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Cámara comienza vistas públicas sobre el aborto en Puerto Rico

Suministrada

El Capitolio. Con la participación de organizaciones y líderes religiosos, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes inició hoy, jueves, el proceso de vistas públicas para atender un bloque de medidas relacionadas con el tema del aborto en Puerto Rico.

Se trata del Proyecto del Senado 693 para establecer la Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad, la cual regulará la terminación de embarazos a partir de las 22 semanas en la etapa gestacional de viabilidad; el Proyecto de la Cámara 1084 para crear la Ley del Latido Cardiaco del No Nacido en Puerto Rico, a los fines de prohibir que un médico realice un aborto luego de la detección del latido cardiaco fetal.

Asimismo, se discutió el Proyecto de la Cámara 1403 para decretar la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes, con el fin de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre estos derechos humanos; y el Proyecto de la Cámara 1410 para convocar un referéndum especial en el cual el electorado de Puerto Rico expresará si desea reconocer “el derecho a la vida del concebido y, de igual manera, afirmar el derecho a la vida de la madre”.

En su carácter de abogado civil y sacerdote católico, el pastor Carlos Pérez recomendó la aprobación del P.S. 693 y P.C. 1084 “como un primer paso social consistente con la defensa de la vida humana”. Por la misma razón pidió la aprobación del P.C. 1410, pues considera que es el mecanismo más democrático.

“Comenzamos por afirmar que en Puerto Rico el aborto nunca ha sido reconocido como un derecho fundamental de la mujer… Por eso el aborto solo tiene un carácter estatutario, regulado por el Código Penal en su Artículo 98”, expresó Pérez.

“Lamentablemente, nuestro estatuto penal sobre el aborto no ha sabido recoger las afirmaciones constitucionales del derecho a la vida del nasciturus”, agregó.

Mientras, opinó que el P.C. 1403 “oscurece y silencia una de las conquistas jurídicas de la jurisprudencia contemporánea”, en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar el derecho al aborto en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

“¿Por qué usted cree que es urgente atender legislación dirigida a regular el asunto del aborto? ¿Hay una crisis en Puerto Rico con relación a ese tema?”, cuestionó el representante popular Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico.

“¿Cómo no es una crisis la defensa de la vida humana en el vientre materno?… Por supuesto que es una crisis. Es una crisis estatutaria. Es una crisis, incluso, de naturaleza constitucional”, respondió Pérez.

Con el pastor concurrió el presidente de la Asociación Pro-Vida de Puerto Rico, Carlos Sánchez, un férreo portavoz en contra del aborto. Sánchez manifestó su rechazo contundente al P.C. 1403, mientras que su mayor respaldo fue dirigido a la medida que protege al feto desde la detección del primer latido cardiaco.

“Es cierto que la Ley del Latido Cardiaco no protegerá la vida humana inocente en su etapa más temprana, que es nuestro objetivo final. Sin embargo, si se promulga, salvará a innumerables bebés mientras continuamos trabajando para protegerlos a todos”, dijo Sánchez.

En su turno durante la audiencia pública, la portavoz del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, avaló las ponencias tanto de Pérez como de Sánchez, al tiempo que emitió unas declaraciones como defensora de la vida desde la etapa de concepción del feto.

“No hay un tal derecho al aborto… Nunca lo ha habido. Lo que hay es derecho a la vida”, argumentó la representante, quien defendió el trabajo que realiza el sector de la población que se denomina “pro-vida” una vez nace el bebé.

“Los pro-vida trabajan como las polillas, por debajo, nadie lo sabe. Pero se trabaja. Se trabaja todo el tiempo. Lo que pasa es que no se anuncia”, afirmó Burgos Muñiz.

Por su parte, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, impugnó las exposiciones de ambas organizaciones en un discurso en el que reiteró que las mujeres y personas gestantes deben tener el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Según datos presentados por la legisladora, menos del 0.2% de los abortos en Puerto Rico se realizan luego de las 22 semanas de gestación. La representante hizo alusión al Reglamento de Centros de Terminación de Embarazos Núm. 7654 de 2008, vigente al día de hoy, y que exige la divulgación de estadísticas sobre las terminaciones de embarazo efectuadas en todo centro, institución o clínica hospitalaria.

“Todas las mujeres y todas las personas gestantes tienen que tener el derecho a decidir, y el Estado tiene la responsabilidad de establecer un marco regulatorio que garantice el derecho a decidir cualquier cosa: tener hijos o no tenerlos. Y eso es lo que nos corresponde a la Legislatura de Puerto Rico”, manifestó Nogales Molinelli.

La vista pública contó con la participación de una gran cantidad de representantes de todas las delegaciones. Algunos de los otros legisladores que consumieron turnos sobre las medidas fueron Jesús Manuel Ortiz González, Estrella Martínez Soto, Wanda Del Valle Correa, Héctor Ferrer Santiago, José “Quiquito” Meléndez Ortiz, José Aponte Hernández, Gabriel Rodríguez Aguiló, entre otros.

Al finalizar, Aponte Rosario adelantó que la próxima vista pública sobre estos proyectos de ley continuará el jueves, 1 de septiembre, con la comparecencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia y entidades como el Colegio de Médicos Cirujanos.

De la misma forma, el legislador invitó a las personas interesadas en deponer sobre este asunto a comunicarse con la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

“Lo que quiero que nos llevemos todos es que, independientemente cómo pensemos, podamos elevar el debate en Puerto Rico, que tanta falta hace para poder buscar puntos medios, puntos de encuentro e identificar cosas que podamos manejar para ayudar a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños a través de legislación”, dijo el representante.

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