Por Agustín Criollo Oquero / Especial para La Isla Oeste
El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, tronó ayer, miércoles, contra la declaración de insolvencia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por parte del gobernador Alejandro García Padilla a través de la recién legislada Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.
Según explicó el Primer Ejecutivo municipal durante el almuerzo mensual ofrecido por la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico y cuyo tema fue las implicaciones de insolvencia del BGF, la movida del Gobernador trastoca en todos los sentidos las operaciones de los municipios.
Jiménez Pérez ilustró un cuadro desolador con un efecto en cadena devastador para los municipios que afectara la operación no solo del Ayuntamiento, sino la de suplidores, subcontratistas y construcciones de obras de infraestructura.
“Los municipios son criaturas legislativas, y como tal, es la Legislatura la que los crea y la que subsiguientemente puede afectar su operación con las diferentes leyes que establece. Se oye mucho de autonomía municipal, pero eso no existe. No existe porque básicamente estamos sujetos a las leyes que establece la legislatura. Tanto los recaudos como los informes, las operaciones y uno de los problemas que tenemos en este país es la falta de autonomía en los municipios, donde viene un legislador del gobierno central con poco conocimiento y mucha iniciativa, y crea leyes que trastocan la operación de nuestros municipios”, explicó el alcalde.
“Los municipios del País administran en forma combinada alrededor de $2,640 millones, sin considerar fondos federales que están como en $500 millones adicionales. Las fuentes principales de ingreso se dividen en un 50% de contribuciones sobre propiedades muebles e inmuebles, un 9% del IVU municipal, otro 7% es de ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica –que es un impuesto en lugar de un subsidio, un 21% de patentes municipales y el 13% es de otras fuentes, pero esa figura de 50% y el 9% , estamos hablando de casi un 60% de los ingresos del municipio, básicamente están en manos del BGF”, explicó.
Según el alcalde, la consecuencia directa de la declaración de moratoria en la deuda del BGF fue la congelación de todos los fondos de los municipios, incluyendo los créditos existentes de fondos de obras permanentes.
“Otro aspecto muy negativo de la orden ejecutiva es que crea comité de tres personas para decir qué se va a desembolsar semanalmente de los fondos que tenemos acá en el BGF. Ellos determinarán qué de la aportación que hacemos son fondos que se necesitan para el pago de servicios esenciales. El problema es que servicios esenciales lo definen esas tres personas, una del Departamento de Hacienda (DH), otra del BGF y la otra de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)”, explicó.
Jiménez Pérez cuestionó además la veracidad de la insolvencia declarada por el Gobernador a toda luz que la administración de García Padilla aún no ha provisto estados financieros auditados.
“¿Dónde están los estados financieros que certifican que hay una emergencia fiscal? Si vas a la página del DH hasta marzo 31 de 2016 los recaudos del Gobierno de Puerto Rico reflejan $269 millones más que el año pasado. Entonces, a mí no me hace sentido que haya una emergencia fiscal. si no le están pagando a los suplidores, si en conjunto el presupuesto del Gobierno tiene $269 millones más, ¿por qué la insuficiencia de flujo de efectivo si el presupuesto contempla el pago de la deuda y de estos gastos?”, cuestionó el Primer Ejecutivo municipal.
Según indicó Jiménez Pérez, el municipio de San Sebastián comenzó el 2005 con un déficit de $4 millones que, según dijo, al día de hoy se ha logrado revertir ese patrón para conseguir un superávit fiscal en esa ciudad de $7.4 millones. El alcalde aseguró que su municipio ha sido el único en la Isla que ha emitido un préstamo de $1 millón a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para la terminación de proyectos de infraestructura en su municipio.
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