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COMENTARIO: A ocho años de la Ley 7, los 30,000 despidos y su efecto en la Procuraduría de las Personas en Edad Avanzada

Por Rossana López León / Senadora y exprocuradora de las Personas en Edad Avanzada

Esta semana rememoramos el evento donde, a fuerza de un contingente policial con armas largas, fue sacada de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada el 28 de junio de 2011, luego de 11 años de servicio.

A pesar de que esa posición estaba confirmada por el Senado hasta el 2014, la administración de Luis Fortuño aplicó la famosa Ley 7 de reestructuración gubernamental, que dejó unos 30,000 servidores públicos en la calle. López León se negó a aplicar la ley en la Procuraduría, ya que la misma estaba financiada con fondos federales. 

Eventualmente tuve que llevar al gobierno de Fortuño a los tribunales y ganamos el caso en el Circuito de Apelaciones de Boston. Gracias a Dios pudimos salvar esos empleos, pero luego la Legislatura controlada por Thomas Rivera Schatz en el Senado y Jenniffer González en la Cámara de Representantes, eliminaron la Procuraduría tal como la conocíamos. Lo peor de todo, aparte de los despidos y de los servicios que dejaron de proveerse, fue la pérdida de millones de dólares en fondos federales. 

Aún recuerdo como hoy mis conversaciones con funcionarios federales que no podían entender cómo la administración Fortuño prefería perder millones de dólares en fondos para ofrecerle servicios a las personas en edad avanzada, con tal de aplicar la medicina amarga de la política partidista. Esa fue la impresión que la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) dejó a nivel federal. 

Casualmente, quien ejecutó la llamada Ley 7 y sus miles de despidos, fue el actual senador Miguel Romero, quien fungía como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y también aspira a la alcaldía de San Juan.

Son las vueltas que da la vida. Ahora en el 2020 los sanjuareros tienen ante sí dos maneras diametralmente opuestas de ver  el servicio público. Yo me negué a entregar las carta de despido por Ley 7 en la agencia. Más allá de representar un gasto por el costo de salarios, representa un costo mayor por la necesidad de adiestramiento en servicios para los empleados de nueva contratación que no necesariamente tienen la experiencia necesaria para ocupar los puestos. La realidad es que el esquema fue despedir empleados públicos sin ninguna consideración, dejarlos en la calle y luego contratar personal para ofrecer los mismos servicios pero a un costo mucho más alto.

Además, el operativo policial que la sacó de la Procuraduría de las Personas en Edad Avanzada causó tal conmosión pública que incluso el exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla expresó públicamente su malestar por la manera en la administración Fortuño manejó la situación. “No es la manera, se debió agotar todos los recursos, yo censuro este acto bochornoso”, aseguró el exalcalde a los medios. 

Incluso, a nivel de los sindicatos, la Ley 7 fue calificada como “la más nefasta” en décadas, como manifestó Luisa Acevedo, quien presidió la Federación Central de Trabajadores, pues la misma además generó también cargas impositivas y aparte del despido de unos 30,000 empleados públicos, también generó la paralización de los convenios colectivos existentes, todo con el aval, en opinión dividida, del Tribunal Supremo.

La historia nos sirve como ejemplo y enseñanza para mejorar y que los errores del pasado no se vuelvan a repetir.

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laislaoeste@gmail.com

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