
San Juan. El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Orlando Aponte Rosario, preside una vista pública en la mañana de hoy para atender el Proyecto de la Cámara 715, de la autoría de Luis Raúl Torres, para enmendar el Código Penal de Puerto Rico, a los fines de establecer que constituirá asesinato en primer grado, aquél que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del feto, y disponer que de configurase esta modalidad de asesinato, se entenderá que el victimario ha cometido un doble delito, uno contra la mujer embarazada y otro contra la criatura por nacer.
De aprobarse, la Ley sería conocida como con la referencia ‘Keishla Marlen’, en honor de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz asesinada mientras estaba embarazada, y donde las autoridades federales arrestaron al boxeador Félix Verdejo. Actualmente existen alrededor de 30 jurisdicciones de los Estados Unidos que han desarrollado distintas leyes penales para la protección del niño no nacido. Por otro lado, a nivel federal se aprobó por el Congreso federal el Unborn Victims of Violence Act of 2004 (Public Law 108-212) la cual fue usada como inspiración para dicha medida.
Por su parte, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), representada por la licenciada Lercy Boria, se opone al proyecto, bajo el argumento de que el Artículo 69 del Código Civil dispone que “el nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables”.
Señaló además en la ponencia escrita, que “si naciere muerto, se reputará no haber existido jamás”. La ponencia finaliza señalando que aunque la OPM no endosa el P. de la C. 715, sugiere que se reciba el insumo y comentarios del Departamento de Justicia, “de manera que pueda aportar información relevante y ayudar a esta Honorable Comisión en el análisis de esta importante medida”.
Por otra parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico recibió el proyecto de ley de referencia y determinó no avalarlo. “La Exposición de Motivos de la medida alude al problema de la violencia doméstica existente en Puerto Rico y es nombrada como Keishla Rodríguez Ortiz, víctima que no sobrevivió al ataque de su agresor y de quien estaba embarazada. Es nuestra impresión que no es tal hecho la principal motivación del proyecto. Más bien está vinculado a la controversia que ha ocupado la opinión pública en semanas recientes, sobre cuándo se considera ser viviente o persona el óvulo fecundado y la intervención del estado por medio de legislación en el proceso de salud sexual y reproductiva de las mujer”, señala en ponencia escrita la Presidenta del Colegio, licenciada Daysi Calcaño.
De igual manera, la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), se expresó en contra de la medida. Durante la mañana depone además, a favor de la medida, la Asociación ProVida de Puerto Rico, cuyo portavoz, Carlos Sánchez presentó varios casos en Puerto Rico y en Estados Unidos, donde mujeres embarazadas han sido víctimas de asesinato y en ocasiones, se ha decretado doble asesinato, contra la mujer y la criatura por nacer, como sucede en California.
“Algunos legisladores dicen que los delincuentes atacan a mujeres embarazadas deben ser castigados más severamente, pero que la ley nunca debe reconocer a alguien como niño nacido como víctima legal”, señaló Sánchez, quien presentó a la Comisión varios partes de prensa sobre el asesinato de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, y de otras mujeres en Estados Unidos, como argumento para solicitar la aprobación del P de la C 715.
En la tarde de hoy, depondrá, entre otros, Tony Rodríguez, el padre de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, así como la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. La vista se celebra en el Salón de Audiencias 3 (María Libertad Gómez) del Anexo de la Cámara de Representantes.
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