La Isla Oeste

Alcalde de San Sebastián escuchará primero a la JCF antes de oponerse a la fiscalización de municipios

“Lo primero que hay que hacer, dentro de la realidad que tenemos, es comunicarnos”.

Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez. 2019 / One Red Media

Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

Para el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en crear una serie de “condados” para atajar la crisis que viven los municipios en la Isla no es viable; pero tampoco le resulta viable “no hacer nada”.

La alternativa que analizó positivamente el primer ejecutivo pepiniano es que la Junta de Control Fiscal (JCF) intervenga, lo que en su opinión podría fortalecer las finanzas municipales.

Precisamente, la JCF anunció en su última asamblea pública la designación de los 78 municipios como entidades cubiertas bajo la Ley federal PROMESA, en aras de lograr su viabilidad fiscal a largo plazo. Inicialmente, la Junta trabajará un proyecto piloto con 10 municipios para que desarrollen sus planes fiscales y presupuestos a ser certificados por la Junta.

“Hemos escuchado a los alcaldes. Estamos siendo proactivos para ayudarles a delinear e implementar un plan que los aleje de la insolvencia y los lleve a la estabilidad fiscal, desarrollo económico y que puedan seguir haciendo lo que hacen mejor – servir las necesidades de sus constituyentes”, dijo el presidente de la JCF, José B. Carrión a los medios.

Según se dio a conocer, entre los 10 municipios está San Sebastián, Isabela, Quebradillas, Camuy, Orocovis, Aibonito, Barranquitas, Cidra, Comerío, Villalba.  Cada ayuntamiento –que en su mayoría mantiene un superávit financiero- tendrá que incluir en sus planes fiscales: reducciones de gastos y medidas de eficiencia, tales como acuerdos intermunicipales de servicios compartidos, programas para mejorar y optimizar el uso de fondos federales y aumentar la recaudación de ingresos, así como estrategias de desarrollo económico.

Para Jiménez Pérez, esto responde a la realidad que viven los municipios y crearía una radiografía de la estructura de gobierno de los municipios, lo que permitiría mejorarla. Aunque, sostuvo que sigue pensando que “la Junta de Control Fiscal es un bochorno para el pueblo de Puerto Rico”, por el hecho de que son siete miembros que tienen el poder absoluto sobre el pueblo, tienen preponderancia, lo que “dentro de un sistema democrático no debe ser aceptado”.

Sus expresiones se dieron hoy, luego del anuncio de la primera escuela especializada en artes y deportes en Puerto Rico, la Escuela Intermedia Ernestina Torres.

Cabe mencionarse que la alcaldesa de San Juan y aspirante a la gobernación, Carmen Yulín Cruz, dijo este fin de semana que considera entablar una demanda contra la JCF por el asunto de la fiscalización a los municipios.

Para Jiménez Pérez “lo primero que hay que hacer, dentro de la realidad que tenemos, es comunicarnos”, despachó a preguntas de La Isla Oeste. “Todavía ningún alcalde sabe el alcance de la intervención de la Junta en nuestros municipios”, dijo, señalando que hoy, martes, hay una reunión de alcalde en Orocovis y mañana en Isabela, para discutir opiniones.

Aunque dijo estar a favor de escuchar primero a la Junta, no descartó levantar cualquier recurso legal –como lo ha hecho en el pasado con agencias de gobierno- si ve que va en detrimento a los ayuntamientos. “Pero primero, quiero establecer ese dialogo”, dijo.

“Disparatada” la idea de los condados

Recordamos que en marzo pasado Rosselló Nevares presentó la propuesta de un nuevo modelo de gobierno que incluiría un sistema de condados como parte de una estructura autónoma de gestión de servicios al Pueblo a nivel de todo Puerto Rico.  “La propuesta no conlleva eliminar municipios; sí conlleva un cambio de lo que serían las funciones del gobierno entero. Buscamos bajar servicios del Gobierno central —como seguridad pública, salud, educación, vivienda y familia— hacia las regiones, que en un sinnúmero de jurisdicciones se dan con mayor efectividad y eficiencia, además del ahorro fiscal que conlleva”, dijo entonces el gobernador.  Según Rosselló Nevares, la propuesta de consolidación de servicios proyecta un ahorro potencial de $1,068 millones, y los municipios se clasificarían de acuerdo con cuatro niveles; y proveerán servicios según su capacidad.

Esta opción –según Jiménez Pérez- “traería más sufrimiento a la gente” y representa un costo de sobre $200 millones establecer la estructura, alejando al gobierno local de los ciudadanos. “No cabe en ninguna cabeza que los gobiernos se alejen de la gente. En los sistemas democráticos es todo lo contrario; hay empoderamiento de esas comunidades a través de los gobiernos locales”, sentenció, afirmando que el gobernador debe disponer de los asesores que le han vendido la propuesta que cataloga como “disparatada”.

La otra opción, de no hacer nada -dijo- conllevaría a que “en 2022-23 van a colapsar los municipios, lo que crearía un desfase peor”. Esto, según explicó, debido a la condición económica de muchos municipios, para el 2022-23 desaparecerían “toda vez que las cargas que nos ha impuesto el gobierno a los municipios han afectado significativamente sus finanzas”. Agregó a esto que el gobernador eliminó hace dos años las leyes  especiales dentro del Plan Fiscal, las “que allegaban a los municipios 410 millones de dólares que se utilizaban para pagar las cargas que el gobierno central históricamente había impuesto y que le cuestan a los municipios alrededor de $440 millones”, afirmó.

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