La Isla Oeste

COMENTARIO: Quitándole la máscara a la corrupción

Por Miguel A. Varela Pérez

Ante la escalada de arrestos y señalamientos por parte de los federales sobre posibles delitos en el uso de recursos  se ha visto y leído publicaciones, en las redes sociales y en periódicos regionales y de alta circulación. En estas se presentan fotos, memes e historias sobre algunos de los eventos y acusados recientemente por los federales. Algunos de mofa, otros de indignación, otros de análisis prudentes y algunos que sorprenden, no por su publicación, claro haciendo uso de la democracia en Puerto Rico, si por quienes los publican y por la defensa que alegadamente hacen de las acciones señaladas. Estas publicaciones contienen  una lista de algunos de los imputados y su relación de inicio laboral o contratación de asesoría con administraciones anteriores, también han publicado una lista de los acusados bajo administraciones anteriores.

Es difícil pensar que están haciendo una comparativa dirigida a establecer en que administración se cometen mayor cantidad de actos corruptos, o peor aún, justificar la corrupción como una conducta antisocial aceptable, un patrón que ya es una norma y que hay que aprender a vivir en ella y con ella,  por que antes se ejecutaba de la misma manera. Si esto lo publica “Chenco el Cari Cortao”, el fanático de tribus que es capaz de inmolarse por sus ideales, quizás se podría ignorar o dejar pasar, aunque sigue estando igual de mal, pero no es así. Lo malo es malo, independientemente de dónde venga y bajo las circunstancias en que se dé.

Ningún ser humano, con un mínimo de sentido y razón  puede alegrarse de las desgracias ajenas, debe respetar el principio de presunción de inocencia, pero no se puede justificar lo injustificable como un mecanismo de defensa cuyo propósito es proteger sus emociones. Es condenable lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y hay que prevenir y evitar que siga ocurriendo. De lo contrario seguiremos siendo esclavos y presos de las gríngolas.

Es hora de que los que gobiernan y los que aspiran a gobiernan, lejos de firmar acuerdos de transparencias simbólicos, ejecuten acciones concretas dirigidas a frenar o disminuir el germen de la corrupción. El sistema anticorrupción implantado en Puerto Rico, salvo por el trabajo realizado por los federales, ha fracasado. Han fracasado las múltiples instituciones dirigidas a evitar, mediante acciones de prevención, educación, orientación e investigación que la corrupción se este convirtiendo en una conducta institucionalizada. Ha fracasado la Oficina de Ética, la Oficina del Contralor, el FEI, el Departamento de Justicia. Han fracasado las Unidades de Auditoria Internas que ubican en diferentes agencias, han fracasado las Juntas de Subastas, han fracasado los protocolos de subastas. Ha fracasado la legislatura cuyo inventario de leyes aprobadas para evitar la corrupción han sido letra muerta y no ejecutadas, ha fracasado. Ha fracasado la Administración de Tribunales con todo su andamiaje de procesamiento y enjuiciamiento, con lo lento en llevar a cabo los procedimientos y las múltiples suspensiones de casos.

 No se puede seguir echando culpas a los que gobernaban antes, hay que asumir responsabilidad. Es necesario que se trabajen medidas dirigidas a prevenir que el corrupto disfrazado en contratos, compañías fantasmas y  figuras ya señaladas entren al gobierno como empleados, contratistas, subcontratistas, asesores o cabilderos. Hay que legislar para evitar de una vez y por toda que los que aportan económicamente a las campañas institucionales o de candidatos se les otorgue contratos. Es necesario establecer la prohibición para  que cualquier empresa que tenga cuatro años o menos de incorporación sea contratada por el gobierno o cualquier instrumentalizad pública o legislativa, incluyendo los Tribunales. Hay que empezar a usar los expertos del gobierno, en este caso las universidades, para ofrecer los servicios de desarrollo profesional, desarrollo de protocolos y realización de estudios o asesorías por los que se le otorgan millonadas a los a hijos del espacio politiquero.

En definitiva hay que ser transparente, pero lejos de aparentar serlo, demostrarlo con acciones concretas y discursos de retórica hueca. Se hace imperativo que se limpie el nombre de la isla ante los ojos del mundo, ante los ojos y futuro de los hijos que están creciendo y  los que están por nacer. El propósito final es que la marca de la corrupción sea erradicada.

El autor es residente de Isabela, retirado del Departamento de Educación y ha sido profesor en la Universidad Interamericana de Aguadilla y la UPR- Aguadilla.

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