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Censuran plan de Vivienda de desplazar a miles de familias con fondos federales

“No tiene razón”. Así lo afirma el Movimiento de Vivienda Digna, compuesto por un grupo nutrido de organizaciones que objetan la estrategia de relocalización generalizada impuesta por el Departamento de Vivienda a todas las familias que viven en zona inundable en Puerto Rico, sin primero hacer la debida evaluación de alternativas de mitigación responsables y seguras que protejan la integridad de sus comunidades conforme al contexto particular de cada una.  

El pasado 27 de noviembre, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV) reiteró a miembros del Congreso de los Estados Unidos su política pública de relocalizar o desplazar hogares antes que evaluar alternativas de mitigación que garanticen la seguridad y permanencia de las comunidades que ubican en zonas inundables en Puerto Rico. En particular, afirmó a los representantes Raúl Grijalva, presidente del Comité sobre Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y el Senador Robert Menéndez, que las únicas medidas de mitigación que se considerarán para las comunidades que viven en zona inundable bajo el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, mejor conocido como R3, serán la adquisición y relocalización voluntaria. Alega el DV que dichas medidas extremas son necesarias para salvaguardar la seguridad y el derecho a vivir en condiciones decentes de las personas en la isla.

“El derecho humano a una vivienda digna no se limita a tener un techo y cuatro paredes. A su vez, la seguridad de una comunidad no se limita a si ubica o no en zona inundable, pues existen factores de seguridad social y económica que deben ser considerados al determinar cuál es el desarrollo sostenible y correcto para lograr el verdadero bienestar de toda comunidad en nuestro país”, dijo Mirta Colón, presidenta de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública, en un comunicado.

La seguridad de las familias es primordial y para lograrla, la reubicación no es la única alternativa. Entre otras cosas, el gobierno debe priorizar oportunidades de mitigación a nivel individual y comunitario, el interés de las personas y los costos sociales que conlleva reubicar a familias que por años han desarrollado lazos de convivencia comunitaria. Como mínimo, el DV debe alinear el Programa R3 con todos los otros programas y estrategias de mitigación federales y locales, incluyendo el Programa de Planificación Integral para Resiliencia Comunitaria (PIRC), el “Hazard Mitigation Grant Programa” del “Federal Emergency Management Agency”, y los programas de mitigación municipales desarrollados con la Junta de Planificación de Puerto Rico. 

“En vez de darle tanto énfasis a la relocalización y desplazamiento de la gente, el DV debe respetar y trabajar directamente con las comunidades vulnerables para lograr identificar alternativas reales de mitigación que garanticen su seguridad y la permanencia en los suelos donde sus raíces familiares, culturales y sociales están.” dijo Charlotte Gossett Navarro, Senior Director de Operaciones de Puerto Rico, Hispanic Federation, miembro del Movimiento de Vivienda Digna. 

En algunos casos estas medidas de mitigación no representan un costo mayor, comparado con los costos económicos y sociales que conlleva la relocalización de una comunidad. Las intervenciones pueden ser tan viables como cunetas, drenajes, alcantarillado y siembra de vegetación apropiada. A su vez, la viabilidad de este tipo de intervenciones se vió en comunidades de Rio Grande Valley en Texas después del paso ade los huracanes Ike y Harvey. Igualmente, en Long Island y otras partes de Nueva York tras el paso del huracán Sandy.

“Por años las comunidades del G-8 le hemos exigido al gobierno la construcción de un sistema de alcantarillado eficiente del cual carecen y el dragado del Caño Martín Peña,  de esta forma nuestras comunidades ya no se inundarían y podemos permanecer con seguridad en nuestras tierras, esto se llama justicia social. Por otro lado, cuestionamos el plan de acción, pues si FEMA aprobó que se construya en zonas inundables y en Estados Unidos lo han hecho, ¿por qué en Puerto Rico NO, sobre todo las comunidades marginadas y ahora discriminadas? dijo Lucy Cruz Rivera, presidenta del G8.

Además, organizaciones que han asistido directamente a ciudadanos para solicitar las ayudas bajo el Programa R3, reconocen que el proceso de solicitud es complicado, altamente burocrático, y no accesible para los sobrevivientes. A pesar de que el DV alega estar “dando prioridad a la rehabilitación y reparación de hogares (cuando realizable)”, la realidad es que al día de hoy, a más de dos años del huracán María, no se han atendido las necesidades de vivienda de las poblaciones más impactadas y vulnerables en el país con la urgencia que amerita. 

En múltiples ocasiones miembros del Movimiento de Vivienda Digna han presentado estos reclamos ante el DV. Por esto, este colectivo invita nuevamente al DV a trabajar mano a mano con las comunidades en el proceso de recuperación, brindándoles la oportunidad de encaminar su desarrollo en respuesta al interés público y el verdadero uso efectivo de fondos públicos.

laislaoeste@gmail.com

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