Buscan crear registro de envejecientes y adultos con discapacidad para agilizar ayudas en emergencias

Lydia Méndez Silva (Suministrada)

El Capitolio. La Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia de la Cámara de Representantes atendió este martes una medida que busca crear un censo y registro sobre envejecientes y adultos con discapacidad para que, en caso de una emergencia, los 78 municipios puedan ayudarlos con mayor prontitud.

La Resolución Conjunta de la Cámara 186, radicada por la representante Lydia Méndez Silva, recibió el endoso de agencias gubernamentales como el Departamento de la Familia (DF), el Departamento de la Vivienda (DV) y la Defensoría de las Personas con Impedimentos, aunque con recomendaciones para mejorar el alcance de la pieza legislativa.

“Si tuviéramos este registro y el censo, no teníamos que irnos ni tan siquiera a pregonarlo, porque eso es para la necesidad de las agencias en momentos de desastres, en momentos de necesidad. No es lo mismo al momento que está pasando la situación uno recordarse que doña María está en necesidad y salir corriendo, si tuviéramos ese registro de antemano”, expresó la Legisladora.

Entre las enmiendas que sugirió Familia se encuentra que el censo y registro propuesto debe ser de carácter voluntario con el fin de garantizar los derechos y privacidad de las personas. Este censo y registro, según la agencia, debe ser administrado por el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en estrecha colaboración con las oficinas de manejo de emergencias municipales.

“Reconocemos que esta iniciativa es una loable y de gran relevancia en este momento histórico en el cual los adultos mayores y adultos con discapacidad han sido los más afectados ante los huracanes, los sismos en el área suroeste y la pandemia del COVID-19. Este registro nos ayudará a tener una visión más clara de la situación de ambas poblaciones en nuestra isla”, indicó el DF en una ponencia firmada por la secretaria Carmen Ana González Magaz.

Sin embargo, una preocupación compartida por todas las agencias fue la asignación presupuestaria y su procedencia para la implementación del proyecto. La licenciada María Isabel Vázquez, administradora auxiliar de la Administración de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos, señaló a la comisión cameral la necesidad de la otorgación de fondos para la creación del registro debido al limitado presupuesto con el que cuenta esta dependencia adscrita al DF.

La funcionaria explicó que esta dependencia recibe un presupuesto de poco más de $60 millones, de los cuales $40 millones son dirigidos para atender a la población de 5,000 personas bajo el programa de cuidado sustituto y sin contar con los otros servicios que ofrecen. Además, afirmó que más de un millón de habitantes en Puerto Rico son personas con impedimentos, por lo que implementar el registro conllevaría más recursos económicos.

A preguntas de Méndez Silva, Familia insistió en que en los pasados años fiscales han solicitado mayores asignaciones presupuestarias, pero adjudicó la decisión de brindar estas partidas a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).  “Si no tenemos ese registro, no vamos a saber quién es el que tiene la necesidad de vivienda, de almuerzo, de asistencia en el ámbito que sea. Hay fondos federales para eso. Lo que hay que hacer es ponerlos en acción donde hay la necesidad”, manifestó la representante. “Hay que establecer unos planes de acción y tiene que ser ya. No puede ser mañana, porque hay desastres que llegan de momento que no los sabemos”.

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