La Isla Oeste

Apelativo da hasta el jueves por caso Playuela

Deben responder por qué no paralizar los trabajos en lo que se resuelve un recurso de revisión sobre la consulta de ubicación.

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Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

El Tribunal Apelativo concedió a la Junta de Planificación y a la empresa que prepara terrenos naturales del área conocida como Playuela en Aguadilla, hasta el próximo jueves, 21 de noviembre, para responder porqué no debe paralizar los trabajos en lo que se resuelve un recurso de revisión sobre la consulta de ubicación.

La Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste en conjunto con varios ciudadanos activistas por la conservación de las playas, acudieron ayer al Apelativo en solicitud de la revocación de dos conclusiones de la Junta de Planificación, sobre los trabajos que realiza la empresa Caribbean Management Group y Koeninger Development en los terrenos de Playuela.   

Recordamos que hace más de 20 años se aprobó una consulta de ubicación para el proyecto hotelero Christopher Colombus Landing Resort, que luego fue abandonado y hace unos años despertó la movilización de grupos ambientalistas cuando los propietarios de los terrenos reiniciaron los trabajos de remoción de tierra.

“Se presentó ante la Junta de Planificación una petición para que se revoque la consulta de ubicación, principalmente por dos cosas: porque ya perdió vigencia por el transcurso del tiempo; y porque la empresa ha reconocido que bajo juramento en el 2016 –y también surge del expediente que están proponiendo un proyecto distinto al que se planificó y que consta en la consulta (de ubicación)”, explicó el licenciado Omar Saadé Yordán, representante legal del grupo de defensores de Playuela.

La consulta de ubicación –explica el licenciado- “viene siendo ese instrumento de planificación donde se imponen todo tipo de condiciones al proyecto, desde cuales van a ser la estructuras, los pisos que se van a poner, las áreas que se van a requerir, las protecciones que se van a ofrecer a los recursos naturales que hay allí, etcétera”.   

Esta semana un grupo de activias en defensa de las playas del área oeste de la Isla, se movilizaron hacia el sector Playuela cuando nuevamente se encendieron las maquinarias de la compañía constructora para comenzar a tirar relleno de piedra en lo que será un camino, que solo ellos saben a dónde irá, porque no cuentan con permisos de construcción mas allá de “urbanizar” el área, entiéndase el camino.   

Y mientras los ambientalistas documentan el valor natural y arqueológico del sector Playuela por su fauna y flora en peligro de extinción –como la palma de sombrero- la Junta de Planificación aparenta sostener el planteamiento de que ya es tarde para cuestionar si la consulta de ubicación está vigente o no, según explicó el  abogado.    

Por esto, la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste acudió al Apelativo en solicitud de que se revoquen las dos conclusiones de la Junta de Planificación: que es tarde para cuestionar la vigencia de la consulta de ubicación; y que no tiene jurisdicción para atender la solicitud de revocación de la consulta de ubicación, sino que –contradictoriamente- la debe atender la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe).

“Lo que se solicitó ayer fue que detuvieran la construcción en lo que adjudican si las conclusiones que tomó la Junta de Planificación estuvieron correctas o no”, acotó Saadé Yordán, destacando que en lo que hacha va y viene la determinación del Tribunal se podría tornar “académica” (inútil), porque si construyen a base de una consulta de ubicación que luego se declara que es inválida, que no tiene validez, que estaba obsoleta, pues… el daño ya está hecho”, sentenció.

En el ínterin, la empresa no está obligada por el Tribunal a paralizar los trabajos para los que tiene permisos vigentes.

Según el expediente del caso se han presentado otras mociones impugnando autorizaciones que se hicieron en ARPE en la década del 2000 y un recurso solicitando que se hiciera una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Se sabe que la empresa se ve obligada a mitigar daños ambientales y sembrar sobre doscientos árboles en el área dañada por fuegos provocados y otros daños relacionados a las intenciones del desarrollador.

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