San Juan. El gerente de la armería AAA Armory, Víctor González, insistió durante su comparecencia a una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes que el gobierno de Puerto Rico no debe permitir la portación de armas a personas que hayan sido separadas de las Fuerzas Armadas o del servicio público de ley y orden.
Según González, el miembro de mayor antigüedad ante el Comité Interagencial para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas y Municiones en Puerto Rico, ambos casos surgen generalmente de actos de delitos graves, que conllevan depravación moral, y “uno de los requisitos para obtener una licencia de armas es precisamente no haber sido convicto de delito grave o de delito que conlleve depravación moral”.
Explicó que por regla general, una separación bajo condiciones deshonrosas se debe a la comisión de delitos graves tales como asesinato, violación, deserción y espionaje.
“Para que se administre una separación bajo condiciones deshonrosas, la persona tiene que haber sido juzgada por una Corte Marcial y la sentencia impuesta no solo conlleva la separación de las Fuerzas Armadas, sino también la eliminación de cualquier beneficio o paga, tales como beneficios de retiro, salud por la Administración de Veteranos y el Tener y Portar Armas”, expresó González.
Así mismo, González, cuya armería ha servido por décadas desde la Avenida Kennedy, aseguró que el campo está ocupado por la ley federal.
“Aún si en Puerto Rico quisieran obviar esto, ningún armero podría vender armas o municiones a una persona con estas características. Peor aún, sería el propio Gobierno de Puerto Rico quien pondría a estas personas prohibidas en posición de violar la Ley Federal y tener que enfrentar las severas penas por poseer armas y municiones siendo personas prohibidas bajo el 18 U.S.C”, sostuvo.