Por Nelson Arnaldo Vera Hernández
Se tiende a definir el verbo “discriminar” como tratar de manera desigual a una persona o colectividad por diversos motivos. La forma de manifestarse puede ocurrir dentro de diferentes aspectos de la vida humana: género, edad, racial, étnico, religión y político, entre otros. Cuando lleva el apellido “político” se hace alusión al ejercicio del uso del poder para ser injusto por las creencias que tenga la persona. En los pasados meses del 2020, este verbo salió a relucir frecuentemente y nos hizo recordar el chat de julio del 2019.
En la Isla, este proceso interno está en la mirada frecuente del electorado puertorriqueño. Hemos estado observando las constantes alegaciones de unos y otros en donde ha surgido el concepto de persecución política. Este es el caso de varios funcionarios gubernamentales del partido de gobierno. Surgió el asunto en las vistas de la compra de las pruebas de COVID-19, el despido de un funcionario de la Fortaleza, en la renuncia del Director Ejecutivo del Fondo del Seguro del Estado, entre muchos otros.
Esta situación es vista extraña por la población en general. No obstante, es más común de lo que se piensa. En el caso de primarias en alcaldías, distritos representativos y senatoriales, el asunto ha estado y sigue presente en la historia reciente política puertorriqueña.
Recordamos que, siendo joven adulto en los años 80, un evento trajo a la luz pública lo que se consideró el precedente judicial de discrimen político dentro de un mismo partido. El caso era sobre una controversia suscitada entre un Director Regional de Vivienda y un aspirante a alcalde, donde ambos “eran miembros y líderes del Partido Nuevo Progresista en Mayagüez. El Secretario del Departamento de la Vivienda de entonces, quien era el jefe del Director Regional, ordenó el traslado-ascenso del demandante a las oficinas centrales de dicho departamento, localizadas en San Juan”. El demandante indicaba que dicho traslado y aparente ascenso tenía los efectos de forzar su renuncia.
El caso llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La decisión fue redactada por el Juez Asociado de entonces Francisco Rebollo López. En ella se desprende que el discrimen político puede estar dentro de una misma agrupación política.
Este precedente abrió los ojos de muchas personas que comenzaron a cuestionar si las acciones de gobernantes administradores, eran decisiones justas o no. También trajo consigo la reflexión si verdaderamente somos iguales ante la Ley. Recordemos que este delito incluye contratos de personal, en especial cuando se crean expectativas de contratación. Los expertos en derecho indican que es mejor evitar demandas cuando las acciones tomadas son obvias y existen evidencias.
Han pasado más de 37 años de esa decisión. No obstante, su conocimiento es pertinente para las personas que dejan en el olvido, o por ser de otras generaciones, no hacer valer los derechos que le cobijan. Son otros los asuntos y protagonistas, no así el discrimen.
El autor es Catedrático en Sociología Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.
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