Por Maria Cotto
Aguadilla. El alcalde Carlos Méndez Martínez hizo pública su aspiración a pertenecer a la Junta de Control Fiscal federal que se rumora sería implantada inminentemente durante el presente año en la Isla.
“Aunque no estoy de acuerdo de la forma en que se ha establecido completamente, entiendo que para elaborarla, para dialogarla y cambiarla hay que estar adentro. Lo que pido en una carta certificada al presidente Barack Obama es que entre esos cinco miembros, que de Puerto Rico van a ser dos personas, que me incluya a mí en esa Junta de Control Fiscal,” sostuvo el alcalde aguadillano.
“Nosotros los alcaldes vamos a ser afectados por esta Junta ya que estamos haciendo trabajos que le corresponden al gobierno estatal. Esta Junta nos afecta directamente y por eso pido la representación de todos los municipios de Puerto Rico y de los puertorriqueños en general. Creo que la mejor forma de cambiar las cosas es participando en ellas”, agregó.
Méndez Martínez destacó entre las fortalezas como aspirante, su dominio del inglés y su capacidad administrativa.
“He demostrado que sé preparar un presupuesto y mi municipio es el único en Puerto Rico que le paga a sus empleados a $10.25 la hora con un superávit de $11 millones”, agregó.
El veterano alcalde restó importancia a las críticas diciendo que “a pesar de las críticas fui presidente del partido Republicano. Una vez dije que quería ser presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y aun con mucha crítica, fui presidente. Si me quedo callado, no tomo ese primer paso, no lograría nada”, señaló.
La Isla Oeste solicitó copia de la carta, a lo que el Primer Ejecutivo municipal aguadillano se negó por consejo de sus asesores legales. “De ser contestada la carta, entonces sí procederé a hacerla pública,” adelantó Méndez Martínez.
Por su parte, la candidata por el PPD a la alcaldía aguadillana, Noemí Cardona, opinó que Méndez Martínez no es la persona más idónea para representar a los puertorriqueños en la Junta.
“Cualquier ciudadano puede aspirar a participar en cualquier equipo que pretenda mejorar la situación de Puerto Rico. Sin embargo, Aguadilla es uno de los municipios con mayor endeudamiento en todo Puerto Rico, que es la misma situación del gobierno central. Los proyectos para los cuales se ha endeudado no son necesariamente proyectos autosustentables como alega el alcalde”, sostuvo.
Cardona denunció que las comunidades de Aguadilla “se encuentran en total abandono. La administración del alcalde no ha sido una balanceada entre las mega obras que representan aspiraciones personales del alcalde y el desarrollo de los ciudadanos. Las auditorias que ha hecho la Oficina del Contralor de Puerto Rico señalan los malos manejos administrativos y fiscales del Municipio de Aguadilla. Por ejemplo, empresas municipales que no están registradas, pérdidas en las franquicias, las primeras franquicias se fueron a Puerto Rico, transacciones que no están registradas en los libros. El alcalde no tiene el carácter administrativo que represente una sana administración”, detalló la líder popular en ese municipio.
El borrador sobre la propuesta republicana para implantar una junta de control fiscal en Puerto Rico esboza ciertas características del nuevo cuerpo supervisor de las finanzas de la Isla. Entre éstas están:
- La junta operará dentro del Gobierno de Puerto Rico con cinco miembros, más el Gobernador y el secretario del Tesoro federal quienes no tienen voto. Dos de los miembros deben ser residentes de Puerto Rico.
- La junta puede hacer recomendaciones para ser aprobadas por el Gobernador y la Legislatura en primer caso, y si éstos no las avalaran, pueden ser sometidas al Congreso para acción. Las recomendaciones incluyen un sistema de personal basado en el mérito y rendimiento de los empleados, el financiamiento alternativo de los sistemas de retiro, y la estructura del gobierno.
- Todo funcionario público que desobedezca las órdenes de la Junta o les someta información falsa o engañosa puede ser procesado por desacato, como delito menos grave con cárcel de hasta un año y multa de hasta $1,000.
- Decidirá si Puerto Rico puede tomar ir al mercado de bonos y, si lo hace, el dinero va a una cuenta controlada por la junta para desembolso según lo dicte el plan fiscal o presupuesto.
- Todas las leyes aprobadas tienen que ser sometidas a la junta con análisis de costos y, si no son viables fiscalmente, no entran en vigor.
- La junta puede emitir órdenes y reglamentos que tendrán la misma fuerza legal de las emitidas actualmente por el Gobernador o las agencias pero sin estar sujetas a revisión judicial.
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