CNE recomienda renegociar el contrato con LUMA Energy

El director de política pública del Centro, Sergio M. Marxuach Colón, mencionó que, si no se puede renegociar el acuerdo, se debe considerar su cancelación 

El Capitolio. La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, recibió hoy, lunes, el análisis del director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio M. Marxuach Colón, sobre la Resolución de la Cámara 136, que realiza una investigación sobre el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy.

Una de las principales preocupaciones de Marxuach Colón es que en los 15 años que va a estar LUMA en Puerto Rico, no se pueda adelantar una transformación justa, moderna y resiliente del sistema eléctrico del archipiélago.

Para el experto en políticas, economía y leyes, “el problema que enfrentamos sobre (la transacción) es uno extremadamente complicado que no se resuelve con soluciones binarias o simplistas “a favor o “en contra de LUMA”, sentenció el director de política pública del CNE.  

“La realidad objetiva es que la AEE es un desastre en todos los sentidos de la palabra y el acuerdo con LUMA Energy es deficiente. Ambas cosas son ciertas”, mencionó Marxuach en su ponencia verbal.

También, el licenciado explicó a los representantes, las razones por las cuales la AEE terminó quebrada, algunas de las deficiencias principales del acuerdo con LUMA Energy y realizó varias recomendaciones sobre cómo atender algunas de estas fallas. 

Según Marxuach Colón, la conclusión ineludible es que la AEE simplemente no puede seguir operando como la ha hecho hasta ahora. “Coincidimos con el gobierno de Puerto Rico, así como con varias otras organizaciones, en que ha llegado el momento de tomar acciones drásticas con respecto a la AEE, ya que ha demostrado ser incapaz de reformarse y ha sido inmune a los esfuerzos de varias administraciones para modernizar y mejorar sus operaciones”, sentenció.

Por otro lado, el experto en economía, también mencionó que, en Puerto Rico, entre los diversos grupos de interés, tales como suplidores, partidos políticos, beneficiarios subsidios, uniones, bonistas, banqueros, existe un comportamiento conocido como “cacería de rentas”. 

“Este fenómeno dificulta el cambio en la estructura de la AEE, ya que cada uno de los grupos que se benefician del status quo, están bien organizados y tienen un interés fuerte en proteger sus beneficios, mientras los consumidores están desorganizados y los costos de actuar colectivamente exceden el beneficio individual que recibiría cada uno”, anotó Marxuach, quien también, se desempeñó como subsecretario de Comercio y Desarrollo Económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En base a las recomendaciones del experto invitado, cualquier transacción para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico “necesita tomar en cuenta la conducta depredadora de los grupos de interés internos y externos a la AEE que se benefician de la situación actual y proveer mecanismos para limitarla o eliminarla”, expresó la declaración escrita del CNE.

“Si el proceso de privatización actualmente favorecido se limita simplemente a transferir los activos o la operación de una empresa corrupta en el sector público a un grupo de inversionistas en el sector privado, sin interrumpir o desmantelar la red de cacería de rentas que hemos descrito anteriormente, entonces no habremos logrado absolutamente nada”, expresó. 

Como parte de los hallazgos de la investigación del CNE, grupo expertos sin fines de lucro y no partidista, “les preocupa que el gobierno de Puerto Rico aparenta carecer de la capacidad necesaria para negociar y gestionar con éxito este tipo de proceso complejo de múltiples niveles y varias dimensiones de implementación que se entrecruzan y se refuerzan entre sí”.

“En nuestra opinión, el gobierno de Puerto Rico necesita desarrollar una mayor capacidad para establecer claramente los objetivos de política pública que se quieren lograr y para negociar exitosamente este tipo de acuerdo, si se desea continuar con la política de alianzas público-privadas en el futuro. El curso de acción más prudente en este momento es renegociar el Acuerdo con LUMA para asignar y equilibrar mejor los riesgos entre las partes. Si se llega a la conclusión de que los defectos del Acuerdo no se pueden remediar, entonces se debe considerar su cancelación”, expresó Marxuach Colón.

La vista pública se realizó en modalidad remota, en cumplimiento con las medidas de la Cámara de Representantes contra el COVID-19. 

UTIER pide no conceder más gastos administrativos a LUMA

La UTIER presentó hoy una moción ante la jueza Laura Taylor Swain para que deniegue la segunda moción para que se le conceda prioridad a LUMA Energy sobre los gastos incurridos en la operación y manejo del sistema eléctrico hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga un plan de ajuste de deuda confirmado. 

“Le estamos pidiendo a la jueza, en el caso que llegue Luma, no se le dé prioridad para pagar sus gastos hasta que esté aprobado el plan de ajuste de deuda. Concederle gastos administrativos nuevamente a LUMA Energy afectaría la reestructuración de la deuda de la AEE, pues ello implica que se le pague primero a LUMA; entiéndase, primero y completo, en relación con los demás acreedores de la AEE. Esto se agrava al tomar en cuenta que la AEE tiene un déficit este año de al menos $432.8 millones, ocasionado entre otras cosas, por el contrato de LUMA Energy. Por tanto, la AEE no tendría los fondos necesarios para sufragar dicho contrato, sus operaciones, y simultáneamente, pagarle lo justo a todos sus acreedores, incluyendo al Sistema de Retiro”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.

Figueroa Jaramillo detalló que la UTIER planteó que la moción presentada para que le conceda gastos administrativos a favor de LUMA está tambaleando para que pueda ser adjudicada en sus méritos porque la AEE no ha demostrado que LUMA ha cumplido con todas las condiciones para que se dé el contrato.

“Hacemos este planteamiento ante el Tribunal porque la AEE no ha podido probar que cumple con lo que estipula el contrato. LUMA no ha podido contratar los 3,800 empleados que se requieren para operar el servicio eléctrico del país. Resulta interesante y significativo que la Junta de Control Fiscal no quiso divulgar el número de empleados que LUMA ha contratado hasta el presente. Eso es indicativo de que no podrán asumir de forma responsable las riendas de la Autoridad para la fecha del 1 de junio, justo al comienzo de la temporada de huracanes¨, añadió.

El líder sindical explicó además que la decisión anterior de la jueza Taylor Swain concediendo gastos administrativos por los gastos incurridos en el periodo de transición fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston. 

“Dicha apelación tiene argumentos que impedirían que la jueza Taylor Swain le conceda gastos administrativos a favor de LUMA Energy nuevamente. Por ende, la moción de la AEE no está madura. La moción tampoco está madura debido a que la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una Resolución el pasado 7 de abril, para enmendar el contrato de LUMA y posponer hasta enero del año 2022 su entrada. La UTIER hará todas las gestiones judiciales que sean necesarias para impedir que se concedan nuevamente gastos administrativos a favor de LUMA Energy”, puntualizó.

La jueza Taylor Swain celebrará una vista telefónica el 28 de abril con la representación legal de la UTIER a cargo del Bufete Emmanuelli, C.S.P., para dilucidar esta controversia.

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