San Juan. El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, depuso hoy ante la Comisión de Gobierno del Senado, que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, para para tratar el tema de los avances, dificultades y situaciones relacionadas a la Ley 122 del 2017, ‘Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, firmada por el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y conocida coloquialmente como Ley de Reorganización de Agencias.
“Esta es la ley que dispuso la transferencia al DRNA de las funciones, servicios, programas y/o facultades previamente asignadas a la Junta de Calidad Ambiental (JCA), a la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y al Programa de Parques Nacionales (PPN) del Departamento de Recreación y Deportes (DRD)”, detalló el senador. Durante la vista, Machargo leyó una ponencia donde presentó las gestiones de consolidación de servicios, reingeniería de procesos, integración tecnológica, entre otros, como usar un solo apartado postal y un solo cuadro telefónico.
No obstante, Machargo admitió que “al momento no se han obtenido todos los ahorros anticipados por la consolidación, ya que previo a la consolidación del DRNA, la otora JCA y ADS ya estaban operando en una misma sede”. Machargo no mencionó en la ponencia escrita la cantidad específica en dólares que esperaba ahorrar y lo que se ha ahorrado al momento. Sí mencionó que “existe un desafío para el DRNA por su limitado presupuesto para operar. Cada una de las agencias fusionadas al DRNA no tenía fondos suficientes para cumplir con sus misiones, antes de la fusión”. El presupuesto actual del DRNA es de $186 millones anuales.
La vista Resolución del Senado 25, que ordena a la Comisión de Gobierno realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para implantar los Planes de Reorganización ordenados por la Ley 122 de 2017.
El senador le requirió a Machargo datos específicos sobre los recursos humanos del DRNA, en su totalidad, así como el funcionamiento de las agencia en la actualidad. Por su parte, la senadora Ana Irma Rivera Lassén cuestionó a Machargo si había un plan específico para manejar la situación del manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico y recomendó que “debe haber una campaña general para promover el reciclaje, pero también tomando en consideración que hay que ofrecer opciones reales ante el cierre de vertederos en Puerto Rico”. Machargo argumentó que se le presentó un plan al Gobernador y en el mes de octubre habrá un aviso público, a los fines de atender el tema de los vertederos.
La Ley 122 del 2011 prometía la reducción de 118 a 35 agencias más eficientes para cumplir con lo establecido en el Plan Fiscal y lograr reducir gastos para atender el déficit de $7,600 millones al momento.
Según la ley, gran cantidad de agencias no se podían considerar para ser consolidadas, como el Departamento de Estado, Justicia, Hacienda, Educación, Trabajo, Transportación y Obras Públicas, Desarrollo Económico y Comercio, Salud y Agricultura. Además, el estatuto no aplica a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor Electoral y la Universidad de Puerto Rico.
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