Por Omaya Sosa Pascual y Luis J. Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo
El doctor Juan Luis Salgado Morales, ginecólogo-obstetra nombrado al Medical Task Force COVID-19 por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, y uno de los miembros más vocales de ese grupo asesor, pese a que no tiene peritaje en virología, es una de las personas que ha estado refiriendo al Gobierno algunos de los suplidores que han sido agraciados con compras cuestionables durante la emergencia.
Salgado Morales, quien se precia de ser el obstetra de famosos y es el único de los miembros del Task force Médico que no es miembro de la facultad del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, ha recomendado compañías al Departamento de Salud y al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) para algunas de las compras urgentes que tenía que hacer la administración Vázquez Garced, incluyendo ventiladores, equipo y kits de pruebas de COVID-19, según tres fuentes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El galeno también aspiraba a ser Secretario de Salud y casi fue nombrado por la Gobernadora al puesto, pero a última hora fue reemplazado por el Dr. Lorenzo González Feliciano porque la Legislatura no hubiera aprobado el nombramiento, dijeron fuentes vinculadas a Salud y a la Legislatura. Salgado y Vázquez Garced estudiaron juntos en la escuela.
“Consistentemente en las reuniones del Task Force, esta persona hablaba de las negociaciones que estaba haciendo para conseguir todos los suplidos”, sostuvo una de las fuentes. Otra fuente dijo por separado que el Dr. Salgado dió instrucciones de compra a personal en el Centro de Operaciones del Gobierno (COE). Una tercera fuente identificó a Salgado como el miembro del Task Force con mayor influencia en el proceso de compras.
Además de Salgado, el Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del Task force, es el otro miembro del grupo que asumió un rol activo en recomendar órdenes de compra, incluyendo la cuestionada compra multimillonaria de pruebas a la compañía de construcción Apex General Contractors, dijo otra fuente.
El CPI pidió una entrevista al Dr. Rodríguez Quilichini, pero no fue atendida.
El miércoles, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes comenzó a interrogar testigos en la investigación que está haciendo sobre la compra de suplidos y servicios relacionados al COVID-19. Además de la Cámara, están investigando el tema en Salud el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la Oficina del Inspector General (OIG), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés), y el propio Departamento de Salud, con una auditoría interna, según ha dicho públicamente el secretario Lorenzo González Feliciano desde la semana pasada.
La intervención de los miembros del Task Force en los procesos de compras — incluyendo cotizaciones, propuestas y cumplimiento de los productos al momento de comprarlos con el suplidor — está expresamente prohibida en el protocolo que el grupo elaboró sobre sus funciones.
La dinámica de Salgado y su afán de protagonismo comenzó a incomodar a los demás miembros del grupo que desde el inicio establecieron que su rol era de asesoría médica y científica, y que no participarían en los procesos de compras. Su única función relacionada a los suplidos es recomendar las especificaciones con las que debían cumplir estos equipos, medicamentos y materiales.
Al ser abordado por el CPl sobre las imputaciones, el Dr. Salgado inicialmente negó haber hablado con algún suplidor durante la emergencia del COVID-19. Sin embargo, posteriormente durante la misma entrevista, dijo haber participado de llamadas con al menos cuatro suplidores: Abbott, Roche, Coyote Bioscience y BGI. Estas últimas dos son empresas radicadas en Miami, dijo, que pertenecen a un empresario chino que identificó como “Dr. Wu”.
Según dijo, la empresa de Dr. Wu que le fue referida por un radioterapeuta, le vendería al Gobierno 300 máquinas que procesan pruebas rápidamente, pero nunca fue contratada porque al hacer la evaluación con el general José Burgos, comisionado del NMEAD, se percataron de que las máquinas aún no estaban aprobadas por la FDA.
“Nunca lo he visto, nunca he tenido contacto con él, pero fue referido y es una persona respetable”, dijo sobre Dr. Wu.
