Los representantes Carlos Bianchi Angleró, Jesús Manuel Ortiz y Ramón Luis Cruz Burgos anunciaron la radicación del Proyecto de la Cámara 2079 que propone enmendar la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, a los fines de prohibir a persona que preste servicios en la Oficina del Fiscal Especial tener contratos ni interés que implique algún conflicto, real o aparente, con cualquier instrumentalidad, agencia o dependencia de las tres Ramas de Gobierno de Puerto Rico, ni con los municipios, ni con cualquier otra entidad pública o persona natural o jurídica que pueda estar bajo su jurisdicción.
“La ley del Panel del FEI ha sido enmendada en varias ocasiones en la búsqueda de fortalecer la confianza de sus funciones. Sin embargo, una de las enmiendas en el 2012 añadió un inciso a la ley del PFEI para permitir que los miembros del Panel puedan tener contratos de asesoría con cualquier agencia del gobierno, municipio o con las Ramas Legislativas o Judicial. Esto es un claro conflicto de interés. El cuatrienio pasado se radicó una medida similar y se aprobó en Cámara, pero el Senado no actuó” indicó el Representante Bianchi, quien es miembro de la minoría en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
Por su parte, el Representante Jesús Manuel Ortiz indicó “Esta situación tiene un efecto detrimental a la imagen de independencia y neutralidad de la oficina del PFEI. Incluso, aun en aquellas instancias que se considere que el asunto se subsana con la inhibición del miembro del PFEI que tenga contrato con una entidad pública que sea objeto de investigación, el menoscabo a la confianza del pueblo en esta institución estará irremediablemente manchada”.
Según reza la exposición de motivos de la medida, la enmienda a la ley del panel del PFEI de 2012 “abrió la puerta para que los miembros del PFEI tengan contratos con agencia del gobierno, municipios o de las Ramas Legislativas o Judicial que son autorizados y suscritos en representación de éstas por el funcionario de mayor jerarquía (jefes, directores, alcalde, etc.)”.
En otras palabras, funcionarios que potencialmente podrían ser investigados y procesados penalmente por los miembros del PFEI pueden ser los que otorgan los contratos que dicha enmienda (puesta en vigor al amparo de la Ley Núm. 4-2012) permite se lleven a cabo, expresó Bianchi Angleró.
De igual manera, el portavoz alterno de la minoría en la Cámara Ramón Luis Cruz Burgos expresó que “en un país donde la legitimidad de las acciones de los funcionarios públicos se encuentra constantemente cuestionada por actos de corrupción de unos pocos, el evitar hasta la apariencia de conducta impropia por parte de los miembros del PFEI resulta forzosamente esencial para garantizar la confianza de las personas en la función de la OPFEI.”