La Isla Oeste

OPINIÓN: Qué significa la demanda por la Junta a suplidores del ELA

Lcda. Damaris Quiñones Vargas / Suministrada

Por Lcda. Damaris Quiñones Vargas

Hasta el 2 de mayo de 2019 se han radicado cerca 230 demandas a suplidores de bienes y servicios del ELA por parte de la Junta de Control Fiscal y el Comité de Acreedores no Asegurados Bajo el Título III de PROMESA. La Junta ha entrado a este escenario por una estipulación que les permite fiscalizar la deuda del Estado y recobrar cuantías pagadas fraudulentamente conforme a las disposiciones del Código de Quiebras aplicables a PROMESA y a leyes estatales que cobijan al Estado en caso de insolvencia.                   

Este asunto es de vital importancia para cientos de suplidores del Gobierno. Aunque cada caso tiene sus particularidades, en las reclamaciones de la Junta se alega que las acciones son para recobrar transferencias de dinero o bienes que se consideran fraudulentas bajo el Código de Quiebras y Leyes estatales.

El argumento de la Junta es que el Gobierno de Puerto Rico realizó pagos o transferencias estando ya insolvente, por lo que los mismos deben ser devueltos si no se cumple con los criterios de la ley, tales como contratos válidos conforme a las leyes del Estado, ya que los fondos para dichos pagos debieron ser retenidos para el pago de las deudas generales garantizadas con bonos.

Toda transferencia de dinero realizada por el ELA requiere cumplir con la documentación requerida tales como contratos válidos y en algunos casos sometidos a la Oficina del Contralor, así como la debida facturación de la que el Estado en esta demanda alega no tener evidencia.

El carácter fraudulento que reclama la Junta alegadamente estriba en que al estar el Gobierno insolvente, le impuso al suplidor y acreedor la responsabilidad de que “debió haber sabido de la incapacidad o insolvencia del Estado” y, de ese ser el caso y haber los contratos o documentación, los mismos deben ser declarados nulos por lo que los demandantes tienen derecho a recobrar dichas cuantías de dinero.

El desenlace de estos procedimientos es incierto, ya que si bien los posibles demandados recibieron cartas estableciendo que se radicarán acciones en su contra, pero que tenían la alternativa de extender el término de radicación de la demanda para evaluar el caso, muy pocos suplidores se acogieron a dicho término.

El desenlace de esto es que próximamente los demandados estarán recibiendo la notificación de la demanda en su contra. Entonces estarán en la obligación de contestar las demandas y defenderse ya que si tienen la documentación y pueden probar la legalidad de sus pagos, el Estado no tiene el derecho absoluto a recuperarlos si se cumplió con la ley.

Si está usted en esta situación, es importante tener evidencia de sus contratos, facturas y toda la documentación relacionada a la reclamación que se le incluye en la demanda para poder defenderse con un abogado experto versado en quiebras.  

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