Dos fuentes del CPI indicaron que Salgado también intervino en las conversaciones que culminaron en la compra de $38 millones en pruebas no aprobadas por la FDA y a sobreprecio, a la empresa de construcción Apex Contractors. Salgado negó categóricamente durante la entrevista haber tenido rol alguno en la compra de Apex o de cualquier otra prueba, pero el CPI vio evidencia que muestra al galeno participando del proceso de evaluación de estas pruebas de Apex. Además, en una conferencia de prensa del Task force, Salgado habló extensamente de las gestiones que hizo personalmente con personas con contactos en China para obtener las pruebas.
“Ahora salió un rapid test molecular que se procesa en el laboratorio con mucho más rapidez. Este es con el swap igual, y tenemos la suerte de que una persona he tenido el contacto en China y él hace trabajos en Puerto Rico, porque viene aquí a Puerto Rico y nos quiere mucho a los puertorriqueños y tiene contacto con la compañía”, dijo aunque no precisó el nombre de la empresa.
“En estos momentos yo he tenido conversaciones, ayer en la madrugada y estamos teniendo conversaciones para tener pruebas para todo el país. Así que estamos trabajando bien fuerte para examinar al país porque esto de que examen, examen, examen, prueba, prueba, prueba, eso lo sabemos. Claro que lo sabemos. Yo me he leído todos los modelos del mundo”, agregó en la conferencia de prensa.
Las compras de pruebas, suplidos y servicios relacionados a la emergencia del COVID-19, están bajo investigación federal y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Además, la compra de un millón de pruebas rápidas a Apex fue detenida por el secretario González Feliciano quien pidió la devolución de los $19 millones que se dieron de depósito y dijo al CPI que los fondos fueron recibidos por el Departamento de Hacienda el lunes. Esta ha sido la única orden cancelada hasta el momento, a pesar de que otras pruebas también fueron adquiridas a sobreprecio de hasta 1,000%, no llegaron o llegaron con atraso, e incumplían con importantes especificaciones de la FDA.
Salgado sostuvo que no ha recomendado compañías de amigos o conocidos, sino de suplidores que lo contactan directamente a él y a otros miembros del Task force para ofrecerles productos. Dijo que a estos suplidores, él los atiende, consulta con miembros del Task force con peritaje en el tema las especificaciones y, si son cónsonas con las recomendaciones del grupo, llama al suplidor, le explica qué incluir en su propuesta y le dice que la envíe al general Burgos.
Aseguró que ni él, ni ningún miembro del Task force participa de la decisión final o del proceso de compra. Asimismo, indicó que no ha obtenido beneficio económico alguno de las gestiones que ha hecho y que las mismas han sido en el interés de ayudar al pueblo de Puerto Rico.
“Yo estoy trabajando gratis, yo no estoy envuelto en nada”, dijo Salgado.
“Te lo juro por mis tres hijos y mi esposa que no”, agregó.
El CPI además supo que varios miembros del Task Force están preocupados por esta dinámica al punto de que el lunes se produjo la primera renuncia en el organismo, la del Dr. José Camuñas, director del Departamento de Medicina de Familia y de Telemedicina del RCM, otros miembros del Task Force estaban considerando hacer lo mismo si no se tomaba acción en cuanto al Dr. Salgado. Camuñas no contestó la llamada ni mensaje de texto del CPI para hablar de su renuncia.
El CPI también le pidió reacción al Dr. Rodríguez Quilichini, coordinador del Task Force y rector del RCM, a través de Ángel Hoyos, oficial de comunicaciones de ambas entidades, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
Hoyos confirmó la renuncia de Camuñas, pero no detalló las razones y dijo que la misma aún no era final.
En la entrevista, Salgado destacó su reputación como académico y sostuvo que debido a ella el Dr. Rodríguez Quilichini lo invitó a pertenecer al prestigioso grupo. Según dijo, como académico, es catedrático conferenciante en la Universidad Central del Caribe, y en el ámbito empresarial, tiene una compañía de vacunas para embarazadas llamada Vita Healthcare.
