San Juan. Meros insultos, faltas de respeto, improperios y provocaciones sin más, no son suficientes para que una persona sea arrestada.
Así sentenció Josué González-Ortiz, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un comunicado.
González-Ortiz hizo referencia a una publicación, originada por la Revista de la Policía de Puerto Rico, en la que se promueve el arresto de manifestantes por supuesta alteración a la paz en contra de los policías en eventos de protesta.
“El tono y la manera en que se plantea el asunto se presta a crear confusión entre los miembros de la uniformada en cuanto al alcance de sus funciones y prerrogativas para arrestar a las personas durante manifestaciones. Provoca que de entrada se genere dentro de la Policía una actitud hostil en contra de los manifestantes, aun cuando estén ejerciendo actividades protegidas. Milita en contra de la función inherente de los policías de proteger los derechos fundamentales de todas las personas, cita fuentes de derecho de forma inapropiada y fuera de contexto, y además va en contra de los procedimientos y protocolos elaborados por la Oficina de la Reforma para atender eventos multitudinarios”, censuró el letrado en derecho.
Según recalcó, solamente se justifica el arresto de una persona en una protesta cuando existen motivos fundados de que esa persona en particular en realidad cometió una infracción a la ley, y que la decisión de arrestar no esté vinculada a la intención de acallar la manifestación.
“Es importante, además, tener en mente que en términos generales pueden darse expresiones que aunque ofendan la sensibilidad de alguna persona u oficial, siguen siendo expresiones protegidas por la Constitución, y cuya censura y represión representan una violación de derechos fundamentales”, abundo en declaraciones escritas.
“Así que invitar de forma preventiva a los oficiales de la Policía a que hagan arrestos en manifestaciones por supuesta alteración a la paz es una invitación innecesaria a la censura, la hostilidad entre las partes y la violencia. A tenor con los principios que rigen la Reforma, además de mantener la seguridad pública, es el deber de la Policía proteger, fomentar, adelantar y facilitar el ejercicio de derechos fundamentals”, añadió.
Ante la inminente ola de protestas, González-Ortiz opinó que es el deber del Superintendente de la Policía, José Caldero, y de la Oficina de la Reforma de la Policía de Puerto Rico orientar a todos los oficiales, especialmente a aquéllos a ser activados en eventos multitudinarios, sobre los protocolos aprobados para atender estas situaciones, y asegurarse que los oficiales de campo y los supervisores estén debida entrenados para llevar a cabo prácticas policiales de forma constitucional.
“La ACLU exhorta a que de forma inmediata se hagan las gestiones educativas que sean necesarias, y asimismo que se divulgue un comunicado que aclarare la función de la Policía durante eventos de manifestaciones y protestas, las cuales están protegidas por la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos, según requiere la Reforma”, concluyó el abogado de la ACLU.
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