La Isla Oeste

SERIE ESPECIAL II: Alto volumen; impune el ruido ambulante

La agresión acústica parece quedar impune ante la falta de acción, tanto de parte de la ciudadanía como del Estado.

Caravana Elecciones 2016 / Archivo One Red Media

“La audición es una facultad muy valiosa. Daños auditivos provocados por el ruido excesivo son irreversibles. La pérdida de audición merma la calidad de vida general de las personas afectadas y aumenta el costo de la atención sanitaria para la sociedad. La pérdida de audición provocada por el ruido es prevenible, así que, cuida tu audición”.

Organización Mundial de la Salud

Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

No es lo mismo emitir sonido que ruido. Sin embargo, muchos “toleran” el alto volumen como algo cultural. Hablamos en voz alta, escuchamos música a todo volumen -sobre todo en verano- y hasta se ejerce el proselitismo por altavoces para que se escuche a varias cuadras del culto y/o mitin político.

Ciertamente la mesura no es aliada de las campañas políticas en tiempo eleccionario, cuando se pasean por las calles las guaguas armadas con aparatosas bocinas que difunden canciones de propaganda.

Archivo

Tampoco se miden quienes llegan a la playa queriendo escuchar música a alto volumen, sin importarles que otros estén allí para disfrutar de un día tranquilo en ausencia de ruido antropogénico.

Suministrada

Pero, ¿cómo defendernos de estas armas de agresión acústica? En efecto, la contaminación por ruido está regulada en Puerto Rico por varias agencias y en diferentes espectros. Sin embargo, esta agresión acústica parece quedar impune ante la falta de acción, tanto de parte de la ciudadanía como del Estado.

Desde la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Policía de Puerto Rico hasta ordenanzas municipales rigen leyes y reglamentos, sin dejar fuera otros proyectos de ley que están ante la consideración  de la Legislatura de Puerto Rico.

Según Vanesa Villafañe Cruz, pasada gerente interina del Área de Control de Contaminación por Ruido en  la JCA, la agencia se rige por un reglamento, que presenta zonas emisoras y receptoras ubicadas en: zonas residenciales, comerciales, industriales y de tranquilidad, las que a su vez se dividen en periodos nocturnos y diurnos. A modo de referencia, la zona de tranquilidad requiere que el ruido no pase de los 55 decibeles (dB) y la industrial de 75 dB.

Villafañe Cruz destacó que las vías para querellarse ante la JCA es llamando al 787-767-8181 con la Oficina de Ayuda al Ciudadano. Para esto, el ruido debe ser constante –de 15 minutos o más- o que consistentemente el ciudadano se vea afectado, digamos diarios o cada cierto tiempo periódico.

No obstante, la funcionara de la presente administración, aclaró que la JCA al momento solo atiende querellas por ruidos en estas zonas y no interviene con sonidos emitidos por vehículos o emisores ambulantes.

“No podemos ir detrás del vehículo para medirle los decibeles”

Vanesa Villafañe Cruz, JCA

“A la Ley 71 (de Delitos Contra la Paz Pública o para Suprimir los Ruidos Innecesarios) quien le da cumplimiento es la Policía de Puerto Rico”, puntualizó Villafañe. “Es importante que sepan que nosotros no intervenimos con todos los ruidos, hay excepciones como la voz humana o ladridos de perro o animales. Regulamos la voz cuando está amplificada con equipos como micrófonos o megáfonos que la aumenta”, explicó Villafañe Cruz.

En estos casos, se supone que los inspectores activen un proceso administrativo emitiendo una primera notificación al infractor. Si la persona no corrige la falta, se refiere a la oficina de asuntos legales de la JCA para iniciar un proceso legal ante un oficial examinador y respectivas multas. En la mayoría de los casos (casi el 98% de las querellas), las personas (infractores) corrigen las faltas, según explicó Villafañe Cruz.

“Cuando un altoparlante está dentro de un carro –que es una fuente movible- ahí le toca a la Policía dar el cumplimiento a la ley”, acotó Villafañe Cruz.

En lo que va del año 2019 el Negociado de Patrullas de Carreteras ha expedido 679 boletos por ruidos innecesarios, según confirmó la oficial de prensa del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Karixia Ortíz.

Foto One Red Media / Archivo

Expertos afirman que las querellas han mermado porque la gente se ha cansado de intentar radicar querellas. En otras palabras, han perdido la fe en la autoridades para el control de la contaminación acústica.

A preguntas de La Isla Oeste, el profesor José Alicea Pou, exdirector del Área de Control de Ruidos y Querellas Ambientales (2002-2009) y del Área de Control de Ruidos y Contaminación Lumínica (2013-2016) de la JCA en Puerto Rico, explica que aunque hay disposiciones legales y algunas ordenanzas municipales, al  parecer el gobierno no tiene suficientes garras para atajar el problema del ruido.

