Por Gabriel Pacheco / Para La Isla Oeste

Alcaldes del área oeste, líderes ambientalistas y el principal asesor del gobernador en temas de basura, consideran que Puerto Rico necesita una nueva ley para el manejo de desperdicios sólidos que fomente la creación de mercados finales para productos reciclados en la isla y que minimice el impacto económico de la basura a nivel municipal.

De acuerdo a la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), en Puerto Rico hay 28 sistemas de relleno sanitario (SRS) que manejan cerca de cuatro millones de toneladas de desperdicios sólidos al año, en su mayoría de origen doméstico.

Sin embargo, una decena de ellos opera bajo órdenes de cierre emitidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) debido a su incumplimiento con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA).

“La realidad es que muchas de estas instalaciones no cumplen con la reglamentación federal, que estipuló EPA en el 1994 de que tenían que implementar sistemas de revestimientos que protegieran el subsuelo y recolectaran las emisiones de gas. Se han quedado operando, pero pronto tendrán que cerrar”, declaró el director ejecutivo de ADS, Antonio Ríos Díaz.

Ríos, quien es el principal asesor del gobernador en cuanto al manejo de desperdicios sólidos, añadió que tres de los siete vertederos de la región oeste están en la lista negra de la EPA.

Este es el caso del vertedero de Isabela que, bajo la administración de L&M Waste, mejora su planta física para cumplir con RCREA; el vertedero de Lajas, que administra el ayuntamiento y solicitó entrar en un proceso similar al de Isabela; y el basurero de Moca, que lo administra la entidad privada Moca Eco Park Inc. y opera sin miras al ajuste ambiental.

Debido al cierre de vertederos a nivel isla, Ríos afirmó que “definitivamente puede haber un incremento en el costo de transportación de desperdicios sólidos”, pero opinó que esto no representa una crisis de basura porque espera que los centros de acopio aumenten su eficiencia.

Por otro lado, José Menéndez, el presidente del Sierra Club, la organización americana de base comunitaria ambiental más grande en los Estados Unidos, aseguró que Puerto Rico sí está en una crisis de basura porque el gobierno sigue considerándola eso mismo, basura.

“Hasta que no empecemos a conceptualizar la basura como recurso, en vez de tratarla como un desperdicio que hay que enterrar, no vamos a resolver el problema. Hay que cambiar la actitud del sistema”, acotó Menéndez.

Aunque ADS reporta que se recicla el 14% de los desperdicios sólidos que llegan a los vertederos en Puerto Rico, el activista ambiental considera que el gobierno ha dependido de exportar ese reciclaje a China. A su juicio, esto ha inflado la cifra por mucho tiempo, pero espera que esta práctica termine pronto ya que el mercado chino cerró sus puertas al reciclaje del resto del mundo a inicios del año 2018.

La solución, dice Menéndez, es la creación de industrias puertorriqueñas a base de los materiales que se reciclan localmente. En eso está de acuerdo el director de ADS, quien considera que el norte de la política pública debe ser la creación de mercados finales para las gomas usadas, el vidrio y los plásticos reciclados en la isla.

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Sin embargo, Jessica Seiglie, la directora ejecutiva de Basura Cero, una organización sin fines de lucro que busca convertir a Puerto Rico en la primera isla de Caribe libre de basura, advirtió que dar a la basura un tratamiento a medias -como el que entiende que la legislatura dio a las bolsas plásticas, no solucionará el problema.

“Si nosotros no manejamos correctamente la basura, vamos a tener un problema de salud pública en nuestras manos como el que vimos en María, pero también económico porque el sistema de acarreo de basura es costoso y hay municipios que se están viendo en aprietos para tratar de cubrir esos gastos y han recurrido a cobrar por recogerla”, acotó la ambientalista.

Ese es el caso de Cabo Rojo, que, según informó su alcalde, Roberto Ramírez Kurtz, “los $1.6 millones que necesita el municipio para el recogido de basura doméstica representan casi el 12% de nuestro presupuesto”, por lo que debió recurrir al cobro por recogido de basura en mayo del 2017 bajo la Iniciativa Naranja.

“El gobierno central ha dejado en manos de los municipios, por años, el recogido de desperdicios sólidos. En Puerto Rico debe surgir una política pública del gobierno central que determine cómo se va a manejar un tema tan importante como el de la basura”, comentó Ramírez Kurtz, quien también reconoció el costo político a pagar por ser el primero en cobrar a sus residentes por el servicio.

En esto coincidió su homólogo en San Germán, Isidro Negrón Irizarry, quien recientemente se convirtió en el segundo ejecutivo municipal en cobrar por el recogido de basura.

Negrón Irizarry explicó que el recorte presupuestario de casi un 30% que sufrió su alcaldía lo forzó a cobrar por el recogido de basura a través del programa Tu Municipio Verde, con el que está en descuerdo, pero ante la inacción del gobierno central, “no me queda de otra”.

“En Puerto Rico, ningún legislador se ha atrevido a aprobar una ley para establecer el cobro de basura, ni ha habido un gobernador que tenga los pantalones en su sitio para someter un proyecto que atienda el problema de basura para los 78 municipios”, lamentó Negrón Irizarry.

Aunque el alcalde sangermeño se negó a revelar nombres, aseguró que “van a entrar más municipios en esto. Hay algunos que tienen vertedero y pueden lidiar con esto, pero la mayoría ya no pueden con la carga económica”, dijo.