Debido a una falla geológica que se traga sus residencias, algunos residentes en la Carretera 446 están recibiendo asistencia federal para mudarse a hogares más seguros

Por Luis D. Alfaro Pérez

San Sebastián. Vibraciones, temblores, sequías, inundaciones y tráfico pesado. Este es el panorama que continúa provocando el deslizamiento de la falla geológica situada en el Barrio Robles en San Sebastián. O al menos así lo describe una de sus residentes que, después de casi una década, se mudará de la carretera 446 tras la expropiación futura de su hogar.

Desde 2014, Rebeca Sotomayor y una decena de núcleos familiares han presenciado el deterioro de sus viviendas a causa de un deslizamiento de tierra que, según el Departamento de Transportación y Obras Pública (DTOP), ha movido las estructuras, aproximadamente, una pulgada y media cada mes.

La luz al final del túnel

Ahora, la vecina de San Sebastián comienza a ver la luz al final del túnel. En algunos meses, será reubicada a una estructura más segura gracias a asistencia financiera brindada por el Programa de Reparación, Recuperación y Reubicación de Viviendas (R3).

“[Estoy] feliz […] dándole gracias a Dios todos los días que, por lo menos, podemos tener un hogar más seguro y tranquilo”, aseguró la residente a La Isla Oeste.

La odisea que ha atravesado la comunidad del Barrio Robles llevó algunos residentes a abandonar sus hogares por temor a quedar atrapados en medio de un derrumbe. Otros, como Sotomayor, permanecieron con la esperanza de que el gobierno cumpliera su promesa de expropiar y reubicarlos en viviendas seguras.

No fue hasta el 2019, por orden judicial, que Sotomayor pudo acogerse al R3.  El año previo, la comunidad perdió confianza en el Departamento de la Vivienda tras comenzar a desalojar y enterarse de que, por disposiciones de la Ley PROMESA, no recibiría el dinero tasado para las expropiaciones.

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Ante esta situación, la mayoría de los vecinos permaneció en la comunidad y tampoco solicitó las ayudas del programa federal que, ahora, 3 años después, le brindará a Sotomayor y a otras cuatro familias una vivienda ubicada fuera de la falla geológica.

“Se supone que, según los estudios, eran unas 13 familias que tenían que desalojar, pero muchos no quisieron. Tengo entendido que [solamente] fueron cuatro familias. En la actualidad, por lo menos a una de esas familias le resolvieron, y ya tienen su hogar seguro,” explicó la líder comunitaria.

Un riesgo de seguridad

Desde 2007, la carretera 446 había sido clausurada más de una vez como consecuencia de los derrumbes en la falla. Sin embargo, las familias de estos sectores han vivido en un “estado de emergencia” desde 2014, cuando el exgobernador Alejandro García Padilla emitió la orden ejecutiva OE-2014-048.

En aquel entonces, se había designado a la antigua Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres como la responsable de coordinar los esfuerzos interagenciales para “salvaguardar la vida, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos”.

Como consecuencia del documento, surgió una batalla legal entre el Municipio de San Sebastián y el DTOP a fin de reconstruir la Carretera 446. Por su parte, estudios realizados, posteriormente, por el DTOP concluyeron que reconstruir el tramo era un riesgo de seguridad.

Se los ‘traga’ la tierra

“Debido a las condiciones del movimiento del suelo y su magnitud, no se recomienda restaurar o modificar el tramo de la carretera actualmente cerrada. Tampoco se recomienda la alternativa de construir un puente temporero o proveer accesos sobre la masa de suelo inestable”, leyó una recomendación de los ingenieros del DTOP emitidaen 2016.

Sin embargo, el tramo fue reconstruido en 2019. Desde ese momento, Sotomayor relató que los movimientos de su hogar y las grietas en sus paredes eran cada vez más evidentes. En septiembre de ese año, la pepiniana se sintió forzada a huir de su hogar en medio de un temblor de 6.3 magnitud.

Asimismo, las inundaciones, actividad sísmica y el tráfico pesado en la carretera 446 agrietaron aún más su hogar y la obligaron a relocalizarse, temporalmente, en lo que el R3 culmina las gestiones para reubicarla.

“Llevo como unos cuatro meses desde que me tuve que ir. De verdad, [la casa] estaba bien inclinada y era demasiado. […] Está peligroso estar ahí. Cuando pasa un camión grande, siento la vibración adentro. […] La seguridad de uno es primero. Lo material es material. Tuve que salir”, afirmó.

Ocurrió algo similar con el sismo de 6.4 magnitud, que se sintió el 7 de enero del 2020, y sus subsiguientes réplicas: […] La escalera se salió de sitio, las barandas [también]… Se rompió todo”.

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Aferrada a la comunidad

Actualmente, el R3 está inspeccionando la vivienda que Sotomayor identificó para comprobar cuán segura es la estructura. Como requisito de participación, la versión más reciente de las guías que rigen al programa establecen lo siguiente: “los participantes que reciben asistencia no pueden ser reubicados en zonas de inundación o áreas propensas a peligros”.

Precisamente, los derrumbes, deslizamientos e inundaciones son fenómenos comunes en San Sebastián. Según datos de la Junta de Planificación de Puerto Rico, el pueblo del Pepino se encuentra en el 22% de pueblos de alto riesgo por deslizamientos, al formar parte de la zona montañosa de la isla.

Incluso conociendo los riesgos que conlleva vivir aquí, Rebeca afirmó que quiso reubicarse a una vivienda en San Sebastián, preferiblemente en el mismo barrio, porque desarrolló un amor por su comunidad y siente la responsabilidad de cuidar a su madre de edad avanzada que vive próxima a ella.

A pesar de que su reubicación, junto a los demás residentes del área, se retrasó por 7 años, esta comunidad ha perdurado los embates continuos que convirtieron sus hogares en espacios que atentan contra su salud mental e integridad física.

La pepiniana desconoce si el Departamento de la Vivienda, el Municipio de San Sebastián o alguna agencia gubernamental intervendrá para auxiliar a los ciudadanos que aún viven en la zona de la falla geológica.