Quienes han estado recomendando la contratación de estas compañías por parte de Gobierno de Puerto Rico para las compras de suplidos y servicios relacionados a COVID-19 son el objeto de la investigación que lleva a cabo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representante, Juan Oscar Morales. El CPI le preguntó a Morales si la información sobre las presuntas intervenciones de Salgado formaban parte de la pesquisa y el legislador no quiso confirmar o negar la información, pero Salgado admitió al CPI que sabe que está siendo investigado por ese cuerpo.
“Todo eso lo estamos investigando. Nos ha llegado información de unas cuantas personas”, dijo Morales, y señaló que tienen identificadas a más de 10 personas que citarán a vista pública, entre ellas la ayudante de la Gobernadora, Marisol Blasco y a miembros del Task Force.
“Yo tengo que saber de dónde salió esa recomendación para contratar esa orden de compra. Alguien tuvo que dar esa recomendación. ¿Quién en Salud le dijo que iniciara una orden de compra? Una orden de compra se tiene que originar en algún sitio, y en [el caso de] Manejo de Emergencias, ese no es su expertise”, agregó.
Sostuvo que ya hizo requerimientos de información en esa dirección a finales de la semana pasada al Secretario de Salud y al jefe del NMEAD, pero aún no ha recibido respuesta.
La exsecretaria interina de Salud, la Dra. Concepción Quiñones de Longo, fue la primera en cuestionar públicamente la forma en que se estaban haciendo las compras del COVID-19 que le mandaban con presión desde La Fortaleza para su firma, incluyendo la de unos ventiladores que llegarían en 16 meses. La persona que presuntamente la llamó en esa ocasión fue Blasco. Quiñones de Longo renunció a su puesto por la forma en que se estaba manejando la emergencia de salud pública y declarará bajo juramento en las vistas camerales que comenzaron este martes.
El secretario González Feliciano, quien desde su confirmación el 28 de marzo ordenó auditar los procesos de compra, no quiso hablar, sin tener evidencia “sólida”, sobre la forma en que se estaban haciendo las compras relacionadas a la emergencia previo a su entrada en el puesto. Sin embargo, dijo en entrevista con el CPI que se ha asegurado de que los procesos de compra que se hacen en su agencia se realicen por los canales correctos. Confirmó que tanto él como los miembros del Task force reciben llamadas continuas de personas buscando vender productos relacionados a la emergencia, pero indicó que refiere directo a compras para el proceso correspondiente y no quiere ni saber quién es el postor finalmente seleccionado. Esta es la forma correcta de manejar a los suplidores, recalcó.
“[Cuando] yo terminé de ser Secretario de Salud en el 2012, yo no recibía una llamada de absolutamente nadie. En el 2020 llego aquí como Secretario, yo no creo que haya mala fe, [pero] yo he recibido una gran cantidad de [llamadas de] personas diciéndome ‘tengo este servicio, tengo este material, tengo este tipo de equipo’. Ninguna de esas llamadas van a recibir una respuesta mía, yo los dirijo [a compras]. Yo lo he dicho abiertamente y lo he dicho en el Gobierno central: el que quiera hacer negocio con el Gobierno de Puerto Rico no lo va a hacer a través de mí, lo va a hacer a través del Departamento de Salud, de la división que genera compras, yendo a través de todos los procesos jurídicos reconocidos”, sentenció.
Por su parte, Burgos, quien firmó la orden de Apex desde la otra agencia que está haciendo compras en la emergencia, NMEAD, responsabilizó a Adil Rosa, ex secretaria auxiliar de Administración, por la recomendación de esa empresa. Rosa, quien hasta hace unos días coordinaba el proceso de compras en el COE hasta que fue removida del puesto por González Feliciano según confirmó el CPI, participaba de las reuniones del Task force y ya fue entrevistada por autoridades federales, dijeron tres fuentes.
El CPI intentó contactar a Rosa para una reacción, pero no tuvo éxito.
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