Al tribual caso sobre permisos edificio Rincón

Por Víctor Manuel Vázquez Domenech

El presidente de la Junta de Planificación (JP), la directora de la donde E. Us thin as.Oficina de Gerencia (OGPe) y el presidente del Colegio de Ingenieros están citados hoy a una vista judicial en el Tribunal de Aguadilla para presentar al Juez Abid Quiñones Portalatín sus argumentos del proceso de otorgación de permisos para una construcción de un edificio residencial en el barrio Puntas de Rincón que tiene una sentencia de demolición desde el año 2020.

Así lo explicó el licenciado Miguel Sarriera Román, uno de los abogados que representa legalmente a la Asociación Vecinal del Barrio Puntas de Rincón, en entrevista para el programa Desayunando de la emisora radial WABA 850 AM.

El abogado detalló que cuando la construcción comenzó y tenía sus letreros donde proponían una construcción de dos plantas y todo estaba bien. Empero observaron que empezaron a construir una tercera planta por lo que los vecinos no querían un edificio tan grande por cuestiones de infraestructura, tránsito vehicular y de mantenerlo en baja densidad.

“En ese proceso se descubrió que en realidad no era un edificio de dos plantas y tres apartamentos como se había anunciado en el letrero, sino que era un edificio de cinco plantas y doce apartamentos. Algo totalmente diferente”; relató.

Es entonces que los vecinos deciden moverse para evitar esa construcción y llevan el caso al Tribunal de Aguadilla en el año 2018.

Después de la vista hubo una sentencia en febrero de 2019. Lo que decidió el juez, a base de la prueba que se vió, fue que el proponente del edificio y el ingeniero que estaba trabajando con él, habían informado ante la OGPe que iban a hacer un edificio de dos pisos y dos apartamentos cuando en realidad lo que estaban construyendo era algo totalmente diferente y sin los planos certificados.

“El Tribunal determinó, entre otras cosas, que el permiso que se obtuvo, se obtuvo fraudulentamente. Determinó que en el proceso de solicitud de los permisos hubo fraude. Tomo esa determinación y puso la penalidad más severa que se puede poner en este tipo de actividad, que fue la demolición”; agregó.

Los proponentes, Andrew Gasparro y el ingeniero Cardona apelaron pero el Tribunal Apelativo ratificó la sentencia del Tribunal de Aguadilla. Además, fueron hasta el Tribunal Supremo quien no lo acogió.

“Tenemos una sentencia final y firme”; exclamó.

Entonces, después, los vecinos acuden al Tribunal a radicar un desacato contra los proponentes para que se a haga cumplir la sentencia y para sorpresa en la vista, los proponentes aparecieron con un permiso de construcción nuevo legalizando todo lo que habían hecho durante el proceso.

“Ese permiso legaliza lo que el Tribunal había encontrado que se había obtenido fraudulentamente y había ordenado la demolición. Eso genera un conflicto entre la OGPe, que emite este permiso legalizando la obra y sentencia del Tribunal, que dice que se tiene que demoler. No es posible legalizar algo que se tiene que demoler. Tiene que se me una cosa o la otra”; argumentó.