Resulta que, cuando un policía procede a intervenir con alguien por violentar la Ley de Delitos Contra la Paz Pública, tiene que establecer ante el Tribunal los elementos del delito -que constituye uno menos grave- y en la mayoría de las veces, los casos se caen porque el juez les exige la medición de ruido. En un tiempo, la intención de la JCA fue crear una unidad especializada con sonómetros, pero aparentemente el Área de Control de Ruidos fue desmantelada con  la implementación de la nueva política ambiental, que fusionó a la JCA con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

De otra parte, Alicea Pou señaló que en principio, la Ley 22 de Tránsito también aplica a todo vehículo que emite ruido, pero “parece enfocarse en el ruido del mofle y el motor” y tendría que probarse que hubo alguna modificación.

Armas de agresión acústica

Existe jurisprudencia federal que considera el sonido por altavoces como armas de agresión acústica.

Foto One Red Media / Archivo

Según el profesor Alicea Pou, hace décadas surgieron casos en los que se planteaba que la música es considerada como libre expresión y debía probarse el interés apremiante de porqué limitar ese derecho. Cuando los casos llegaron a los Tribunales de Estados Unidos, se planteó el posible daño a los ambientes acústicos por parte de estos equipos de amplificación de audio, a los que se les llegó a considerar armas de sonido.   

“Esa jurisprudencia del Tribunal Supremo es importante porque reconoce la obligación que tiene el Estado de atender esa magnitud de amplificación”, puntualizó el profesor egresado del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Otro es el caso del contenido de los sonidos amplificados, que aún se amparan en el derecho de libre expresión. Al día de hoy, consumir material moralmente cuestionable  -como la pornografía- puede ser penalizado. No así el contenido de las líricas musicales que se escuchan a todo volumen desde el carro detenido en semáforo o en el carro estacionado en la playa, o en el bote anclado en los cayos de La Parguera, por dar ejemplos.

Este tema, Alicea Pou, lo ve incluido dentro del contexto de salubridad pública en Puerto Rico, “de cómo el ruido perjudica la calidad de vida de las personas y les afecta el disfrute de su tranquilidad”.

“El ambiente acústico comunitario es de dominio público; Ósea, nos pertenece a todos y no es de nadie en particular. Nadie puede o debe ejercer actos de control para dominar, transformar, modificar o evitar que el mismo se mantenga inalterado del estado que la comunidad en general reconoce como pacífico, tranquilo y apto para promover una excelente calidad de vida”, plantea Alicea Pou en su ponencia magistral Los ruidos y el dominio público del ambiente acústico comunitario en Puerto Rico.

Todos somos custodios y responsables de defender el dominio público del ambiente acústico comunitario, y eso incluye a la Policía”

– Alicea Pou

En el caso de los botes y motoras acuáticas, quien rige la ley es el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Actualmente, existen en trámite legislativo dos medidas que abordan el ruido emitido desde los vehículos de motor y los botes en la zona marítimo terrestre. Uno es el Proyecto de la Cámara 1838 de la autoría del representante José E. Torres Zamora que busca prohibir cualquier tipo de competencia de amplificación de sonido o “voceteo” en las vías públicas, prohibir que por las vías públicas transiten vehículos de motor a los que se les haya alterado o modificado el sistema o equipo de sonido de fábrica o instalado pieza o cualquier otro dispositivo o aditamento con el propósito de producir ruido.

Suministrada

El otro es la Resolución de la Cámara 0421, del representante José O. González Mercado, que busca enmendar –entre otras cosas- la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”; y cualquier otra ley aplicable a la contaminación de ruidos en las playas de la Isla.

Sobre esto, Alicea Pou, observó que “el estado no puede prohibir el uso de amplificación; lo que puede prohibir es el tiempo, lugar y manera”, dijo, recomendando medir la naturaleza del lenguaje de la medida. “Es una buena intención, pero una prohibición absoluta de la amplificación es irrazonable”, acotó el experto, señalando que la medida se presta para la arbitrariedad.

En el caso de los vehículos que utilizan para campañas políticas, con grandes equipos amplificadores instalados, no encontramos reglamentación en Puerto Rico contra estos. Empero, ciertamente, si alguien reclamara y probara que ha recibido daño auditivo ocasionado por la exposición al sonido que emiten, el político o responsable podría enfrentar controversias.  

Nota relacionada: SERIE ESPECIAL I: Alto volumen; ¿Música o ruido sobre ruedas?

En la tercera y última parte de la Serie Especial Alto Volumen, presentamos: Daño irreparable; donde exponemos las consecuencias de la exposición al ruido y consejos de expertos para evitar la contaminación acústica, entre otros aspectos.

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