Organizaciones advierten que la tarifa de AEE aumentará aún más si se aprueba el acuerdo con los bonistas en febrero
Diversas organizaciones sin fines de lucro, ambientalistas y del sector solar en Puerto Rico advirtieron que la tarifa del servicio eléctrico aumentará aún más. Esto, si se aprueba el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), conocido como “Restructuring Support Agreement” (RSA).
Actualmente, la AEE, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) están en el proceso de renegociar el acuerdo con los bonistas. Este acuerdo se firmó a puerta cerrada por la pasada administración en mayo de 2019, recordaron.
El RSA propone un aumento escalonado en la tarifa de energía eléctrica que aumentará en más de 4 centavos la factura de luz de la ciudadanía, los comercios, las industrias y hasta el propio gobierno.
Es un impuesto distinto
El doctor Lionel Orama, miembro del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI), explicó:
“Este aumento es un impuesto negociado por el gobierno en el acuerdo RSA y es muy distinto al reciente ajuste por combustible. El aumento en el RSA solo sería para pagar deuda. No mejora los servicios que brinda la AEE. Si su familia está pagando $150 de luz, con ese impuesto del RSA empezaría a pagar un promedio de $182. A eso hay que sumarle otros aumentos, como el que nos anunciaron la semana pasada”, dijo.
Un problema grave del RSA es que obliga al pueblo de Puerto Rico a pagar la deuda aún cuando hacerlo comprometa sus necesidades básicas y hasta los ponga en riesgo en caso de una emergencia.
“El pago de la deuda no puede ir sobre las necesidades básicas de los puertorriqueños. El acuerdo que se presentó el año pasado dispone que, sin importar la emergencia que atraviese la isla, no se podría detener el pago de la deuda negociada”, destacó Charlotte Gossett Navarro, directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico.
“Este tipo de garantías en el contexto que ha vivido Puerto Rico entre huracanes, terremotos y pandemia pone en riesgo el acceso a una vida digna, segura y justa para las comunidades. No debemos aceptar que el acuerdo renegociado siga poniendo al pueblo de Puerto Rico en segundo lugar”, afirmó.
La JSF presentará ante la jueza Laura Taylor Swain un plan de ajuste de la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que incluye la deuda de la AEE, para el próximo 10 de febrero de 2021.
Envían carta
Ante la inminencia de que la nueva administración comprometa al pueblo contractualmente y la importancia de lograr un acuerdo justo para el pueblo de Puerto Rico, diversas organizaciones enviaron una misiva al gobernador Pedro Pierluisi, AAFAF y AEE. La carta exige que tomen esta oportunidad, demuestren la transparencia de su gobierno y corrijan los errores del pasado acuerdo en el proceso de renegociación. Esto, incluyendo que comuniquen efectivamente al pueblo sus recomendaciones para el acuerdo antes de firmarlo.
Las organizaciones Hispanic Federation, Solar Energy Storage Association (SESA), INESI, El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, ACONER, Comité Diálogo Ambiental, y Sierra Club de Puerto Rico, también solicitan que se establezcan vistas públicas y mecanismos efectivos de participación ciudadana.
Adriana González, organizadora del Sierra Club de Puerto Rico, indicó que “es inaceptable pretender que el pueblo pague la deuda del RSA y que no se le provea participación en el proceso. Se tienen que presentar mecanismos de participación pública en estos procesos de negociación del RSA para que profesionales, académicos, individuos y entidades puedan expresarse sobre el mismo. Exigimos que se lleven a cabo procesos de vistas públicas y periodos de comentarios escritos para una discusión verdaderamente pública y transparente de este acuerdo”.
Las organizaciones también reclaman que el gobierno considere los estudios que se realizaron sobre los impactos socioeconómicos negativos del acuerdo original en el país. Además, reconocen que el gobernador, Hon. Pedro Pierluisi, positivamente rechazó públicamente el impuesto al sol en agosto de 2020, como candidato a la gobernación. El actual RSA propone un cargo sobre la energía solar que generen los clientes de la AEE, lo cual desincentiva la integración de energía renovable a la red eléctrica del país.
“De aprobarse según propuesto, el impuesto al sol aumentaría dramáticamente el costo de los sistemas fotovoltaicos, hasta un 50%”, advirtió PJ Wilson, presidente de SESA. “Además, este impuesto está expresamente prohibido por la Ley 17 de 2019, que busca un Puerto Rico resiliente mediante generación 100% renovable. Es hora de repensar radicalmente el actual RSA y alinear los intereses de los bonistas con el mejor interés del pueblo puertorriqueño y con la política pública legislada, no al revés”.
“Más aún, el RSA se acordó sin participación de la gente, y a espaldas de la entidad reguladora independiente del sector eléctrico: el Negociado de Energía. La forma correcta de tener una conversación productiva y justa sobre temas tarifarios es teniéndola en el Negociado de Energía, con todas las partes interesadas” añadió Wilson.
Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental denunció que, “El acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEEPR mediante el cobro propuesto a las personas que instalan sistemas solares en sus techos perpetúa el sistema eléctrico centralizado y basado en la quema de combustibles fósiles que tanto daño hace a las comunidades de Guayama y Salinas y otras comunidades cercanas a la planta de generación de energía.”
De hecho, el RSA requiere enmendar la Ley 17-2019, Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, para poder implementarse. Amy Orta, coordinadora de Política Pública Ambiental en El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, explicó que esta ley “establece como motivo de la ley, el efecto que tiene en el clima los gases de efecto invernadero. Estos gases son expedidos por las plantas de combustibles fósiles. El aprobar el RSA propuesto, donde impone un cargo a la generación de electricidad a base de energías renovables, retrasa cualquier cambio de vanguardia que la ley intenta lograr”.
“No podemos seguir cargando al pueblo con pagos que no proveerán cambios a una red eléctrica confiable, local y de energía renovable. La deuda que está siendo negociada tiene que ser auditada por un ente independiente, ya que el pueblo puede terminar pagando una deuda ilegal”, añadió González.