Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste
Bajo el techo de una sola casa se cuece el núcleo de una familia, que comulga junto a otras de su comunidad, rumbo a dar base a una sociedad. Tomando en cuenta esos rostros, expertos en organización comunitaria, educación y capacitación, leyes y vivienda, entre otros, han reclamado por años una política pública de parte del gobierno, que garantice el derecho a una vivienda digna.
Y es que, sin dignidad, el ser humano se rompe. ¿Y quién gobierna a una sociedad rota?
En su trayecto, la directora ejecutiva de la Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos (AMPI), Esther Caro, ha visto cuán difícil es –por ejemplo- para un adulto con limitaciones intelectuales y/o físicas, alcanzar su independencia. La clave para lograrlo no solo está en la determinación, sino en el compromiso y la disciplina, pero sobre todo, en la educación.
En esto, Caro tiene ahora las manos llenas, pues entre una gestión y otra buscando ayudar a su población de adultos con impedimentos a través de AMPI durante la emergencia del huracán María, se encontró en el camino a muchas familias en comunidades marginadas, que no contaban con los recursos para recuperarse.
Entonces conoció de las iniciativas de la organización sin fines de lucro Hispanic Federation y pudo canalizar esfuerzos, recursos y nuevos proyectos bajo el Movimiento de Vivienda Digna.
El Movimiento de Vivienda Digna es una coalición de organizaciones diversas que por años han defendido el derecho a la vivienda desde distintos frentes. Estas organizaciones tienen experiencia en la construcción de viviendas, abogacía, educación, organización comunitaria, servicios legales, capacitación de líderes y la búsqueda de la igualdad, entre otros.
“Nosotros hemos atendido a familias de (los sectores) La Chorra, de El Maní, de Felices Días… en todas esas comunidades nosotros tenemos sobre 200 de techos y casas que hemos arreglado y puesto en condiciones de vivienda digna desde que comenzamos a ser parte de Hispanic Federation y de Unidos Por Puerto Rico hace ya dos años”, señaló Caro en entrevista con La Isla Oeste.
El rostro de los marginados
En La Chorra existen 100 hogares, de los que sobre 55 familias tiene el rostro de personas de mayor edad, viejos viviendo en soledad y personas con impedimentos físicos y mentales.
Imágenes del establo nuevo, el biodigestor, el equipo de trabajo y una de las casitas por dentro.
“El común denominador: casi el cien por ciento, son personas de bajos ingresos económicos y baja escolaridad; y para ellos, se consideran una comunidad olvidada”, puntualizó Caro.
“Nosotros dentro del proyecto que hemos desarrollado –que originalmente era hacerle los techos de las casas que lo habían perdido- al entrar a la comunidad nos percatamos de una serie de necesidades sociales que no estaban siendo atendidas”, dijo, destacando que por esto tuvieron que ampliar sus servicios y ahora tienen una serie de proyectos dirigidos a llevar clínicas de salud, crear un huerto medicinal, entre otros programas.
Educar tanto al gobierno como al residente
Para la directora de Política y Abogacía de Hispanic Federation, la licenciada Maritere Padilla, la educación es fundamental para lograr justicia a las comunidades. Tanto el residente como el funcionario de gobierno deben conocer de sus derechos e idiosincrasia respectivamente.
Padilla destacó que el perfil de las personas que solicitaron a FEMA ayuda individual tras el desastre que dejó el huracán en septiembre de 2017 –de las cuales el 62 por ciento fueron denegadas- la mayoría eran mujeres y personas mayores de 50 años.
“Esas poblaciones vulnerables fueron a las más que se le negaron las asistencias”, acotó la licenciada, señalando que uno de los reclamos del Movimiento de Vivienda Digna es que estas comunidades –en muchas ocasiones- llegar al punto de ser marginadas por la anuencia del propio gobierno. “Irónicamente luego, cuando vienen los casos del fondo de recuperación, les niegan asistencia por estar ubicados en zona inundable”.
Según la licenciada, el gobierno puede buscar alternativas para mitigar áreas con problemas en comunidades en lugar de desplazarlas. “Esa comunidad que lleva allí años y años, y quiere permanecer, ¿no podemos considerar alternativas viables de mitigación?”, cuestionó respecto al plan de acción del gobierno.
De otra parte, señaló que “no por el hecho de que un residente no tenga el título de propiedad, significa que está viviendo allí de manera ilegal”. Explicó que existen otros derechos civiles que se reconocen bajo usufructo, entre otros.
Recientemente la coalición circuló una carta abierta exigiendo a FEMA, HUD y al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, que garanticen una política pública de gobierno, que reconozca que el derecho a una vivienda no es solo un techo con “cuatro paredes”, sino que provea una vida digna, que provea a la comunidad de servicios básicos y reconozca su historia e idiosincrasia.
“Nosotros creemos que en este proceso de recuperación -donde llegan unos fondos federales a un país que está en quiebra, y que esos fondos son una oportunidad crítica para el desarrollo de nuestras comunidades- pues que el gobierno haga un acto de voluntad genuino de trabajar mano a mano con la comunidad, que abra espacios de participación pública y transparencia reales”, destacó Padilla, dando paso a los cuatro reclamos principales de la coalición contenido en la carta abierta.
Según el Coordinador del Instituto Universitario para el desarrollo de comunidades, Nilton Nuñez, la Academia toma parte fundamental en este afán de llegar a las comunidades y conocer de la mano de sus líderes las necesidades más apremiantes. A estos, les llaman “maestros comunitarios”, porque son la voz que relata sus historias con conocimiento pleno de su idiosincrasia.
«Mientras que la administración federal se niega a desembolsar nuestros fondos federales de recuperación e imponen barreras injustas al país, el gobierno local impone políticas públicas y un plan de acción que amenazan el derecho a la vivienda digna y fomentan una agenda de desplazamiento forzoso en la isla.»
– Charlotte Gossett Navarro, Directora Senior de Hispanic Federation en Puerto Rico
Organizaciones que componen la coalición “Movimiento por una Vivienda Digna” son:
Alianza de Líderes Comunitarios | Ayuda Legal Puerto Rico | Caras con Causa | Coalición de Residentes de Vivienda Pública | Colectivo ILÉ | CMTAS Yauco | Fundación Fondo de Acceso a la Justicia | Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras | G8 | Hispanic Federation | IDEBAJO | Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades | La Maraña | PECES Inc| Ponce Neighborhood Housing Services | Proyecto MATRIA | Red de Fundaciones de Puerto Rico| Taller Creando Sin Encargos | Taller Salud | UrbeApie.
Periodista con 17 años de experiencia en periodismo hiperlocal. Fundadora de One Red Media / La Isla Oeste. Miembro de la Junta Directiva de la Asppro. Para preguntas o comentarios escribe a: daileenrodriguez@gmail.com
