuestros estudiantes como un mero asunto de dólares y centavos e imponiéndoles el criterio mercantil de costo efectividad. Las escuelas y el sistema educativo son inversiones en el futuro de miles de seres humanos desde su temprana niñez, hasta convertirse en hombres y mujeres capaces y son la base para un desarrollo social sostenido. Quien atenta contra ellas ataca las posibilidades que tiene Puerto Rico de ponerse de pie”, aseguró la líder magisterial.

Martínez Padilla añadió que “los niños no son mercancías. Son seres en desarrollo con necesidades integrales para su formación intelectual y pedagógica. Es un hecho indiscutible que, mientras mayor sea el número de estudiantes por salón, menor será el aprovechamiento académico. Al cerrar escuelas se propicia el hacinamiento e impide la atención individualizada que requiere cualquier proceso de enseñanza”.

La Federación de Maestros cuestionó que la Secretaria de Educación “hable de una crisis fiscal para justificar cerrar escuelas mientras ella se echa al bolsillo $250,000 anuales y reparte millones de dólares en contratos a asesores y consultores”.

Hace unos días se anunció que estaba en proceso el reclutamiento de 14 mentores en Estados Unidos que dirigirán las regiones educativas LEA (Agencia Educativa Local) con salarios de sobre $150,000 anuales. “Los fondos para las escuelas no aparecen y hay que cerrarlas pues deben “superar los criterios de costo efectividad”, pero para los contratos extravagantes la pluma del dinero sigue abierta”, declaró Martínez Padilla.

La dirigente sindical afirmó que “se ha confirmado que el Departamento de Educación ha mentido en el tribunal en los casos donde las comunidades reclaman que las escuelas permanezcan abiertas. Allí han dicho que se hizo un estudio minucioso por parte de los superintendentes escolares y los directores regionales para determinar que planteles debían cerrarse. Ahora Keleher no sólo admite que no le dió espacio a padres, madres y maestros de las escuelas a cerrar para expresarse sobre esta determinación, sino que no puede precisar los criterios usados, más allá del presupuestario”.

Martínez Padilla destacó que “uno de los sectores más golpeados por los cierres son los niños y niñas del Programa de Educación Especial que verán afectadas sus terapias y otros servicios al depender de la transportación que pueda ofrecerles el Departamento de Educación. Han trasladado estudiantes a escuelas que no tienen las facilidades para atender a estos estudiantes, lo que incrementará los gastos”.

La portavoz federada llamó a “exigirle responsabilidad a los protagonistas de este ataque contra la educación de los niños”.

“La Junta, el gobernador Rosselló y la Secretaria Keleher han actuado de común acuerdo para cerrar escuelas, dejar en la calle a miles de maestros y limitar el ofrecimiento académico a los estudiantes. Al 24 de julio de 2018,  ningún maestro del programa de Educación Especial, tanto salón recurso, como salón a tiempo completo ha sido reubicado. Tampoco han especificado los “proyectos especiales” que asignará atropelladamente a más de 1,100 educadores”, dijo.

“Felicitamos a las comunidades escolares que en distintos planteles se han mantenido en guardia, ofreciendo una resistencia formidable a este atentado contra la niñez. Algunas de ellas han logrado que se revoque el cierre de sus planteles. La educación es el más importante valor que tiene nuestro pueblo y tenemos todos y todas que defenderla”, concluyó.

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