Por Daileen Joan Rodríguez / Para La Isla Oeste
Mayagüez. Un grupo de confinados del Centro de Detención del Oeste –conocido como la cárcel El Limón- levantó la voz en reclamo -mediante carta a puño y letra- por condiciones de maltrato, radicación de querellas falsas, segregación y traslados.
Los presos -afiliados al llamado Grupo 25- alegan que se han producido una serie de traslados basados en “confidencias” de fuga o agresión hacia oficiales de custodia para justificar su movimiento de esta cárcel -que ubica en la carretera 105 del Barrio Limón en Mayagüeza- otra.
De manera que, hoy miércoles, manifestaron su indignación mediante un paro de funciones en la institución penitenciaria, apoyados por sus familiares y representantes legales, entre quienes se destaca los licenciados Víctor M. Souffront Cordero y Torres, de Mayagüez.
Entre los reclamos también figuran asuntos relacionados a su alimentación. Resulta que, el comité de familiares y donaciones adquirieron un horno microondas, que alegadamente no le permiten utilizar para preparar sus alimentos. Además alegan que la Administración se niega en construir un gimnasio que aprobó el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) Erik Rolón Suárez, “el cual será cubierto monetariamente por el mismo comité”.
Según las alegaciones del Grupo 25, recientemente un oficial de la cárcel, durante la hora de recreación retó a pelear a un confinado, que posteriormente fue trasladado. “Existe un grupo de oficiales que presenta las querellas. Por ejemplo, de 40 querellas, ellos presentan 37 o 38”, alegan, dejando entrever que ocultan querellas que les comprometen a los oficiales delante de sus superiores.
Además, denunciaron que las vistas ante el juez examinador se presentan a través de monitor, constituyendo la única institución donde ocurre esto. “Las decisiones del juez examinador constituyen 80 días privados de visitas, Comisaría y Recreación, lo que violenta el principio rehabilitador del sistema de Corrección”, puntualizaron en declaraciones escritas liberadas a través de sus representantes legales.
De otra parte, el licenciado Carlos Torres Viada dijo -a preguntas de este medio- que a raíz del movimiento generado para denunciar estos asuntos a la prensa, alegadamente se tomaron ya medidas disciplinarias contra uno de los líderes del Grupo 25.
En julio de 2016 los confinados de esta institución también denunciaron las condiciones en que vivían los sumariados en esta cárcel, donde alegaron que recibían maltrato y carecían de alimentos y servicios.
La versión oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) revolcó más aun a los confinados, quienes a través de un portavoz advirtieron que ya no tolerarán más abuso institucional.
Tras estos incidentes, fuentes de la oficialidad revelaron a este medio serias deficiencias que ponen en peligro la seguridad de la cárcel. Por ello, el Alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, solicitó a su Legislatura Municipal que investigara el asunto, investigación que provocó que el entonces secretario de la agencia, Einar Ramos López, solicitara el traslado de la superintendente María Lugardo a otra institución carcelaria. Ramos López, fue citado por segunda vez a comparecer ante la Legislatura Municipal de Mayagüez para explicar los alcances del motín que tuvo lugar en el Centro de Detención del Oeste.
El secretario del DCR, Erik Rolón Suárez, defendió la gestión de la agencia que dirige, asegurando que “en todo momento -no solo en la de Mayagüez- sino en cada una de las instituciones hemos trabajado para garantizar los derechos de los confinados”.
Reconoció que le ha sido informado por parte de la Superintendencia de que hay confinados que al momento de estos reclamos enfrentan querella disciplinaria “por unas alegadas conductas fuera de lo esperado conforme al reglamento”.
Entretanto, el Titular del DCR dijo estará investigando los reclamos de los confinados, así como si los funcionarios en Mayagüez atienden o no todos los reclamos presentados por los canales regulares para que lleguen a su oficina.
“Procede entonces que ordenemos una monitoría para determinar cuántos (reclamos) se stendieron o no”, dijo.
Sobre el reclamo por la comida dijo “es básicamente la misma que se sirve a nivel (de todas las cárceles de la) Isla”. A preguntas sobre alegados alimentos expirados que supuestamente le son suministrados a los reos, Rolón Toro reiteró que investigará “porque eso es un claro incumplimiento al contrato de alimentos”, de la comapñía Trinity Group. Mientras, adelantó que “ya está corriendo un proceso de subasta nuevo”.
“Esperamos que ya para abril o mayo ya tenengamos un contrato nuevo para el proceso de alimentos que garantice que la población correccional tenga la mejor comida posible”, dijo.
Rolón Toro afirmó que no existen al momento alegaciones ni investigaciones administrativas contra la superintendente y el comandante a cargo en El Limón. También alegó que “la población (penal) en gneral está disfrutando de sus privilegios ordinarios”.
La portavoz del Comité de Familiares, Rosa Lorenzo, mostró una bitácora con apuntes y fechas de las reuniones celebradas con personal del DCR. La última reunión en la que presentó a funcionarios encargados de llevar los reclamos al Secretario fue el 29 de agosto.
El 31 de agosto se entregaron tres microondas que fueron donados para la cocina, que aún no les entregan. Lorenzo sostuvo que el 3 de enero le citaron para otra reunión hoy, pero anoche la cancelaron.
Esta nota fue ampliada.
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