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Auditoría a la Policía de Puerto Rico revela 11 hallazgos

La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones sobre el examen realizado a los contratos de servicios profesionales y consultivos, los controles administrativos e internos del Negociado de Recursos Humanos, de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional y del Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección de Armerías de la Policía de Puerto Rico.

El Informe de 11 hallazgos revela que la Policía pagó $5,466.94 en exceso por horas no trabajadas a un profesor de materias legales y, por otro lado, retuvo $44,986 en exceso a un contratista por rembolso de gastos exentos según la Carta Circular 1300-09-14 del 2013. Además, recomienda al Secretario de Hacienda que tome las acciones pertinentes por el hecho de que la Policía no notificó el pago de $13.5 millones por tres contratos, en las declaraciones informativas a Hacienda.

Nuestros auditores identificaron que contrario a la Ley 237-2004, se otorgaron contratos para realizar funciones similares a las de un puesto dentro del Plan de Clasificación de Puestos. Cada uno de estos contratos devengó entre $1,200 hasta $26,376 anuales por encima de lo establecido en el Plan. Además, se otorgaron múltiples contratos de servicios con falta de información importante o sin todas las certificaciones requeridas.

La auditoría señala que no se realizaron pruebas de sustancias controladas anuales a todos los funcionarios y empleados de la Policía según dispone el Reglamento 6403 del 2002, sino apenas al 12% del personal. Tampoco se realizaron las evaluaciones psicológicas al personal de rango y clasificado de la Policía dentro de un periodo de tres años según dispone la Ley 53-1996. En los últimos seis años sólo se han realizado la prueba psicológica entre el 3% y el 11% de los empleados.

El Informe recomienda que se promulgue reglamentación para la Sección de Análisis de Huellas Dactilares de la División de Identificación Criminal y que se actualicen los  procedimientos para administrar la Ley de Detectives Privados de Puerto Rico.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2016.

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